La Policía Nacional ha alertado a los agentes destinados en puestos fronterizos de aeropuertos para que intensifiquen las comprobaciones ante la posibilidad de que migrantes procedentes de Canarias puedan estar entrando en la península con documentación falsa y empadronamientos ficticios, facilitados éstos por las mafias a cambio de dinero.

Así se deduce de una nota interna que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada envió el pasado 4 de diciembre a la plantilla del puesto policial del Federico García Lorca Granada-Jaén, uno de los aeródromos peninsulares a los que han arribado migrantes procedentes de las islas en vuelos comerciales.

"Existe información de que a través de aeropuertos se producen llegadas en vuelos interiores en los que pueden viajar ciudadanos nacionales de terceros estados que podrían arribar a nuestro aeropuerto con documentación falsa o utilizando la documentación de otra persona", detalla el documento, firmado por el jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Granada y al que ha tenido acceso este diario.

La nota advierte del "aumento" considerable registrado "en los últimos días" en la llegada de pasajeros a la ciudad nazarí, que mantiene líneas aéreas directas tanto con Gran Canaria como con Santa Cruz de Tenerife. Son dos de las islas a la que, desde el pasado verano, han estado arribando pateras con migrantes tras el cierre de la ruta del Mediterráneo.

La instrucción dada a los agentes en sus labores de lucha contra las redes de inmigración y falsedades documentales es que comprueben si algunos de los viajeros procedentes de Canarias pudieran estar utilizando un domicilio ficticio facilitado por grupos mafiosos a cambio de dinero, como se descubrió recientemente al desmantelarse una organización que operaba en Lanzarote y que tenía "ramificaciones" en Granada. En caso de detectar alguna conexión, el funcionario tiene la orden de ponerlo en conocimiento del jefe de la Brigada primeramente de forma oral -"por si la información requiere la presencia de investigadores de la Ucrif [Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales] en ese aeropuerto", detalla- y luego por medio de un correo electrónico.

La Policía extrema las comprobaciones en los aeropuertos ante la sospecha de que migrantes estén llegando a la península con documentación falsa

Transcurridas las primeras 72 horas bajo custodia judicial, todo inmigrante que cuente con documentación dispone de libertad deambulatoria mientras no sea firme una orden de expulsión por haber entrado irregularmente en el país. Su única obligación es facilitar un domicilio para que puedan estar localizados, de ahí la necesidad de contar una dirección. 

La nota interna también hace constar que, en caso de que se detectara la presencia de alguna persona con órdenes de expulsión o devolución o prohibición de entrada, se comunique a la Brigada de Extranjería ya que la situación provocada por la pandemia del coronavirus -con las fronteras de los países de origen cerradas en muchos casos- "no permite la expulsión del ciudadano extranjero".

Fuentes policiales tienen constancia de la llegada en las últimas semanas de migrantes irregulares desde ciudades canarias a Zaragoza, Barcelona, Madrid, Cádiz, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Granada, sin que haya trascendido cuántos han abandonado ya las islas. A aquéllas se suma Huelva, adonde -según ha informado el PP esta semana- llegaron el pasado martes otras 42 personas.

El Ministerio del Interior ha negado que gestione, organice o financie desplazamientos de migrantes desde Canarias a la península, si bien admite que autoriza traslados en situaciones en las que haya que proteger a personas vulnerables. En estos casos es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el encargado de ofrecer la solución de acogida en destino.

La llegada de migrantes procedentes de Canarias a aeropuertos peninsulares ha causado sorpresa en algunos gobiernos locales y autonómicos y ha llevado a sindicatos policiales -caso del SUP- a exigir que se cumplan los protocolos sanitarios y se realicen a dichas personas la prueba PCR a fin de que se detecten a tiempo posibles casos positivos de covid-19 y no se exponga a los agentes.