Una persona dependiente en una residencia de mayores.
La Fiscalía de Madrid ha archivado las primeras diligencias de investigación contra una residencia de ancianos en la que fallecieron 23 personas en el momento más crítico de la pandemia del coronavirus.
La investigación del Ministerio Público, que se abrió el pasado 3 de abril a raíz de la presentación de una denuncia por parte de la Asociación Defensor del paciente, ha concluido que no existe "relevancia penal" en los hechos denunciados y descarta investigar a ningún responsable administrativo o sanitario del centro.
En los próximos días, según informan fuentes fiscales, se archivarán al menos otras seis denuncias en la Comunidad de Madrid presentadas contra residencias de ancianos por su posible responsabilidad en los fallecimientos. La Fiscalía abre así el camino a eximir de responsabilidad penal a los centros.
Desarrollaron protocolos de intervención
En el caso de la primera denuncia, el Ministerio Público rechaza que los responsables de la residencia incurrieran en los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de asistencia médica. Para ello, la Fiscalía pidió informes y documentación relativos al caso tanto en la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de Madrid como a la directora de la residencia. Al mismo tiempo instó a la geriatra de referencia de las residencias de Madrid para que redactase un informe sobre los criterios de naturaleza médica, clínica o asistencial “que hubieran determinado la decisión sobre las derivaciones sanitarias en las fechas de los hechos”.
El informe de la Consejería concluyó que la residencia elaboró protocolos de intervención y "a medida que la situación avanzaba, se dispusieron nuevas medidas, se realizaron desinfecciones, requiriendo la colaboración de la UME cuando fue preciso, y se siguieron los protocolos sanitarios para los casos de fallecimiento en residencia”.
La Fiscalía destaca los problemas de "falta generalizada de material sanitario y saturación en los centros sanitarios" que hubo aquellos días y considera, para descartar el delito de homicidio imprudente, que en estas circunstancias el centro "se ajustó a su deber jurídico de garante".
Respecto al delito de omisión de socorro, el Ministerio Público descarta que la residencia no sólo "no omitió cuidados siendo consciente de que podría determinar la muerte de sus residentes" sino que pidió ayuda a los centros hospitalarios y "se desprende su voluntad de intervenir para evitar los resultados lesivos que, lamentablemente y por causas que excedían de su ámbito de dominio, no pudieron en parte impedirse".
Por último, respecto al presunto delito de denegación de asistencia médica, el fiscal destaca que "la falta de responsabilidad penal en los responsables y trabajadores de la residencia resulta especialmente aplicable al personal sanitario que se esforzó en la medida de sus posibilidades para evitar tanto los contagios como la evolución médica desfavorable de los pacientes y, desde luego, su muerte".
Delitos no imputables a una persona jurídica
El Ministerio fiscal entra a explicar por qué no ve responsabilidad penal en la actuación de la residencia a pesar de que, en primer lugar, recuerda al denunciante que los delitos que imputa de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de asistencia médica "no están contemplados entre los que puede cometer una persona jurídica" y le reprocha que "no especifica las personas físicas a quienes considera responsables". Además, aduce que la residencia “como tal” carecería de responsabilidad penal, “sin perjuicio de la posible responsabilidad civil que en su caso le pudiera corresponder”.
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