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Estrasburgo condena a España por no investigar una denuncia de torturas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a indemnizar con 20.000 euros a un detenido en 2011 por la Guardia Civil por no indagar de manera "exhaustiva" su denuncia, cuya veracidad considera que debería haber sido esclarecida.

Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Mikel Segovia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar con 20.000 euros a un joven detenido por la Guardia Civil en 2011, por su pertenencia a Ekin y al que se acusó de pertenencia organización terrorista, por no investigar suficientemente su denuncia de torturas. La sentencia que condena a la Justicia española es el resultado de la denuncia interpuesta por Iñigo González, quien fue arrestado junto a otros cuatro jovenes más, que también denunciaron haber sufrido torturas. Otros dos arrestados, Patxi Arratibel y Xabier Beortegi también lograron que el TEDH condenara a España por no investigar sus respectivas denuncias de malos tratos.

El Tribunal no entra a analizar si existió tortura o malos tratos en la detención pero sí señala que la denuncia requería haber sido investigada. Considera que la denuncia presentada por el joven navarro, que permaneció cinco días incomunicado, debería haber sido investigada de manera «exhaustiva y eficaz» para determinar su veracidad y en su caso, establecer las responsabilidades que pudieran existir.

Los jueces concluyen que la verosimilitud de la denuncia de González, que aseguró haber sufrido malos tratos a manos de los agentes de la Guardia Civil que lo custodiaban, obligaban a haber adoptado las medidas suficientes para esclarecer lo sucedido. El TEDH considera que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos que protege a las personas ante la posible comisión de un delito de tortura o trato inhumano.

Dos casos anteriores

La condena en el caso de González se suma a la que ya dictó en 2015 el Tribunal Europeo en el caso de otro de los detenidos, Patxi Arratibel. Un año más tarde un tercer arrestado en la operación policial, Xabier Beortegi, también denunció haber sido víctimas de torturas y llevó su caso hasta el TEDH que dictó una resolución en los mismo términos que lo hace ahora. En su caso se estableció una indemnización de 20.000 euros. En aquella sentencia ya se determinó que España debe elaborar un código de conducta claro «para los funcionarios encargados de la supervisión» de detenidos.

Tanto González como Arratibel y Beortegi fueron detenidos en 2011 junto a otros tres jóvenes en una operación contra la organización Ekin en Navarra. Ekin había sido declarada ilegal en 2009. La Fiscalía pidió contra ellos una condena de ocho años por pertenencia a organización terrorista. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el que todos los acusados fueron condenados a dos años de prisión, lo que evitó su ingreso en la cárcel.

España ha sido condenada hasta en siete ocasiones por no haber investigado suficientemente hechos similares. En 2014 Europa le condenó por las denuncias presentadas por Beatriz Etxeberria y Oihan Ataun, en 2012 por la denuncia del periodista Martxelo Otamendi, un año antes por el caso de Aritz Beristain y en 2010 por el proceso presentado por Mikel San Argimiro.

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