El Gobierno se basa en un informe de la Comisión Europea sobre los límites a la difusión de noticias falsas (fake news) para proyectar su plan contra la desinformación con medidas contrarias a lo que indica dicho documento. En él se insiste en la necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, «bases democráticas de Europa», manteniendo a los gobiernos al margen del control de las fuentes de información.

Mientras la Comisión Europea deja claro en dicho informe que «el control gubernamental de los medios no es la solución adecuada para la desinformación digital», el plan impulsado por el Ejecutivo de Sánchez y aprobado la semana pasada por el Consejo de Seguridad Nacional -que ya ha sido bautizado por la oposición del Partido Popular como el orweliano ministerio de la Verdad- implica a la Presidencia del Gobierno y hasta a cuatro ministerios (Defensa, Interior, Exteriores y Transformación Digital). Estará coordinado, además, por la Secretaría de Estado de Comunicación.

Informe de la Comisión Europea sobre desinformación y noticias falsas de 2018

El informe de la CE Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation, que reproduce de manera íntegra El Independiente y que el Gobierno toma como «punto de partida» para su plan, incide en que «la independencia de los medios de comunicación es imprescindible para las bases democráticas de Europa». En este sentido, expone sus «preocupaciones sobre los gobiernos que tienen un control excesivo sobre las fuentes de noticias online a las que se puede o no se puede acceder» y advierte de que las soluciones para controlar las noticias falsas en las que sean los «reguladores gubernamentales quienes favorezcan o no prioricen a determinadas fuentes de noticias tienen un alto riesgo desde el punto de vista de la libertad de expresión y no deben fomentarse».

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Sector privado y sociedad civil, en último lugar

El mencionado informe, entre sus páginas 29 y 31, insta a que los estados miembros destinen planes de financiación públicos para dotar de formación y tecnología a los medios de comunicación con el fin de que haya periodistas especializados en identificar noticias falsas. Añaden que «se prestará especial atención a los que se centren en países del Este».

Así, Europa recomienda mantener a las entidades gubernamentales fuera de dicho plan. Sin embargo, el proyecto que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado está impulsado por la Presidencia (a través del Consejo de Seguridad Nacional) y apoyado por otros cuatro ministerios a los que coordinará el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

Entre todos los actores implicados, quedan en último lugar «el sector privado y la sociedad civil» a los que el Gobierno dice que «se podrá» consultar decisiones, si es que lo estima oportuno: «Se podrá solicitar la colaboración del sector privado: medios de comunicación, plataformas digitales, asociaciones, las ONG y aquellas personas en su condición de expertos cuya contribución se considere relevante», se puede leer en el plan, del que sólo se conocen las líneas generales.

El plan hecho público por el Gobierno delimita cuatro niveles de actuación contra la desinformación, desde la detección y seguimiento de alertas por parte de la Comisión Permanente para la desinformación, pasando por el análisis de la información y la activación de «una célula de coordinación contra la desinformación activada ad hoc por el Director del Departamento de Seguridad Nacional» hasta llegar, finalmente, a la «decisión sobre su elevación o la realización de una campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación en función de la naturaleza de la campaña de desinformación». Una explicación que recuerda la táctica de neutralizar una campaña de propaganda negativa con otra de propaganda positiva.

La Comisión Europea espera que respete las reglas

Ante las críticas de la oposición y de las asociaciones profesionales al plan del Gobierno por si supone una limitación del derecho fundamental a la libertad de expresión y a recibir una información veraz, como recoge el artículo 20 de la Constitución española, desde el departamento de Seguridad Nacional dirigido por Miguel Ángel Ballesteros afirmaron, según recogió La Vanguardia, que «no se trata de controlar a la prensa» sino de «luchar contra las campañas de desinformación que afectan la seguridad nacional». Fuentes de dicho departamento indicaron que «en ningún caso se entrará a valorar temas políticos o si se ataca al Gobierno o no, porque se mantiene al margen de peleas políticas». También que con él se trata de «proteger al ciudadano de informaciones dirigidas a hacerles cambiar su forma de pensar».

Este lunes, el portavoz de la Comisión Europea, Johannes Bahrke, afirmó que «no tiene ningún motivo para creer» que el plan de Sánchez contra la desinformación «no vaya a respetar la certidumbre legal y la libertad de expresión y de prensa». «En cuanto a la libertad mediática, está muy claro, en general, que cualquier enfoque en el área de desinformación debe respetar la certidumbre legal y la libertad de prensa y de expresión. Pero digo esto como comentario general. No tenemos motivos para creer que esto no haya ocurrido en el caso español», afirmó Bahrke y recogió la agencia Efe.

El Partido Popular solicitó la semana pasada la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y el jefe del Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, para explicar en qué consiste el plan contra la desinformación que han calificado de «escándalo» y un plan para «controlar a los medios».