España

La escuela concertada anuncia más movilizaciones contra la 'Ley Celaá' del Gobierno

Manifestaciones contra la Ley Celaá de Educación.

Manifestaciones contra la Ley Celaá de Educación. EUROPA PRESS

La plataforma ‘Más Plurales’, que aglutina a sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, ha anunciado nuevas movilizaciones y concentraciones para protestar contra la LOMLOE, la reforma educativa conocida como ‘Ley Celaá’.

Según ha avanzado este jueves en rueda de prensa el coordinador de ‘enLibertad’ y portavoz de ‘Más Plurales’, Jesús Muñoz de Priego, la primera de las actuaciones a partir de hoy será este viernes 4 de diciembre, cuando registren en el Senado sus propuestas de enmiendas para la modificación de la Ley.

Ya para la semana que viene, el jueves día 10, han convocado una ‘quedada digital’ de 18.00 a 20.00 horas, con la que invitan a los usuarios de la red, bajo el hashtag #MásLibres, a manifestar sus opiniones sobre la norma educativa.

Asimismo, el miércoles 16, la plataforma se concentrará a las puertas del Senado a las 12.00 horas. En este sentido, Priego ha instado a hacer lo mismo en las sedes de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas.

Dos días después, el viernes 18 de diciembre, ‘Más Plurales’ registrará en el Congreso las firmas que ha ido recabando desde que se puso en marcha la plataforma, proceso que seguirá abierto hasta ese mismo día. Hasta la fecha, más de 1.800.000 personas han firmado el manifiesto de esta organización contra la ‘Ley Celaá’ a través de la web de ‘Más Plurales’ (‘https://masplurales.es/#firmarmanifiesto‘).

Finalmente, el domingo día 20 se producirá una concentración de vehículos por el centro de Madrid, y en otras ciudades de España, entre las 11.00 y las 13.00 horas, como ya sucedió el pasado 22 de noviembre. También continuarán las concentraciones de los miércoles a las puertas de los centros educativos concertados al finalizar la jornada lectiva.

Durante la rueda de prensa, Muñoz de Priego ha defendido que desde la plataforma han pretendido en todo momento tener un «debate desde los argumentos» sobre la nueva ley educativa. «En todas las acciones que hemos llevado a cabo, hemos sido muy prolijos y detallados sobre cuáles eran los puntos de la Ley que afectaban a la concertada, queremos que la ciudadanía conozca la Ley», ha asegurado.

En este sentido, el portavoz de esta plataforma lamenta que el Gobierno no haga precisamente esto, ya que, según insiste, se ha eludido el debate, tanto parlamentario como social de una ley que se ha tramitado «deprisa y corriendo». «Y cuando se han visto forzados a entrar en el debate, este no ha sido leal porque no se ha basado en los argumentos», denuncia Muñoz de Priego, que directamente acusa al Ministerio de trazar «estrategias de desinformación».

Tal y como ha desgranado, estas estrategias son cuatro. La primera de ellas es la «manipulación» de los argumentos que da la plataforma para luego «contraargumentar» frente a esos «argumentos manipulados». «Nosotros jamás hemos dicho que la asignatura de Religión iba a desaparecer, sino que iba a quedar peor de lo que ya estaba porque sin alternativa, queda en la práctica fuera del sistema educativo», pone de ejemplo.

La segunda estrategia, según Priego, es «acudir al negacionismo», es decir, plantear que se ha producido una modificación en la norma que no supondrá cambio alguno en la práctica, cuando «cualquier modificación de un texto legislativo, por nimia que parezca, nunca es aséptica».

En este sentido, pone de ejemplo las afirmaciones realizadas por el Gobierno sobre la enmienda pactada con ERC que eliminará de la Ley el carácter vehicular del castellano en la enseñanza o aquellas relacionadas con la educación especial. «Si el texto es ambiguo, basta con dejar el texto tal como estaba o buscar el consenso», sugiere.

La tercera estrategia del Gobierno para el portavoz de la plataforma es «desviar el foco de atención hacia aspectos que no son el problema, hacia focos ficticios». Priego explica así, pese a lo que se dice sobre que la ‘Ley Celaá’ prohibirá el pago de cuotas, la LOMLOE no supone ningún cambio a este respecto.

El art. 88 de la actual ley ya lo recoge: «En ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos». Según la actual ley, sí se excluiría de esto tanto las actividades extraescolares, como las complementarias y los servicios escolares, que tendrán carácter voluntario.

Pero para Muñoz de Priego, el Gobierno se está centrando en esto para «atacar, desprestigiar y difamar a la concertada», levantando así «sospechas indebidas». En realidad, según explica el portavoz de la plataforma, lo que se está haciendo es «confundir conceptos», pues lo que se modifica con la ‘Ley Celaá’ es que «las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos» y si estas tienen carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro y, por tanto, no se tendría que pagar obligatoriamente por ellas.

La última estrategia del Gobierno, según ‘Más Plurales’ es el «intento de menospreciarles y de restarles importancia». «Se ha cuestionado nuestra comprensión lectora de la Ley, se ha dicho que somos pantalla de determinados grupos políticos y que han tenido poco seguimiento nuestras manifestaciones», se queja Muñoz de Priego, que lo considera una «falta de respeto» hacia ellos y que ha negado que haya «sobreactuación» o «exageración» en sus actuaciones.

Por todo ello, han advertido de que seguirán insistiendo en que haya un «debate leal» sobre la enseñanza concertada y la educación y en que se mantenga «el diálogo abierto hasta el final» para que se apruebe una ley distinta a la ‘Ley Celaá’, que «va camino de convertirse en la peor ley educativa de la democracia». «Estamos a tiempo, aún hay partido», confía Muñoz de Priego.

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