El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha denunciado que el Ministerio del Interior está detrayendo agentes de la calle para desatascar la expedición de Documentos Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes y reducir así el retraso que se acumula en las oficinas por el parón que supuso el estado de alarma.

La organización mayoritaria entre los mandos ha enviado una carta al ministro Grande-Marlaska en la que le pide que «haga lo necesario» para que se incremente la plantilla de los Cuerpos Generales de la Administración General del Estado, a fin de que los policías puedan dedicarse exclusivamente a realizar tareas de seguridad ciudadana e investigación en lugar de «labores administrativas».

«Siempre se recurre a los mismos, a los policías, que tienen una formación y una capacitación específicas y muy costosa para realizar las funciones que le son propias y no para suplir las carencias de la Administración que los dirigentes políticos de uno u otro signo no se han dignado a resolver hasta la fecha», censura el presidente del SPP, José Antonio Calleja.

El SPP advierte de que el aumento de las listas de espera desde que se levantó el estado de alarma «amenaza con colapsar el servicio»

En su disposición adicional cuarta, el real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19 -aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de marzo- estableció la prórroga automática de un año para todos los DNI que caducaran desde la entrada en vigor del estado de alarma (14 de marzo). Los titulares de documentos que se encontraran en esa situación tenían así la posibilidad de no tener que renovarlo hasta el 13 de marzo de 2021.

El Sindicato Profesional de Policía recuerda que, «en periodos excepcionales y puntuales», la falta de personal propio de las oficinas del DNI se venía supliendo con funcionarios de policía que hacían servicios extraordinarios en dicho servicio fuera de sus turnos reglamentarios. «La situación actual dista mucho de ser algo ocasional o temporal para pasar a ser un problema endémico que requiere una solución definitiva, urgente y basada en el respeto a las competencias de los funcionarios», reclama.

«Mala gestión de los gobernantes»

La organización advierte de que el incremento de las listas de espera y las colas para las renovaciones pendientes desde que se levantó el estado de alarma «amenaza con colapsar el servicio», lo que exige una «pronta solución» para que los ciudadanos no se vean perjudicados por «la mala gestión de los gobernantes» y para que no se merme un servicio público básico como es el de la seguridad ciudadana.

El SPP ya pidió a principios del pasado mes de mayo a la Dirección General de la Policía la puesta en marcha de un «plan claro, serio y realista» ante el previsible colapso que sufrirían las oficinas de expedición del DNI y del pasaporte cuando éstas volvieran a abrir sus puertas el 25 de mayo para retomara su actividad. También instaba a no caer «en la tentación de destinar a policías en activo a la expedición de documentos para «paliar la escasez endémica de funcionarios de cuerpos generales», circunstancia que ahora denuncia.

Evolución de la expedición de DNI y pasaportes en la última década.

Según datos oficiales de la Policía Nacional, había entonces unos 45.000 documentos por expedir, que se sumaban a los 22.000 que de manera ordinaria se despachan de media cada mes en las oficinas repartidas por todo el país.

De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio del Interior en respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, las oficinas superaron en 2018 la barrera de los siete millones de documentos nacionales de identidad, al expedir 7.105.377. Ese incremento del 2,32 % en relación con 2018 (6.943.888) le permitió elevar los ingresos por dicha tasa hasta los 64,81 millones de euros.