Suenan tambores de guerra entre la Comunidad de Madrid y Moncloa. El consejero de Hacienda regional, Javier Fernández Lasquetty, ha enviado una carta a su homóloga en el Gobierno, María Jesús Montero, en la que advierte que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso utilizará todas las vías, «políticas» y «jurídicas», si la ministra sigue adelante con lo que califica en la misiva de «invasión» de la «autonomía fiscal» de Madrid, a consecuencia de un pacto entre Sánchez y ERC para atar en corto el apoyo de los nacionalistas catalanes a los Presupuestos Generales del Estado.

Lasquetty ha trasladado a Montero el «profundo malestar» que ha generado en la región el acuerdo alcanzado con los de Gabriel Rufián para la creación de una «comisión bilateral» que tiene como objetivo, dice, «invadir deslealmente la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid», e imponer en este sentido «subidas de impuestos» sin consentimiento de los madrileños.

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Por ese motivo, y tal como publicó El Independiente, el ejecutivo de Díaz Ayuso dará batalla al Gobierno en los tribunales -menciona concretamente el Constitucional- para frenar este «desprecio flagrante hacia los madrileños» que «no tiene precedentes» ni «cabida en el orden constitucional».

El consejero de Hacienda afirma que el ejecutivo de la Comunidad de Madrid no permitirá que los impuestos que los madrileños vayan a pagar «se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid», y hace referencia a las leyes ya artículos que a su juicio vulnera la propuesta que el Gobierno encuadra en el proyecto de armonización fiscal. Se refiere en concreto que este proyecto entra en conflicto con la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas; la Ley 22/2009 del Sistema de Financiación Autonómica; o la Ley 29/2010 de cesión de tributos a la Comunidad de Madrid. En definitiva, concluye Lasquetty, el pacto fiscal que propone Montero supone «un directo y notorio ataque a la Constitución española».

«Le exijo respeto a la Constitución, a las leyes vigentes, y a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Madrid. Respeto, en última instancia, a los ciudadanos», concluye Lasquetty, que promete frenar una propuesta «injusta» e «ilegal».