Representantes de los sindicatos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzainza, junto a varias asociaciones de víctimas del terrorismo, se han manifestado esta mañana ante el Palacio de Justicia del País Vasco, donde se celebraba la apertura del año judicial en Euskadi, en contra de la Ley de Abusos Policiales del Gobierno vasco. La norma, que tras su modificación, iniciará mañana su tramitación en la Cámara vasca, pretende reconocer y reparar a víctimas de abusos cometidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad desde 1979 y hasta 1999.

La ley ha sido recurrida ante la Justicia por colectivos sindicales y víctimas, que tras constituir un equipo de trabajo han impulsado su retirada. Esta ley fue modificada previo acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez que accedió a retirar el recurso que ante el Tribunal Constitucional presentó el Gobierno del PP.

El portavoz del colectivo de sindicatos policiales y de organizaciones de víctimas, Luis Mariano Rodal, ha asegurado que la citada ley supone una injerencia “inmoral” del poder político en la Justicia. Asegura además que avala una “equiparación” de víctimas del terrorismo con las que pudieron sufrir vulneraciones de derecho humanos a manos de los cuerpos policiales. Rodal ha señalado que mientras a quienes padecieron la violencia etarra se les exige recurrir a la vía judicial para ser reconocidas como víctimas, a las que padecieron posibles casos de tortura se les podrá reconocer con una comisión de valoración de expertos, tal y como recoge la ley.

Una historia en la que no todo puede valer

Rosal ha denunciado que el fin último sea el blanqueamiento de ETA y contribuir a un relato “una historia en la que no todo puede valer, no se puede hablar de confrontación”. Subraya que en este caso se quiere señalar “a los cuerpos policiales” como “verdugos”.

Desde el PP vasco, su secretaria general, Amaya Fernández, ha acudido en apoyo de la Guardia Civil, la Policía y la Ertzaintza, y para denunciar el intento por propagar “la teoría del conflicto” y hacer un relato “equívoco” de lo sucedido. Fernández ha apuntado que si existen víctimas de abusos policiales merecen ser reparadas pero que en ningún caso ello debe llevar a extender “un manto de sospecha” sobre todos los cuerpos policiales que lucharon contra ETA.

La nueva Ley de Abusos Policiales pretende reconocer y reparar a víctimas de abusos policiales “de motivación política” cometidos desde 1978 y hasta 1999. Los manifestantes han denunciado desde el pasado verano que con ella tan sólo se pretende “blanquear la violencia de ETA y situar su acción criminal en un contexto de “conflicto”.  La convocatoria de esta mañana ha partido de los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP; las asociaciones de la Guardia Civil AUGC, Unión-GC, AEGC, UOGC, Aprogc, Asesgc y APC, y las asociaciones de víctimas Covite, Acfsevt y Aserfavite.

Consideran que la ley contiene un relato “falaz” de lo sucedido en estos años de violencia en Euskadi. La concentración se ha desarrollado bajo el lema “En defensa del poder judicial, el honor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la dignidad de las víctimas del terrorismo, no a la ley vasca de abusos policiales”. Reclaman “un relato veraz de lo ocurrido” y reivindican “una justicia independiente y sin intromisiones políticas”.

El pasado mes de agosto los manifestantes remitieron una carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la que le instaban a no llevar adelante tal “indignidad” e “inmoralidad” que facilitará la consolidación de la “teoría del conflicto” que pretendería, según las citadas asociaciones, impulsar el entorno de ETA. En la misiva, firmada por el SUP, el CEP, la AUGC y la UnionGC, además de Covite, le recordaban que la decena de organizaciones que integran el grupo de trabajo que se constituyó para frenar esta ley aspiran únicamente a “reivindicar la memoria de las víctimas” que consideran atacada con normas como ésta.