España

Pedro Sánchez da a Transparencia 110.000 euros más tras dos años con el presupuesto congelado

El nuevo presidente del CTBG advirtió hace dos semanas en el Congreso que el cumplimiento de las "funciones básicas" del organismo se vería comprometido si no se elevaban sus recursos económicos / La asignación subirá a 2,38 millones de euros

José Luis Rodríguez Álvarez, compareciendo en el Congreso el pasado 14 de octubre.

José Luis Rodríguez Álvarez, compareciendo en el Congreso el pasado 14 de octubre.

El anteproyecto de Presupuestos que el Gobierno ha enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación prevé un incremento de casi 110.000 euros en la asignación para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), con lo que el organismo lograría quebrar una tendencia de dos años consecutivos de congelación de las cuentas.

Los primeros presupuestos elaborados por PSOE y Unidas Podemos prevén que el CTBG eleve su dotación el próximo año un 4,8 %, con lo que dispondría de 2.386.150 euros para gestionar. En cifras absolutas, esa cantidad supondría un aumento de 109.289 euros.

La institución independiente encargada de velar por el cumplimiento de la ley que obliga a los gestores públicos a ser transparentes y facilitar el acceso a la información maneja un presupuesto anual de 2.276.860 euros desde 2018, cuando sufrió un recorte del 22 % respecto a la cantidad que había recibido el año anterior (2.919.020 euros). Ello ha provocado que el 95 % de su presupuesto esté ya comprometido a comienzo del ejercicio.

El nuevo presidente del CTBG advirtió en el Congreso de que no podrían cumplir las «funciones básicas» si no crecía el presupuesto

A la espera de que termine el ejercicio y se conozca la ejecución presupuestaria, el CTBG tenía previsto dedicar el 60,55 % de sus ingresos (1.378.730 euros) a gastos de personal. Los gastos corrientes en bienes y servicios se fijaron en 779.880 euros, mientras que las inversiones reales se habían calculado en 105.250 euros.

La congelación del presupuesto contrasta con el incremento de la carga de trabajo que el Consejo de Transparencia viene soportando de forma ininterrumpida año tras año. La plantilla actual está formada por 22 empleados, tan sólo dos más que cuando este organismo se creó en 2015.

Por contra, el número de resoluciones se ha multiplicado por cuatro desde entonces. Si en 2015 tramitó 517 reclamaciones, el pasado año aumentaron hasta las 1.780, un 33 % más que el ejercicio anterior (1.338). De enero a junio se contabilizaron 597, si bien hay que tener en cuenta que los plazos administrativos estuvieron suspendidos durante dos meses y medio -desde el 14 de marzo hasta el 1 de junio- debido a la declaración del estado de alarma con la que el Gobierno buscaba contener la propagación de la covid-19.

Insuficiencia de personal

En sus memorias anuales, el CTBG viene advirtiendo de que la dotación de personal es claramente insuficiente para desempeñar «con eficacia» sus funciones, que no se limitan a la tramitación de reclamación y quejas que presentan los ciudadanos cuando realizan peticiones de información y éstas no son atendidas o porque entienden que en la denegación no concurre ninguno de los límites de acceso que prevé la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 14. La planificación estratégica, la coordinación con organismos públicos, la formulación de recomendaciones de buenas prácticas y la asistencia a jornadas y seminarios son otros de los cometidos que desempeña.

Lograr un aumento de la plantilla es uno de los retos que tiene por delante José Luis Rodríguez Álvarez, al que el Consejo de Ministros nombró presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el pasado 20 de octubre. El Ejecutivo ponía así frente a la interinidad que registraba el organismo desde que en noviembre de 2017 falleció Esther Arizmendi. Desde entonces, Francisco Javier Amorós ocupaba la presidencia en funciones.

«Principal fuente de preocupación»

Cuando compareció el pasado 14 de octubre ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, que evaluó su idoneidad para el cargo como paso previo a su nombramiento, Rodríguez Álvarez llamó la atención sobre la escasez de medio que que sufre la institución y dijo que revertir esta situación era su «principal fuente de preocupación».

El constitucionalista y ex director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advirtió de que, de no corregirse esta insuficiencia presupuestaria, «estaría comprometido el normal cumplimiento de sus funciones básicas» y sería «muy difícil» acometer los proyectos con los que aterriza en el CTBG.

«Invertir en transparencia es invertir en calidad democrática, en el fortalecimiento de las instituciones y en confianza ciudadana; bienes y valores todos ellos que en los tiempos actuales, si cabe, son aún más necesarios», defendió.

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