La Guardia Civil ha detenido este miércoles a los empresarios que formaban la pata económica del "estado mayor" del procés, todos ellos del círculo más próximo de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Se trata de David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler, a los que se asocia con una operación de desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista, primero, y la estructura de Puigdemont en Bélgica tras su huida de España.

La operación policial está ordenada por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona y se enmarca en una pieza separada de la causa sobre corrupción en la Diputación de Barcelona (Operación Estela). En concreto, se investiga la comisión de delitos de malversación de caudales, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y desórdenes públicos. Se han realizado una decena de detenciones y treinta registros en ocho partidos judiciales de esta comunidad autónoma, que siguen en marcha.

Se investiga además si este grupo fue el responsable, en 2019, de la creación de la plataforma independentista Tsunami Democràtic, promotora de diversos actos de protestas masivas contra la sentencia que condenó en otoño de 2019 a los líderes del procès.

Los otros detenidos

Junto a Vendrell, Madí y Soler, han sido detenidos Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma pro Selecciones, entidad a través de la cual se habrían desviado los fondos públicos al procés, además de ex cónsul honorario de Letonia en Barcelona, el ex interventor de Presidencia de la Generalitat, Jordi Sierra, el alcalde de Cabrera, Jordi Mir y la directora de Centros Concertados de la Conselleria de Educación, Pilar Contreras. También se encuentran detenidos los empresarios Antonio Fuste y Roc Aguilera.

Las investigaciones se han tramitado en una pieza secreta durante un año y medio y hasta el día de hoy en el que se ha levantado el secreto, y derivan de la pieza abierta en 2016 por un presunto delito de corrupción en la Diputación de Barcelona.

Las pesquisas tratan de determinar si los detenidos orquestaron el desvío de fondos públicos a Bélgica para financiar la estancia del huido Carles Puigdemont tras conseguir adjudicaciones de forma irregular del Gobierno de la Generalitat.

El propio Quim Torra ha informado a través de su perfil oficial en Twitter que entre los arrestados se encuentra Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont. El presidente de la Generalitat durante el 1-O ha mostrado su respaldo a los detenidos a través de Twitter: "Intentan la muerte política y civil del independentismo porque tres años después de la declaración de independencia continuamos luchando por una causa justa y democrática. No se han salido y no saldrán. Todo el apoyo a los detenidos de este nuevo zarpazo represor".

El estado mayor del procés

Madí, Vendrell, Soler y Vinyals formaban parte del llamado "estado mayor" del procés, el núcleo duro que durante meses organizó la celebración del referéndum del 1-O junto a Puigdemont, Junqueras y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Un grupo que tomó decisiones determinantes, como la de seguir adelante con el referéndum pese a los avisos del Tribunal Constitucional. A Vendrell se atribuye además la responsabilidad en la operación urnas de compra, ocultación y distribución de las urnas que permitió la consulta ilegal.

Mano derecha del ex presidente Artur Mas, David Madí fue la persona que introdujo a Jordi Sànchez -ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC)- en la órbita de CDC. Bien conectado con la elite financiera catalana, está detrás de la financiación de CDC primero y Junts per Catalunya después. En 2017 ya fue investigado por la justicia por la trama de facturas falsas asociada a la financiación de Convergencia.

Entre los detenidos se encuentran Xavier Vendrell, David Madí, Oriol Soler y Josep Lluís Alay, próximos a Puigdemont

En la órbita de ERC, el empresario de la comunicación Oriol Soler fue otro de los organizadores del 1-o, motivo por el que tuvo que declarar en la causa dirigida por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Es el nexo del independentismo con Julián Assange.

Esta causa tiene su origen en la investigación judicial que se desarrolla desde hace más de dos años sobre una trama de subvenciones fraudulentas de la Diputación de Barcelona que, dirigidas a la cooperación internacional y el desarrollo, se terminaron desviando para pagar los costes del proceso independentista. 

La operación desplegada hoy por la Guardia Civil no iba dirigida en su origen contra Tsunami Democràtic, pero en el transcurso de la investigación han surgido posibles vínculos de los arrestados y esta plataforma que, desde aplicaciones móviles y redes sociales, lideró las protestas masivas contra la sentencia que condenó a los políticos que lideraron el 1-O.