Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, a las puertas de la Audiencia de Sevilla.

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, a las puertas de la Audiencia de Sevilla. EP

España

Guerrero, el alto cargo de los ERE que amagaba con hablar y prefirió callar

El ex director general de Trabajo de la Junta, fallecido a los 63 años, implicó a "todo" el Gobierno andaluz durante la instrucción del caso y en el juicio se retractó de sus declaraciones / Sumaba más de 13 años de prisión en dos condenas recurridas ante el TS

«El día que yo hable…». Fuera una amenaza velada o una fanfarronería, Javier Guerrero insinuó en más de una ocasión su intención de contar todo lo que sabía de la intrahistoria del escándalo de los ERE, el caso por el que a finales del pasado año fue condenado a casi ocho años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos. El ex alto cargo de la Junta de Andalucía ha muerto semanas antes de cumplir los 64 años sin relatar todo lo que conocía.

Director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía desde el 26 de septiembre de 1999 hasta el 29 de abril de 2008, Guerrero es un personaje central en la trama de las falsas prejubilaciones que acabó anticipadamente con las carreras políticas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Fue él quien gestionó la mayor parte de los más de 680 millones de euros repartidos sin control y al margen del procedimiento legalmente establecido, según sentenció la Audiencia de Sevilla a finales del pasado año. El Tribunal Supremo no ha resuelto aún los recursos que se presentaron contra dicho fallo.

Cuando declaró en el juicio en febrero de 2018, Javier Guerrero no sólo no incriminó a la cúpula del antiguo gobierno autonómico sino que se retractó de las manifestaciones que en sedes policial y judicial había hecho durante la instrucción de la macrocausa, iniciada por la juez Mercedes Alaya en enero de 2011. Para justificarlo, dijo que sufrió una gran «presión mediática y de la Policía» para que declarara y que las actas de sus comparecencias no recogían con fidelidad lo que él afirmó.

En sus declaraciones como imputado ante Alaya, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social había mantenido que «todo» el Gobierno andaluz conocía el sistema con el que se repartían estas ayudas. Según detalló, sus superiores le transmitieron la indicación de que la Consejería de Empleo tenía que dotarse de un «sistema operativo» con sus propios medios para poder hacer frente de manera ágil a situaciones de crisis en empresas con elevado número de trabajadores. «Era una preocupación de la Junta de Andalucía el mantenimiento de la paz social», confesó.

Lejos de disparar hacia arriba, Guerrero defendió en el juicio la legalidad del mecanismo utilizado durante años por la Junta de Andalucía e incluso llegó a invocar el derecho que tenían a cobrar una rent los ‘intrusos’, personas que se incluyeron en ERE financiados por la Administración autonómica sin haber trabajo nunca en la empresa a la que estaba asociada la ayuda. Fue el caso de su suegra y de varios amigos y vecinos de su pueblo, a los que coló en pólizas sufragadas con dinero público. Éstos están imputados en una pieza separada del caso.

Durante la fase de instrucción, Guerrero implicó a «todo» el Gobierno andaluz, pero en el juicio se desdijo de sus declaraciones

Hubo un tiempo en que Javier Guerrero era Dios para algunos empresarios y parados andaluces. Como director general de Trabajo, bastaba una resolución suya para que una empresa viera aliviada la carga económica que le suponía aligerar plantilla -aun no necesitándolo, como han reconocido algunos directivos y empresarios que resultaron beneficiados- o para que trabajadores que habían perdido su empleo vieran resuelto su futuro hasta empezar a cobrar la pensión por jubilación. La concesión de esas ayudas no se publicaban en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), lo que generaba una zona de sombra que impedía fiscalizar el destino final de esos fondos.

Cuando declaró como testigo ante la Policía Nacional en diciembre de 2010, semanas antes de que se incoaran las diligencias previas 174/2011, Guerrero dijo que la Administración andaluza contaba con un «fondo de reptiles para crisis» -en relación a la partida presupuestaria 31.L- y puso como ejemplo el caso de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), dependiente de la Junta: «Había que darle salida a la gente mayor y tener un cuerpo de incendios apto». Años después, en el juicio en el que se enfrentó a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de cárcel, rechazó que hubiera empleado aquella expresión como sinónimo de «fondos reservados».

Ayudas «Pormisco»

No es la única frase que salió de su boca y que forma parte de la intrahistoria del caso. Como se revela en el libro El saqueo de los ERE, en cierta ocasión citó en su despacho a un empresario hotelero de la Sierra Norte de Sevilla que necesitaba acometer una reforma en el tejado del complejo turístico que regentaba y pedía ayuda para sufragar el gasto sobrevenido. El industrial le explicó el problema y le llevó toda la documentación para justificar los 36.000 euros que costaba la obra.

Cuando terminó de contarle todos los detalles, Guerrero comprometió directamente el dinero sin necesidad de más comprobaciones ni trámite adicional. Sorprendido por la rapidez de la respuesta, el peticionario le preguntó que a qué línea de ayudas pública se imputaría. «Pormisco», le contestó. ¿»Pormisco»?, repreguntó su interlocutor. «Por mis cojones te van a dar el dinero…», zanjó.

Funcionario del Instituto Nacional de Empleo (INEM), Javier Guerrero había llegado a la Junta de Andalucía en septiembre de 1999 tras haber ocupado durante cuatro años la Alcaldía de su pueblo, la localidad sevillana de El Pedroso. Tenía fama de hábil negociador, como tuvo ocasión de demostrar en diversos conflictos laborales durante su etapa como gestor en la Consejería de Empleo.

El ex alto cargo suma dos condenas por más de 13 años de prisión que están recurridas ante el Tribunal Supremo

Uno de esos episodios lo relató él durante su declaración en el juicio. Fue el relativo a la marcha de la multinacional sueca Boliden tras el desastre medioambiental que provocó la rotura de una balsa en la mina que explotaba en Aznalcóllar (Sevilla) en abril de 1998. «Boliden se niega a pagar las pólizas a sus trabajadores y este director general le pidió una reunión al presidente mundial de la compañía. Me fui a Estocolmo y me traje dos talones de 2.000 millones de pesetas para ayudas sociolaborales», rememoró.

El pasaje más escabroso que puso de manifiesto la instrucción del caso también le alcanzaba a él. Su antiguo chófer oficial (Juan Francisco Trujillo Blanco) reconoció en sede judicial haber gastado entre 20.000 y 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero concedido a sus sociedades con cargo al fondo de reptiles para proyectos que nunca vieron la luz. Trujillo Blanco figura como investigado en otra de las piezas separadas de la macrocausa.

Guerrero siempre negó esa acusación que le hizo el conductor y que atribuyó a una «revancha» de éste por haber pedido que lo apartaran de su puesto por «incumplimiento reiterado en el trabajo» y por la forma en que «acudía vestido» al trabajo. El ex alto cargo declaró a Alaya que «un cocainómano no tendría» ni su «capacidad mental» ni su «memoria», que «no sabe dónde se compra» la droga y que «nunca había consumido».  «Lo único que me gusta es el Marlboro y una copa de gin-tonic con Beefeater que me tomo de postre», aclaró.

No fue el único detalle comprometedor que su antiguo chófer reveló durante la instrucción. Juan Francisco Trujillo también contó que viajó en dos ocasiones a Madrid a por «sobres con dinero» para Guerrero y que la persona que se los entregó fue Antonio Albarracín, ex directivo de una de las dos mediadoras con las que la Junta de Andalucía pagaba para la suscripción de las pólizas de prejubilaciones. «No he cobrado ni sobres, ni bajo, ni contra, ni so», declaró a La Sexta.

Más de 300 días en prisión preventiva

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social permaneció más de 300 días en prisión preventiva durante la fase de instrucción en dos periodos distintos: de marzo a octubre de 2012 y de marzo a junio de 2013. Guerrero permanecía en libertad provisional a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra las dos sentencias condenatorias que acumulaba.

En mayo de 2019, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla le impuso una pena de cinco años y nueve meses por la creación de una estructura de contratación paralela en la Consejería de Trabajo. Y, en noviembre del mismo año, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla lo condenó a siete años, 11 meses y un día de prisión por su responsabilidad en el fraude de los ERE.

Sus problemas con la Justicia no habían terminado con esas dos causas. Javier Guerrero también había sido imputado en el procedimiento en el que se investiga la concesión en 1999 de un préstamo-puente de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) a Campocarne Andalucía SA tras hacerse cargo esta empresa de la actividad de la cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina, que había entrado en crisis. Según la Fiscalía Anticorrupción, la Junta que presidía Manuel Chaves dispuso «arbitrariamente» de fondos públicos «bajo el paraguas formal» de un crédito «sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar» a una empresa concreta.

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