Las asociaciones de jueces consideran que no es el momento para que el Gobierno impulse, como adelantó este miércoles el ministro de Justicia, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) con la que se pretende que sean los fiscales quienes instruyan las causas judiciales. Justifican dicha oposición en que «la Fiscalía no es un órgano independiente como son los jueces de instrucción».

Según trasladó Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), «no es el momento más oportuno para darle la dirección de la investigación criminal al Ministerio Fiscal cuando tenemos a una fiscal general del Estado que es la anterior ministra de Justicia y que por lo tanto está perjudicando notablemente la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal».

En el mismo sentido, la portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, indicó que «el problema no es quien instruye, sino que quien instruya esté dotado de independencia. En la situación actual, el Ministerio Fiscal es un órgano muy jerarquizado, en el que tiene al parecer una cierta autonomía pero no es un órgano independiente como son los jueces de instrucción». En esta asociación son «negativos a entregar la instrucción a los fiscales».

«Antigua y sin coherencia para ser útil»

Las asociaciones de jueces todavía no han podido leer el borrador del anteproyecto de ley que se llevará el próximo martes al Consejo de Ministros, como afirmaron tanto AJFV, como FJI y Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Desde las dos primeras consideraron que la reforma del texto, con 138 años de historia, es necesaria.

«La reforma del proceso penal es necesaria porque la LeCrim es muy antigua y ya no tiene la necesaria coherencia para ser útil. Una reforma como la que pretende el Gobierno tiene un alto coste presupuestario que no sabemos si el país está ahora mismo en condiciones de afrontar, por lo que nos tememos que acabe en un plazo de implementación tan largo que sea verdaderamente papel mojado. También hay que tener en cuenta que la Justicia europea está poniendo de manifiesto problemas importantes en sistemas basados en una investigación dirigida por el Ministerio Fiscal en cuestiones tales como las órdenes europeas de detención», consideró Fernández Vaquero.

Por su parte, Rodríguez afirmó que «es cierto que en la actualidad hay causas complejas que la instrucción tarda mucho tiempo en resolver. El problema está en una falta de medios para que el instructor pueda llevar a cabo su labor de forma más rápida. Mientras no se dote de medios como puede ser un equipo de peritos adscrito a los juzgados de instrucción, el problema persistirá».

Entre los trazos de la reforma que adelantó este miércoles en la sesión del Control al Gobierno del Congreso de los Diputados el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también está la «regulación de las comunicaciones con los medios de comunicación» para «garantizar su acceso a informaciones con un claro interés social». El titular de Justicia afirmó que se establecerán «limitaciones» a ese acceso a las investigaciones por parte de los periodistas.

El borrador del anteproyecto de ley también recoge que los partidos políticos y los sindicatos no puedan ejercer la acusación popular de causas penales, como ocurre ahora, para evitar que hagan una utilización política de la información a la que accedan.