España

El juzgado nombra al Estado depositario de los bienes de Meirás

Los Franco podrán retirar los que sean de "estricto uso personal" y otros cuya retirada no comprometa los "usos definitivos"

Fachada del Pazo de Meirás.

Fachada del Pazo de Meirás. EP

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha designado al Estado depositario de todos los bienes muebles y elementos accesorios que conforman el complejo del pazo de Meirás, sin perjuicio de que se pueda permitir la retirada de aquellos objetos de «estricto uso personal».

También aquellos que, por sus características, nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural (BIC) y cuya retirada «en nada comprometa los posibles usos definitivos que se decidan para el pazo», añade el auto dictado este viernes.

El juzgado, que acepta las alegaciones del Estado, la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación provincial, mantiene la fecha de entrega del inmueble para el día 10 de diciembre, a las 11.00 horas.

De este modo, la magistrada rechaza las alegaciones de los Franco sobre las medidas cautelares y explica que era «urgente» prohibirles retirar objetos del inmueble porque preparaban su traslado. Además, señala que la custodia por parte de la Administración estatal es «congruente» con el objetivo de debatir en la fase de ejecución qué forma parte del complejo.

Situación de «urgencia»

En concreto, la magistrada Marta Canales rechaza en el auto, contra el que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, la oposición efectuada por la familia Franco respecto a la prohibición de retirar bienes del pazo y a su fecha de entrega al Estado.

«La literalidad del auto es clara», señala sobre las medidas cautelares decretadas. «En consecuencia, yerra la parte demandada cuando dice que se le dieron veinte días para retirar todos sus bienes. Sus actos fueron los de cumplir voluntariamente el fallo y, en congruencia, el auto dispone el plazo de un cumplimiento voluntario», explica.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña destaca que la decisión de prohibir retirar bienes del recinto sin informar previamente a la parte demandada responde «a una situación de urgencia patente», pues los Franco habían contratado vehículos para llevárselos.

«La urgencia surge cuando los demandados, diciendo que van a entregar voluntariamente el pazo, previamente quieren proceder al traslado de bienes en 50 camiones que, sin duda, son muchos camiones, lo que se traducía en un vaciado de no se sabía qué», señala. La magistrada insiste en que era «necesario saber qué existía en Meirás» antes de permitir «trasladar todo tipo de bienes desconocidos».

Petición «congruente»

«De no haber adoptado las medidas cautelares nunca sería posible acoger una decisión futura, nunca podría debatirse si, por ejemplo, un escudo se integra o no en la ejecución y propiedad del Estado, porque los bienes habrían, simple y llanamente, desaparecido». Por eso, las medidas son «cautelares, urgentes y sin audiencia», argumenta la jueza, quien explica que, una vez realizado el inventario, el Estado tendrá que plantear «qué bienes entiende que han de ser entregados o no».

Así, asegura que «no tiene sentido abrir ahora el debate acerca de qué bienes se integran o no en el pazo» porque la sentencia -contra la que los Franco presentaron recurso ante la Audiencia de A Coruña- no es firme. La solicitud de depósito efectuada por el Estado, según afirma en el auto, resulta aceptable porque es «congruente con la finalidad de poder entrar a debatir qué forma parte de la ejecución, todo, nada o parte».

Argumento de los Franco

En la vista sobre las medidas cautelares decretadas por el juzgado -realización de un inventario y prohibición de retirar los bienes hasta que su titular acordaran lo contrario-, el abogado de los Franco se opuso a los planteamientos del Estado, a los que se adhirieron las demás administraciones personadas, y que ahora recoge en su auto la jueza.

No obstante, llegó a plantear la posibilidad de permitir que los bienes quedasen en el pazo por un «precio razonable», al tiempo que negó que hubiese intención de trasladar 50 camiones para quitarlos.

El Estado, como las demás administraciones, apelaron a la «alarma» suscitada por el hecho de que, a través de los medios de comunicación, transcendiese que los Franco iban a retirar los bienes del pazo, entre las que están objetos de valor artístico e histórico como las estatuas del Mestre Mateo, así como uno 3.000 libros de la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán.

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