España

Los jueces advierten a Podemos y PSOE por la reforma del CGPJ: "La batalla ha comenzado"

Fuentes del CGPJ y de las asociaciones judiciales creen que es el momento de hacer lobby en Europa para que las instituciones alerten, como en Polonia y Hungría, de los peligros contra el sistema democrático de la reforma que impulsa el Gobierno

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. EFE

La proposición de ley presentada este martes en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría de votos en el Congreso y el Senado y sacar adelante el nombramiento de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin necesidad de contar con los votos del principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha encontrado el rechazo de prácticamente todo el ámbito judicial.

Tanto las asociaciones de jueces, como miembros del CGPJ y la Asociación Europea de Magistrados criticaron que la reforma politizará aún más la elección de magistrados y dejará en manos de los partidos mayoritarios, coincidentes con el Gobierno de turno, la designación de los representantes del Poder Judicial. Desde estos ámbitos avanzaron que comienza una «batalla» ante las instituciones europeas contra lo que consideran es un ataque a la independencia judicial.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales calificaron la proposición de «atropello», consideraron que supone un «ataque a la división de poderes» e incluso plantearon sus temores ante la posibilidad de que una reforma «antidemocrática» salga adelante. Con la propuesta de los dos grupos parlamentarios, a cuyo texto íntegro tuvo acceso El Independiente, los dos partidos de Gobierno pretenden que los vocales judiciales del órgano de Gobierno de los jueces puedan ser elegidos con una mayoría absoluta en lugar de con los 3/5 del Congreso y el Senado que ahora exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto sería posible, según la nueva redacción del artículo 572 de la propuesta, en una segunda votación en caso de que la primera fuera fallida.

Para sacarla adelante, los dos partidos necesitan una mayoría absoluta (176 votos) del Parlamento que ya tendrían asegurados. Al hacerlo por medio de una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley, no necesitan contar con el informe preceptivo del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado ni del Consejo Fiscal que sí haría falta si la iniciativa hubiera partido del Gobierno.

«El cinismo de ampararse en la Constitución»

Precisamente este punto provocó fuertes críticas en el seno del órgano de Gobierno de los jueces. Fuentes del CGPJ afirmaron en conversación con El Independiente que la reforma que pretenden sacar adelante los partidos de la coalición de Gobierno «saltando por encima del Poder Judicial» se ampara, además, en una «tergiversación» de la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 sobre el sistema de elección de los jueces.

Los portavoces de PSOE y Unidas Podemos Adriana Lastra y Pablo Echenique, que firman la proposición, se refieren en el texto a la parte de dicha sentencia en la que se afirma que al no existir una ley orgánica que regule las mayorías para elegir a los vocales judiciales se deduce «la existencia de un consenso implícito» para que el legislador adapte el sistema de elección y «asegurar que la Composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial».

«La parte de la sentencia que no han recogido es aquella en la que se acepta que los jueces no sean elegidos por jueces para que lo sean por una mayoría de 3/5 de las cámaras, asegurando mayor pluralidad democrática. Si se reduce esa mayoría, lo que se hace es adaptar la elección al partido del Gobierno. Es de un cinismo increíble ampararse en una sentencia para extraer una conclusión distinta a la de ésta», afirman fuentes del Consejo.

Conflicto de atribuciones y llamada a la UE

Las citadas fuentes explican que el órgano de Gobierno de los jueces podría «pedir auxilio» por medio de distintas vías contra el que consideran es un ataque a la división de poderes. La primera sería que el CGPJ plantee un conflicto de atribuciones puesto que la proposición de ley se ha presentado sin contar con el informe preceptivo del órgano. Una vía que no tendría ningún efecto suspensivo.

Tampoco lo tendría que el órgano de Gobierno de los jueces se dirija a la red europea de consejos de Justicia, pero las fuentes consultadas ven posible que se recurra a alguna de las dos vías para que las instituciones europeas se manifiesten. En este sentido, ven posible que «ante la urgencia de la situación», el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, convoque un Pleno para tratar el asunto.

Tanto las fuentes del CGPJ como las asociaciones judiciales consultadas creen que es el momento del lobbismo ante Europa para que, igual que ha pasado con Polonia y Hungría, las instituciones alerten de los peligros contra el sistema democrático por proposiciones como la presentada este martes en el Congreso.

La propuesta de reforma del Consejo de Polonia -a la que tanto están refiriéndose juristas españoles por las similitudes con la reforma propuesta por PSOE y Podemos- estableció que de no obtener en el Parlamento la mayoría de 3/5 bastaría con una mayoría simple, lo que fue criticado tanto por la Comisión de Venecia (dictamen CDL (2017) 035, apartado 31), como por la propia Comisión Europea, que señaló que «la ley debilita la independencia del Consejo en lo relativo a la mayoría del Parlamento y contribuye a un debilitamiento de la independencia del poder judicial en su conjunto», explican las fuentes consultadas.

Remiten también a otros antecedentes en los que las instituciones han alertado a los países que se alejaron de los estándares europeos. El Consejo Consultivo de Jueces Europeos, por ejemplo, en un dictamen de 2007 sobre los Consejos de Justicia señaló que «todos  los proyectos legislativos relativos al estatuto del juez, a la administración de Justicia, al derecho procesal y más generalmente a todo proyecto de texto legislativo susceptible de tener un incidente sobre el Poder Judicial y especialmente la independencia de los jueces, o de provocar una disminución de las garantías de acceso de los ciudadanos (incluso los mismos jueces) a la Justicia, debería obligatoriamente ser sometido, antes de la deliberación del Parlamento, a la opinión del Consejo de la Justicia. Dicha función consultiva debería ser admitida por el conjunto de los Estados y refrendada por el Consejo de Europa en forma de recomendación», continúan.

Por su parte, la Red Europea de Consejos de Justicia en su informe de 2010-2011 sobre los Consejos de Justicia indicó que las propuestas legislativas relativas a los tribunales o del Poder Judicial deben someterse al informe del Consejo de Justicia, recuerdan las fuentes expertas.

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