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Las 31.500 toneladas de Zaldibar que nadie quiere

Los vertederos de municipios del PNV evitan asumir los residuos, las plantas privadas tampoco se ofrecen y las comunidades vecinas por ahora no han trasladado su disposición a hacerlo. Muchas empresas se encuentran al limite.

Trabajos en la planta de Zaldibar accidentada el pasado 6 de febrero y que sepultó a dos trabajadores.

Trabajos en la planta de Zaldibar accidentada el pasado 6 de febrero y que sepultó a dos trabajadores.

Día 23. Alberto y Joaquín siguen sin aparecer. La tierra se los tragó el 6 de febrero mientras trabajaban en la ladera del vertedero. Desde entonces, los servicios de rescate no dejan de rastrear la zona maldita. En Zaldibar comienzan a interiorizar que la búsqueda puede demorarse aún mucho más y que en gran medida dependerá de que la inestabilidad del área sea benévola y facilite las tareas. En los despachos la búsqueda es otra, de solidaridad y colaboración para gestionar otro tipo de problema: los vertidos que empiezan a acumularse por cientos de toneladas en naves industriales de todo el País Vasco y amenazan con afectar a su actividad.

En el sector de las acerías, las papeleras y la construcción han dado ya la voz de alarma: si no se encuentra una solución pronto muchos tendrán que parar, “la disponibilidad de espacio no es eterna, si no tienen sitio para depositarlo no podrán seguir generando residuos”, aseguran. Incluso desde la patronal vasca, Confebask, han advertido de que “el problema es cada vez mayor” y que amenaza con “parar el tejido industrial”.

En el País Vasco cada vez más empresas empiezan a estar angustiadas, el vertedero donde depositaban sus residuos lleva tres semanas cerrado y el resto de instalaciones o han cerrado repentinamente o aseguran no tener capacidad para recibir más ‘clientes’. Y el de Zaldibar tenía muchos, alrededor de 700 empresas que depositaban periódicamente sus vertidos industriales en sus instalaciones y que ahora no saben qué hacer con ella. Desde el Gobierno insisten en que esa es una responsabilidad de las propias empresas y que la Administración sólo tiene un papel “facilitador” pero no más allá.

En la red de 15 vertederos que existe en el País Vasco, la mayoría privados, se ha impuesto el mirar hacia otro lado o seguir en silencio: nadie quiere los vertidos que debía asumir el accidentado vertedero vizcaíno, no al menos de manera voluntaria. Cada día cerca de 200 camiones trasladaban sus residuos al vertedero accidentado, situada en la frontera entre Vizcaya y Guipúzcoa, a medio camino de Eibar y Ermua. El complejo gestionado por la empresa Verter Reciclyng 2002 recibía los residuos de compañías de toda Euskadi atraídas, en muchos casos, por sus bajos precios -16 euros la tonelada frente a los 38 euros que cobraba el vertedero público de Alava-, como revelaron esta semana responsables municipales de Vitoria.

Las empresas están almacenando sus vertidos en sus plantas a la espera de una solución. Algunas se encuentran al límite

Transcurridas más de tres semanas, las cerca de 31.500 toneladas que Zaldibar ha dejado de absorber se acumulan ahora en las propias plantas de las compañías. Las empresas intentan de modo individual dar salida en otros vertederos o esperan que se encuentre una solución global por parte de las instituciones al problema sobrevenido con la ‘crisis de Zaldibar’.

Ejecución «forzosa»

Fue el propio Gobierno vasco quien dio la voz de alarma la semana pasada. La imposibilidad de gestionar los residuos empezaba a llevar a algunas compañías a una situación límite poniendo en peligro, en algunos casos, incluso su funcionamiento. La Administración pidió la colaboración de otras Comunidades Autónomas para que se ofrecieran a gestionar los vertidos con destino a Zaldibar. Desde el Ejecutivo se asegura que por ahora no hay novedad, ningún ofrecimiento que comunicar.

La consejería de Medio Ambiente llegó a advertir que daría un plazo de 48 horas para conocer la disponibilidad de la red de vertederos que existe en Euskadi y que no descartaba implantar medidas de “ejecución forzosa” para obligar a las plantas a admitir las toneladas de vertidos que se siguen generando a diario. El plazo ha concluido y nada ha cambiado. “Cuando haya novedad, se comunicará”, insisten estos días desde el Ejecutivo de Urkullu. Por ahora no consta que ninguna Comunidad Autónoma haya ofrecido su colaboración, tampoco se ha informado de que se estén enviando los residuos a instalaciones de fuera del País Vasco.

El Gobierno guarda silencio. La falta de colaboración es evidente incluso entre sus socios de partido. Muchos de los vertederos privados no han contestado aún a la petición del departamento de Medio Ambiente para conocer su disponibilidad. En el caso de los públicos, gestionados por instituciones gobernadas y en localidades gobernadas por el PNV, las resistencias a hacerse cargo de los excedentes de vertidos son evidentes. En plena precampaña, ningún gobierno local o provincial parece querer asumir el estigma de convertirse en el destino de los vertidos que debían llegar a Zaldibar, el vertedero que está detrás de la alarma medioambiental generada por residuos peligrosos que dispararon los niveles de dioxinas y furanos en Eibar, Ermua y Zaldibar.

El Gobierno vasco tiene dificultades para que las planta públicas se comprometan y las privadas se ofrezcan a colaborar

La primera opción que se exploró fue los vertederos más cercanos, los vizcaínos. El Gobierno foral ya ha avanzado que no puede hacerse cargo, que el vertedero de Artigas y el de Jata están saturados. En Álava señalan que podrían hacer un esfuerzo pero limitado de 23.000 toneladas en su vertedero de Gardelegi pero sólo para vertidos de procedencia alaveses y ‘no peligrosos’. En Guipúzcoa recientemente un vertedero, el de Mutiloa, acaba de echar el cierre, y el de Epele habría que reabrirlo para asumir vertidos, cuestión que plantea mucho rechazo. Por último, en la red privada de vertederos, por ahora los precios parecen haberse disparado y los ofrecimientos a asumir más no se conocen. El Cluster de vertederos Aclima no se ha pronunciado.

El problema no es menor. El de Zaldibar era uno de los vertederos con más actividad de cuantos existen en Euskadi, con cerca de 500.000 toneladas anuales en los dos últimos años. Mientras se intenta buscar una salida, el departamento de Medio Ambiente ha comenzado a reconsiderar la política de gestión en esta materia que existe en el País Vasco. Una región con alta presencia industrial que requiere de otro modelo de gestión de los residuos. Para ello ya ha lanzado la advertencia de que estudiará la implantación de una ecotasa de vertido que limite recurrir a esta fórmula para deshacerse de los residuos. La propuesta pasa por implantar un canon que haga más costoso verter los residuos y fomente otras fórmulas como la revalorización energética o el reciclaje.

Más reciclaje

Actualmente en Euskadi se generan 6,3 millones de toneladas de residuos al año, en su inmensa mayoría, un 60%, procedentes de empresas del sector industrial. La construcción y las demoliciones generan una de cada cinco toneladas, algo similar a lo que producen los residuos de procedencia urbana. La renovada inquietud medioambiental que ha suscitado la ‘crisis de Zaldibar’ es el tipo de tratamiento que se da a los residuos y que ahora se quiere mejorar. Actualmente el 58% de los residuos procedentes de siderurgias, papeles o empresa de construcción se llegan a reciclar y otro 6% se somete a procesos de valorización energética. El problema radica en el 36% restante que no tiene ningún uso y terminan siendo transportados a un vertedero.

Por el momento, la crisis humana del ‘caso Zaldibar’ -aún pendiente- que el Gobierno insiste que es la prioritaria dio paso a otra de carácter ambiental y social y casi de inmediato a una de tipo político que amenaza con extenderse, al menos, hasta las elecciones de 5-A. La última, es una crisis industrial cuya resolución urge bajo riesgo de impacto económico.

Sólo el 58% de los residuos industriales se recicla y el 6% se valoriza. El 36% restante va al vertedero

Por ahora el lehendakari Iñigo Urkullu ha decidido salir del primer plano del foco mediático en el que evitó entrar en las primeras horas. Tras reconocer posibles errores y disculparse durante su comparecencia en el Parlamento Vasco, el lehendakari ha dejado en manos de la consejería de Medio Ambiente (PSE) y de Seguridad (PNV) el liderazgo de la mesa de crisis del caso. Esta semana, Urkullu y su Gobierno ha optado por cambiar de mesa y comenzar a liderar la que se ha constituido ante la posible llegada del coronavirus al País Vasco. Un lehendakari y siete consejeros al frente de una mesa sin casos confirmados en Euskadi.

De igual manera, las primeras voces del PNV han comenzado a recordar que no se quedarán de brazos cruzados y exigirán responsabilidades, políticas y judiciales. La semana pasada Urkullu anunció auditorias internas y externas para depurar responsabilidades. El miércoles el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria anunció que la Diputación se personará en el proceso judicial. Incluso que exigirá responsabilidades a los ayuntamientos que autorizaron los permisos y accesos a la planta –en tiempos de EH Bildu-. También los consistorios de Eibar y Ermua han hecho público que estarán presentes en los juzgados.   

Entretanto, los cuerpos de Alberto y Joaquín seguirán enterrados y los vertidos de cientos de empresas buscando una solución que no les obligue a para su producción.   

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