La Comisión Europea ha anunciado que investigará el accidente ocurrido el 6 de febrero pasado en el vertedero de Zaldibar y en el que fueron sepultados dos de sus trabajadores. Las labores de búsqueda que desde entonces se llevan a cabo no han permitido por le momento localizar los cuerpos de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. A respuesta de una pregunta remitida por la eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, la autoridades comunitarias consideran que dada "la gravedad del caso" procederán a examinarlo "y a contactar con las autoridades españolas" para esclarecer lo sucedido y determinar las "importantes deficiencias en el funcionamiento del vertedero" que considera "deja entrever" la información remitida.

En su respuesta, la Comisión muestra su preocupación por los hechos y tras conocer los detalles incorporados en dos preguntas parlamentarias para que tome partido, se compromete a estudiar la responsabilidad de "las autoridades competentes" y los órganos jurisdiccionales. Asegura que debían "haber detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado" los posibles incumplimientos que provocaron el siniestro. En su respuesta recuerda que los principales responsables de verificar que no se produjeran "incumplimientos" y de garantizar una reparación adecuada de los daños causados son las autoridades administrativas y judiciales, "encargadas de la aplicación y ejecución de la legislación del a UE".

Apunta que se debe difundir de modo inmediato, "sin demora", toda la información que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre "que permitan al público que pueda resultar afectado" por este caso para prevenir o limitar los daños. La Comisión subraya que es el operador de un vertedero el resposanble de los daños causados a través de su actividad al suelo, al agua, a espacios protegidos y a los hábitat naturales. Considera que en este caso, además de los daños humanos, también se habrían producido afecciones al entorno de los que se debe hacer responsable y obligar a su reparación "devolviéndolos a su estado básico anterior", al titular del vertedero.

Dede Ciudadanos se han felicitado por la respuesta dada por la Comisión Europea a la pregunta formulada por su eurodiputada el pasado 19 de febrero. El portavoz de la formación en Euskadi, Luis Gordillo, asegura que "las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán merecen respuestas y ayuda, cuando el Gobierno vasco sólo les está ofreciendo silencio": "La transparencia brilla por su ausencia en el equipo de Gobierno del lehendakari Urkullu".

Por su parte, desde el PP vasco, el candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha considerado "clarificador" lo manifestado por la Comisión. Señala que deja claro que lo ocurrido en Zaldibar "no es un desastre natural como el PNV nos ha querido hacer ver" y añade que la formación nacionalista ha intentado "tapar con su ley del silencio lo que era una evidencia para toda la sociedad vasca y ahora confirman las instituciones europeas". Para Iturgaiz lo sucedido es fruto de la "gestión irresponsable del PNV y de la inmunidad que presupone a sus actuaciones".

El Gobierno vasco ha lamentado que la Comisión Europea no se haya informado previamente a la emisión de la respuesta en la que avanza conclusiones sobre las posibles causas del accidente. Desde el departamento de Medio Ambiente se ha recordado que ya se han abierto expedientes a la empresa responsable del vertedero para iniciar procedimientos que permitan depurar responsabilidades.

Hasta el momento las labores de búsqueda de los dos operarios sepultados acumulan cerca de tres meses de trabajos de desescombro y en los que sólo se ha encontrado sus respectivos vehículos pero no los cuerpos. Las labores de búsqueda, que el Gobierno vasco ha asegurado que no detendrá hasta que sean localizados los cuerpos de Alberto y Joaquín, han supuesto un desembolso de 9 millones de euros.