Crisis migratoria: Canarias revive su pasado

El pasado 20 de agosto, Pedro Sánchez disfrutó de su último día de vacaciones estivales en Las Marismillas, el palacio que el Estado tiene dentro de los límites del Parque Nacional de Doñana. El presidente del Gobierno decidió adelantar tres días su regreso a Madrid ante el preocupante repunte de rebrotes por coronavirus. La segunda ola, que se esperaba para otoño, había irrumpido en pleno verano.

Aquel jueves de agosto, a 1.325 kilómetros de aquel paraje, los voluntarios de Cruz Roja colocaron las primeras carpas en el puerto de Arguineguín (Mogán, Las Palmas) para atender a las decenas de migrantes marroquíes y subsaharianos que estaban arribando diariamente tras huir de la miseria y desafiar al Atlántico. El muelle grancanario se iba a convertir en el particular 'kilómetro cero' de la crisis migratoria más grave que vive las islas desde 2006 y en el último frente para el Gobierno de Pedro Sánchez, al que se reprocha la lentitud y la descoordinación con que ha hecho frente al problema.

Al menos desde principios de año, en el Ministerio del Interior eran conscientes de la presión migratoria que podría sufrir Canarias por el cierre de la ruta del Mediterráneo, a lo que se ha sumado el agravamiento de la situación económica en los países de origen por el impacto de la pandemia. De hecho, la situación de la fachada atlántica fue uno de los asuntos que se abordaron en la reunión que el pasado 6 de febrero mantuvieron en Rabat el ministro Grande-Marlaska y su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. Ambos mandatarios han repetido este viernes el encuentro, en el que el emisario español ha defendido la necesidad de que se agilicen las repatriaciones y de que se refuercen los controles para evitar salidas.

De acuerdo con los datos recopilados por Interior, el número de migrantes que llegó por mar a las islas Canarias hasta el pasado 15 de noviembre ascendía a 16.760 personas, cifra que representa un 1.019 % más que en el mismo periodo del año anterior. En lo que va de segundo semestre se contabilizan más de 14.000 migrantes (el 84 % del total acumulado en el año).

Esta avalancha y la falta de respuesta del Ejecutivo han provocado que en el muelle de Arguineguín, en plena pandemia, se hayan llegado a hacinar más de 2.300 personas en unas condiciones en las que resulta imposible cumplir las medidas de prevención para evitar los contagios por coronavirus. Esta situación "infrahumana" llevó el pasado 28 de octubre a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio), a presentar una denuncia ante los juzgados de San Bartolomé de Tiraja en la que pedía el "desalojo y cierre del campamento y que se depuraran responsabilidades penales.

El Gobierno conocía desde principios de año la presión migratoria que podría sufrir Canarias por el cierre de la ruta del Mediterráneo

La regidora alertaba de que no se estaban respetando las medida anti-covid y que los migrantes estaban durmiendo en el asfalto sobre una manta proporcionada por Cruz Roja, la higiene era muy deficiente, los baños químicos portátiles no daban abasto y la alimentación era inadecuada. "Podríamos hablar, sin algún temor a equivocarnos, que los migrantes han llegado a soportar estas durísimas condiciones hasta más de 15 días", exponía Bueno. Una comisión del Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana ha realizado este viernes una inspección en la zona, ha levantado acta y resolverá en los próximos días.

Casi un mes después de llamar a la puerta de la Justicia, la alcaldesa de Mogán no ha logrado todavía que se desmantele el "campamento de la vergüenza" y que Arguineguín vuelva a recuperar su normalidad como puerto pesquero, pero sí ha logrado que el eco de sus reivindicaciones se oiga en la península para que se arbitren soluciones de una vez por todas.

Las alarmas se encendieron definitivamente esta semana, cuando se permitió que 227 migrantes abandonaran el muelle grancanario sin un lugar donde pernoctar. El Ayuntamiento de Mogán los terminó trasladando en autocares hasta el centro de Las Palmas antes de que fueran reubicados en establecimientos hoteleros de la isla. Interior ha abierto una investigación para determinar quién dio esa orden mientras el PP y Coalición Canaria han pedido en el Parlamento la destitución de Grande-Marlaska.

Tres meses después de que se colocaran las primeras carpas, la situación empieza a aliviarse en Arguineguín, aunque todavía tendrán que transcurrir días hasta que todos los migrantes puedan ser trasladados a otras instalaciones que ofrezcan mejores condiciones. Hasta el momento, el Gobierno ha acogido a 5.500 personas en 17 hoteles y a 400 en las tiendas de campaña que se han montado en el antiguo polvorín de Barranco Seco, cedido temporalmente por el Ministerio de Defensa.

6.900 plazas de emergencia

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este viernes en Las Palmas que el sistema de acogida de emergencia en Canarias contará a corto plazo con 6.900 plazas en siete emplazamientos repartidos por Gran Canaria y las otras dos islas que mayor presión migratoria están sufriendo: Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura. "Con estas plazas, el Ministerio tendrá capacidad de afrontar posibles incrementos de llegadas con mayor seguridad y flexibilidad que ahora", ha asegurado Escrivá.

En concreto, Las Palmas contará con 1.950 plazas que se ubican en el Colegio León (300), las antiguas instalaciones del Regimiento 'Canarias 50' (650), una nave ofrecida por Bankia (500) y Barranco Seco (500). Estos nuevos espacios de acogida estarán operativos antes de finales de año, según las previsiones de Migraciones.

La mayor oferta se encontrará en Tenerife, con 3.250 plazas: Las Canteras (1.800) y el acuartelamiento de Las Raíces (1.450). En el primer caso, se trata de diez edificios propiedad del Ministerio de Inclusión de los que se podrá disponer "progresivamente a lo largo de 2021". En Fuerteventura, concretamente en Puerto del Rosario, se habilitarán carpas en el recinto militar de El Matorral (700).

El ministro ha informado de que, paralelamente a la construcción de estas plazas de emergencia, su departamento trabaja en el despliegue de 6.450 plazas "más estables". Algunas de éstas, como las 700 que ofertará el edificio que se va a adecuar en El Matorral, no estarán disponibles hasta el otoño del próximo año.

Para financiar todas estas actuaciones de emergencia, el Ejecutivo confía en obtener 84 millones de fondos europeos, concretamente 43 a través de una adenda a un proyecto EMAS y 41 millones del paquete de recuperación que enviará Bruselas a España el próximo año. De momento, cientos de migrantes siguen esperando en Arguineguín, el puerto pesquero que se ha convertido en el epicentro del problema migratorio en plena pandemia.