El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha desembolsado tan sólo 46,98 millones de euros en subsidios extraordinarios a las empleadas de hogar que se quedaron sin actividad durante el primer estado de alarma por el coronavirus, una cifra que representa solamente el 18,5 % de la partida presupuestaria que había previsto: más de 254 millones de euros.

En una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 4 de mayo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desarrolló el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de ayudas excepcionales dirigidas a las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, colectivo muy afectado por el confinamiento con el que el Gobierno frenó la pandemia en la primera ola. Este auxilio estaba amparado jurídicamente por el real decreto-ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la covid-19, aprobado el pasado 31 de marzo.

Respuesta del Gobierno con el desembolso realizado entre junio y noviembre.

En respuesta a una pregunta escrita formulada por las senadoras del PP Teresa Ruiz-Sillero y Ana Isabel Alós, el Ejecutivo ha cifrado en 46.987.310,32 euros el gasto ejecutado por este concepto entre los meses de junio y noviembre. El pasado 10 de junio había contestado a las mismas parlamentarias que el importe previsto eran 254,1 millones, lo que significa que ha consumido menos de una quinta parte de lo que tenía previsto.

Respuesta en la que el Gobierno cifra en 254,1 millones el importe previsto para pagar este subsidio.

Según se detallaba en el punto tercero de la citada resolución, el plazo de presentación de solicitudes se iniciaría al día siguiente de la publicación en el BOE (5 de mayo) y terminaría un mes después de que se levantara el estado de alarma, lo que tuvo lugar el pasado 21 de junio. El SEPE, por tanto, no recibiría ninguna petición para acceder a estos subsidios después del 21 de julio.

A 10 de junio, cuando quedaban tan sólo 11 días para que acabara el estado de alarma, el Servicio Público de Empleo Estatal -colapsado durante la pandemia al dispararse el número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las demandas de prestaciones por desempleo- no había gastado aún un solo euro porque no había reconocido todavía ningún subsidio de esta modalidad. Y ello pese a que, sólo entre el 5 y el 29 de mayo, había recibido ya 27.413 solicitudes.

El desembolso asciende a 46,98 millones, cuando había previsto un montante de más de 254 millones

En una de las respuestas al grupo del PP en el Senado, el Gobierno se comprometía a realizar el pago de la manera más ágil posible pese a la "complejidad y dificultad del sistema de gestión" puesto en marcha para dar soporte a esta ayuda extraordinaria. "El colectivo de empleadas de hogar era hasta este momento un colectivo ajeno al SEPE, ya que no cotiza por la contingencia de desempleo, y la configuración jurídica del subsidio es distinta a la configuración de nuestras prestaciones. Aun así, y con gran esfuerzo, se va a implantar una aplicación informática que va a permitir el reconocimiento de este derecho y su pago en el plazo más breve posible", justificó entonces.

Una vez cerrado el periodo de presentación de las solicitudes, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha cifrado en 56.348 las peticiones registradas, de las que se han aprobado 38.183 (un 67,7 %). La cuantía media diaria bruta entre junio y noviembre fue de 13,32 euros, registrándose el importe más bajo en Badajoz (10,81 euros) y el más elevado en Girona (15,89 euros).

La cantidad a percibir se calculaba aplicando el porcentaje del 70 % a la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar, siendo aquélla la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al de declaración del estado de alarma dividida entre 30. Según se estipuló, el subsidio se abonaría cada día 10 mediante ingreso en la cuenta bancaria que se hubiera facilitado.

Madrid concentra el 28,5 %

Con 10.881, Madrid concentra el 28,5 % de las solicitudes aprobadas. Le siguen Cataluña (4.937, el 81,7 % en Barcelona), Andalucía (4.860), Comunidad Valenciana (3.511), Galicia (2.610), País Vasco (1.991), Castilla y León (1.813), Castilla-La Mancha (1.249), Murcia (1.141) y Aragón (1.093). Por debajo del millar de peticiones reconocidas se encuentran Asturias (901), Baleares (756), Canarias (636), Navarra (628), Cantabria (503), Extremadura (422), La Rioja (217), Ceuta (32) y Melilla (2).

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, descartó el pasado 4 de noviembre una eventual prórroga de este tipo de ayuda. Según explicó en una comparecencia informativa, el Gobierno de coalición trabaja con una perspectiva "más estructural", con la intención de lograr la "incorporación definitiva" de este colectivo al sistema de protección social.