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Joaquín, un año bajo toneladas de vertido y angustia en Zaldibar

El sábado se cumple un año desde que un derrumbe en el vertedero de la localidad vizcaína sepultó a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Los restos del primero fueron localizados en agosto, los del segundo continúan buscándose.

Operarios de búsqueda explican la tarea que se lleva a cabo en el vertedero de Zaldibar a familiares de los desaparecidos.

Hace casi un año que Joaquín está sepultado. La tierra que se lo llevó, aún no lo ha soltado. Lo arrebató a los suyos el 6 de febrero del año pasado y desde entonces se resiste a dejarlo marchar. A muchos metros de profundidad, bajo toneladas de residuos, lo oculta a excavadoras y rastrillos que lo buscan sin descanso. Su compañero Alberto se fue con él en la ladera que ambos conocían bien y que esa tarde se los tragó mientras rugía en su caída. En Zaldibar y en su municipio, Zalla, le esperan para darle descanso con otra tierra, la que arropa en el adiós de los seres queridos. Les prometieron que lo encontrarían pronto, que trabajarían sin descanso hasta lograrlo y que no se escatimarían medios. Han pasado 360 días sin noticias. Marta y sus tres hijos siguen esperando para despedirse.

En el vertedero los camiones y los operarios no dejan de mover y analizar tierra y residuos. El 16 de agosto los restos humanos hallados junto a la báscula eran los de Alberto Sololuze. Aparecieron a 23 metros de profundidad. La esperanza era que el cuerpo de Joaquín Beltrán estuviera cerca, en la misma zona. Los rastrillos que inspeccionaron la tierra minuciosamente no dieron más resultados. Cinco meses más tarde, en casa de los Beltrán siguen sin noticias de su padre, de su marido, de su hermano.

Los técnicos les dijeron que en enero, después que en febrero y ahora que quizá en marzo. Francisco Javier, Txisko sabe que esta vez tampoco es previsible que los plazos se cumplan, que el cuerpo de su hermano mayor no aparecerá: «A mi cuñada ya le he dicho que como poco, Semana Santa nada». Está decepcionado, cansado y enfadado. Conoce la ladera mejor que muchos de los que han diseñado la operación de rescate. Si por él fuera, Txisko se subiría en la excavadora y lo buscaría por sus propios medios. Trabajaba junto con Joaquín en la empresa de excavaciones familiar que el vertedero había subcontratado.

Fue el medio de vida que ambos lograron consolidar y que terminaría del peor modo posible. Los Beltrán conocen bien lo que es luchar. Sus padres lo tuvieron que hacer primero cuando dejaron Málaga, junto a sus ocho hijos, para probar fortuna en Euskadi. En la pequeña localidad de Güeñes (Vizcaya) una empresa maderera dio una oportunidad a su padre.

Abismo con el Gobierno

Ahora la lucha es distinta. Más dolorosa. Sólo busca rescatar los restos de su hermano para poder despedirse con dignidad. Las flores no se llevan al vertedero. «Estamos muy desencantados con el Gobierno vasco. Creo que hay medios y modos de hacer mejor las cosas de lo que lo están haciendo», lamenta Txisko. Aún no ha olvidado el último encuentro con el lehendakari. Terminó mal. Las palabras en las que Urkullu insinuó que la responsabilidad de lo ocurrido fue de las empresas implicadas en el vertedero, incluida Excavaciones Beltrán, abrieron un abismo entre la familia y el Ejecutivo.

Desde entonces no ha habido ni una sola llamada a la familia para interesarse por su situación, tan sólo informes técnicos semanales sobre el desarrollo de las labores de búsqueda. Ni siquiera el relevo de toda la cúpula de la consejería de Medio Ambiente, de la que se relevó al consejero anterior, Iñaki Arriola -al que las irregularidades en el control del vertedero amenazan con salpicarle-, ha hecho que el equipo de la nueva titular, Arantza Tapia, se acerque a la familia.

Las labores de búsqueda han sido un desastre. Todo ha sido extraño, creo que se están tapando muchas cosas»

‘txisko’

«Las labores de búsqueda han sido un desastre. Todo ha sido extraño, creo que se están tapando muchas cosas», asegura Txisko. Subraya que la polémica en la concesión de licencias, en las deficientes inspecciones y el control es una responsabilidad de la Administración, además de de la empresa Verter Recycling 2002, propietaria del complejo, «al fin y al cabo son ellos quienes dan las licencias y quienes hacen las inspecciones, ¿no?». Aún no se explica por qué si la sospecha es que el cuerpo de su hermano está en la zona sur del área que ahora se inspecciona -la B4- se busca en la zona norte. «No lo entiendo. Dicen que lo hacen por el riesgo de desprendimiento, pero pueden estabilizar la zona. No tiene sentido, creo que hay otros intereses», señala.  

En estos meses tampoco ha habido contacto con la empresa. Tres de sus máximos responsables, José Ignacio Barinaga, propietario del vertedero, su sobrina Arrate Bilbao, Administradora Única y el director técnico, Juan Elosegui, están acusados de un presunto delito de homicidio imprudente y de un delito contra el Medio Ambiente. Tras ser detenidos por la Ertzaintza y tomarles declaración la juez el pasado 21 de julio -cinco meses después del accidente- fueron puestos en libertad con medidas cautelares. «No tenemos contacto con ellos. Se portaron mal. En los primeros días no dieron señales de vida, estuvieron desaparecidos. Es algo que se me ha quedado marcado, no quiero saber nada de ellos. Son empresas que se mueven por intereses económicos y afines a partidos políticos. Aquí todo se arreglará con dinero, los que han perdido en toda esta historia son Joaquín y Alberto».

Instrucción parada

Mientras las excavadoras continúan su búsqueda, la causa avanza muy lentamente en los tribunales. Las dos causas hasta ahora dispersas en dos juzgados, uno de Durango y otro de Eibar, acaban de ser unificadas en uno solo, en Durango, aunque en dos procedimientos, el referido al delito medioambiental y el de la muerte de Alberto y Joaquín. El abogado de la familia Beltrán, Manuel Unzueta, lamenta que la instrucción de la causa esté prácticamente parada. Oficialmente, comienza ahora: «No se ha hecho prácticamente nada. La detención de los tres acusados fue un teatro, tenía sentido días después, no meses más tarde, cuando ya podían haber destruido pruebas. Además, no se ha tomado declaración a nadie más».

Unzueta estima que aún queda otro año como mínimo de instrucción y otros cinco para que se pueda celebrar un juicio. El viernes el Juzgado de instrucción número 1 de Durango comunicó el inicio del procedimiento y la autorización a personarse no sólo a la familia sino también a tres colectivos ecologistas y medioambientales, a los ayuntamientos de Zaldibar, Elgeta, Eibar y Ermua y a la sociedad Interbiak.  

Junto a la justicia en Euskadi, también en Europa se indaga sobre lo ocurrido. Lo hace el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius. A instancia del PP, y tras la documentación remitida, concluyó que se debía investigar si las autoridades autonómicas habían cumplido con su obligación de «vigilar, detectar y, en última instancia, sancionar» los posibles incumplimientos ocurridos en Zaldibar y que precipitaron la desgracia. La plataforma Zaldibar Argitu, que ha organizado diversos actos en recuerdo de los dos trabajadores sepultados, ha anunciado que llegará hasta el final en su demanda de justicia y asunción de responsabilidades por lo ocurrido. Para afrontar los gastos del proceso de acusación popular que emprenderá ha comenzado una campaña de recaudación de fondos.

El abogado es actualmente la única vía de interlocución entre el Gobierno y los Beltrán. Es a él a quien semanalmente remite información el servicio 112, dependiente del departamento de Seguridad, en relación a las labores de búsqueda. Como Txisko, también él expresa sus dudas de que se pueda localizar pronto el cuerpo de Joaquín: «No tenemos muchas esperanzas de que lo encuentren donde ahora están buscando. Nosotros habíamos pedido que lo hicieran en otras zonas, pero finalmente, por razones de seguridad, lo harán de otro modo».

«¿Y si no aparece?»

Esta semana la consejera de Medio Ambiente ha anunciado que el destino final de este vertedero es el sellado. El Gobierno de Urkullu se ha comprometido a no detener las labores de búsqueda hasta que Joaquín sea localizado. Sin embargo, las zonas de rastreo se agotan. La mayor parte del vertedero ya ha sido inspeccionado. Unzueta tiene una duda que no logra quitarse de la cabeza: «Nos han dicho que no pararán hasta encontrarlo, pero ¿Y si no aparece? ¿Qué harán? No nos han dicho qué harán entonces».

El derrumbe de Zaldibar, del que el próximo sábado se cumplirá un año, sacó a la luz la situación de la política de residuos en Euskadi. Los problemas de gestión y control, que en el caso de Verter Recycling fueron expuestos con crudeza, sacaron los colores a la Administración. El vertedero acumulaba episodios de descontrol, de almacenaje de residuos con amianto para los que no tenía autorización, un ritmo de descargas de más de 500.000 toneladas anuales, muy superior al previsto, y una saturación del sistema de vertidos que ponía en peligro el tratamiento de residuos en Euskadi.

En el País Vasco funcionan 15 vertederos, la mayor parte de ellos privados, a los que se derivan el 36% de los 6,3 millones de toneladas de residuos que se generan cada año. La inmensa mayoría, el 60%, proceden del ámbito industrial y el resto, casi a partes iguales, se trata de residuos urbanos y de la construcción.

Ahora el Gobierno vasco quiere poner freno a tanto residuo sin tratar. Que más de un tercio termine su vida en un vertedero parece insostenible. En víspera del primer aniversario del desastre de Zaldibar el Ejecutivo ha presentado el borrador de su plan de vertidos para la próxima década. El objetivo fijado es que antes de 2030 se pueda reducir a sólo un 15% el volumen de residuos que termina en un vertedero. Para ello se tendrá que reducir un 30% la generación de vertidos y aumentar la recogida selectiva un 85%. Entre las medidas del plan figura implantar un canon de vertido e incineración para que no sea más barato verter que reciclar, además de aumentar las multas e inspecciones a las empresas.

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