La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado este jueves una operación a gran escala, en la que intervienen más de 500 policías en diversos puntos de Cataluña, relacionada con el desvío de fondos para el proceso independentista concedidos por las diputaciones catalanas. La operación se centra en las subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades privadas, entre las que destacan la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación, la fundación de Convergencia CATmón y la patronal Pimec, cuya sede está siendo registrada.

Fuentes consultadas por El Independiente aseguran que ya hay 30 detenidos, en la que ya se ha denominado como Operación Estela. Entre ellos se encuentra Salvador Esteve, ex presidente de la Diputación de Barcelona, y el alcalde de Tordera Joan Carles García Cañizares, ambos de CDC. La UDEF también ha detenido al ex presidente de la Fundación CATmón, Víctor Terradellas, y el ex director de Relaciones Internacionales de la Diputación, Jordi Castells.

La operación ordenada por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona implica la práctica de una veintena entradas y registros en oficinas profesionales, domicilios y empresas, ubicadas en las localidades de Barcelona, Reus, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils. Este juzgado investiga desde hace más de un año un entramado por el que se habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo desde la Diputación de Barcelona a través de diferentes entidades.

La causa, que está declarada secreta, está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones.

Entre los presuntos implicados hay un aforado, el diputado de JxCat en el Parlament de Cataluña Francesc Dalmases, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, miembro de la Asociación IGMAN, director de la fundación CATmon y director de las revistas ONGC y Catalan International Review.

Los investigadores sospechan que, de los fondos concedidos por las diputaciones catalanas para países subdesarrollados, se desviaron 10 millones al ‘procés’

Se trataría de una trama de subvenciones fraudulentas, ayudas que estaban destinadas a la cooperación internacional y el desarrollo pero que se ha ido desviando para pagar los costes del proceso independentista. Fuentes próximas a la investigación han asegurado que en total se trataría de unos 10 millones de euros desviados, aunque el TSJC ha confirmado de momento un desvío de dos millones correspondiente a las ayudas concedidas por la Diputación de Barcelona. .

Se trataría de subvenciones supuestamente destinadas a programas de cooperación al desarrollo en países de América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros. Los investigadores tienen órdenes de detención contra más de treinta personas. Desde primera hora de la mañana se están realizando registros en organismos, fundaciones y domicilios para incautar material relacionado con estos movimientos de dinero.

Referéndum del 1 de octubre

Los agentes, algunos desplazados desde Madrid, se encuentran en diferentes sedes de la Generalitat en un amplio operativo para recabar pruebas de la malversación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont, el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo.

Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva, uno de los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.

Las ayudas proceden de la Generalitat de Cataluña y de la Diputación de Barcelona. El importe de las subvenciones se está calculando todavía de forma oficial. Está investigación comenzó en octubre de 2017, cuando la Policía Nacional incautó un transporte de los Mossos de’Esquadra con documentación que pretendían destruir en una incineradora de Sant Adrià de Besòs, en Barcelona.