España

La Audiencia rechaza excluir de otro juicio de los ERE a 4 ex altos cargos ya juzgados

El tribunal sostiene que los hechos que se enjuician por la ayuda a la aceitunera sevillana Acyco “no son los mismos” de los que se dilucidaron en la pieza política, en la que fueron condenados los ex presidentes Chaves y Griñán

Antonio Fernández, en el juicio de los ERE.

El ex consejero Antonio Fernández, en el juicio de la pieza política del 'caso ERE'. EFE

La Audiencia de Sevilla ha denegado excluir a cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía que ya fueron juzgados en la denominada pieza política del caso ERE de la vista oral relativa a las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas Acyco, al entender que los hechos que se dilucidan ahora no han sido enjuiciados.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha rechazado las peticiones que en el trámite de cuestiones previas habían formulado las defensas del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) Miguel Ángel Serrano, que defendía que no debían sentarse en el banquillo de los acusados en aplicación del principio non bis in ídem.

Los procesados entendían que ya fueron enjuiciados por estos hechos en la vista oral por el denominado procedimiento específico, la primera pieza del caso que ya ha sido sentenciada y que supuso la condena -entre otros- de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Entre los acusados que mantenían la postura ahora rechazada se encontraba el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, cuya responsabilidad penal ha quedado ya extinguida tras fallecer el pasado domingo.

La decisión del tribunal que enjuiciará las ayudas a Acyco supone un varapalo a las defensas de ex altos cargos que ya habían sido condenados por la ideación, diseño, puesta en marcha y mantenimiento del procedimiento por el que la Junta de Andalucía repartió más de 680 millones de euros en ayudas para prejubilaciones y empresas en crisis durante una década. Por contra, supone un refrendo a la posición que ha venido manteniendo la Fiscalía Anticorrupción, que siempre ha sostenido que los hechos relativos a ayudas concretas no habían sido objeto de enjuiciamiento en la pieza política.

En un auto de 118 páginas notificado este viernes a las partes personadas, el tribunal asevera que «los hechos por los que se sigue la presente causa, concretados en el auto de transformación en procedimiento abreviado y luego en los escritos de calificación de las acusaciones, no han sido objeto de enjuiciamiento con anterioridad ni, en concreto, en el denominado procedimiento específico» que juzgó la Sección Primera de la Audiencia, señalando que «así lo expresa de manera clara y contundente» la propia Sección Primera en el auto por el que resolvió las cuestiones previas planteadas en esa causa, donde concluyó que «las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa».

«Los hechos no son los mismos»

La Sección Tercera subraya en el auto que «los hechos de la presente causa y los que fueron objeto del denominado procedimiento específico no son los mismos, son diferentes», una postura que «resulta avalada, en primer lugar, por las distintas resoluciones respecto a la división del procedimiento matriz en piezas independientes».

En este punto, el tribunal asevera, además, que «los hechos que fueron objeto de enjuiciamiento en la Sección Primera no condicionan el desarrollo de la presente causa, tratándose de hechos diferentes pues, por ejemplo, no se discute en esta causa la naturaleza de las transferencias de financiación o su uso; el ámbito o naturaleza del control financiero de la Agencia IDEA», o si este sistema «supuso la eliminación dolosa de los mecanismos de fiscalización previa y control posterior legalmente establecidos con anterioridad».

La Sección Tercera explica que esta conclusión resulta avalada además por la circunstancia de que «no existe una coincidencia temporal de los hechos a que se refiere el procedimiento específico», mientras que «tampoco existe coincidencia entre la identidad de los encausados en una y otra causa ni a lo reclamado en concepto de responsabilidad civil», o en cuanto a las calificaciones jurídicas efectuadas por las acusaciones respecto de los hechos a que se refieren cada una de estas causas.

División de piezas

El tribunal agrega que, «en esta tesitura, en la que no coinciden los hechos de una y otra causa, sin que los que son objeto de este procedimiento hayan sido enjuiciados, y sin que tampoco pueda apreciarse la existencia de la cosa juzgada, material o formal, ni vulnerado el principio non bis in ídem, resultando que las resoluciones dictadas por el instructor, luego confirmadas por la Sección Séptima de la Audiencia respecto de la división de piezas, han devenido firmes, es palmario que la causa de exclusión acordada por la Sección Séptima y ahora invocada por las defensas de los acusados ha desaparecido».

«Los hechos no han sido enjuiciados y permanecen los indicios de culpabilidad apreciados a los acusados en las distintas resoluciones dictadas contra ellos en este procedimiento, por lo que deben ser sometidos a enjuiciamiento». «Dicho de otro modo, en la actualidad la exclusión acordada por la Sección Séptima respecto» de Antonio Fernández y Miguel Ángel Serrano «ha quedado sin cimiento alguno», ya que «se ha desvanecido la causa por la que se acordó la atípica figura del apartamiento o exclusión en los autos de la Sección Séptima, que no sobreseimiento libre ni provisional, sin que exista en la actualidad ningún motivo para que no se continúe la causa contra ambos acusados», pues «notoriamente respecto de ellos no se ha decretado el sobreseimiento libre o provisional, ni otra causa de exclusión de la responsabilidad penal legalmente prevista».

Y todo ello, según prosiguen los magistrados, «sin que se alcance a comprender que si, como se afirma, el procedimiento específico abarcaba «todo» (tanto el objeto del denominado procedimiento específico como cada una de las ayudas sociolaborales), por qué en este procedimiento específico no estaban todos los acusados de esta causa», refiriéndose así al caso del ex directot general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera.

«Efecto perverso»

«En otro caso, se llegaría al efecto perverso de que juzgáramos solamente a los «extraños» en delitos de prevaricación y malversación y no a las autoridades y a los responsables de la toma de decisiones a enjuiciar», o los efectos, «igualmente perversos», de enjuiciar de forma separada a los «extraneus» y después a los responsables de tales decisiones, o que hechos que afectaran a diversos investigados, objeto del auto de proa y de acusación, «quedaran sin enjuiciar e impunes», afirma la Audiencia.

Varias defensas solicitaron al tribunal como cuestión previa la suspensión del juicio hasta tanto no recaiga sentencia firme en el denominado procedimiento específico, pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación, pero la Sección Tercera también rechaza dicha solicitud alegando que «no se aprecia la identidad de objeto de esta pieza con los hechos a que se refiere el procedimiento específico», mientras que «tampoco coinciden los acusados, no existiendo, por tanto, identidad subjetiva entre ambos procedimientos (con independencia de que algunos investigados también se encuentren acusados en esta causa)», por lo que no aprecia «que exista razón alguna que justifique ningún tipo de pendencia, ni siquiera por analogía ningún tipo de cuestión prejudicial, que conlleve la paralización del presente procedimiento».

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