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La Ertzaintza decidió el arresto de los altos cargos de Zaldibar que la empresa tilda de "ilegales"

Los tres arrestos no se llevaron a cabo por orden judicial, como inicialmente se afirmó, sino por iniciativa de la policía autonómica tras lo descubierto en la investigación que lleva a cabo.

Un helicóptero arroja agua sobre un incendio ocasionado en el vertedero de Zaldibar.

Un helicóptero arroja agua sobre el vertedero de Zaldibar.

La detención ayer del dueño de la empresa Verter Reciclyng 2002, propietaria del vertedero de Zaldibar, José Ignacio Barinaga, del ingeniero jefe y de la gerente de la planta ha generado esta mañana un profundo malestar en la empresa de gestión de residuos que los ha calificado de «ilegales» y «contrarios a derecho» al no estar avaladas por un auto judicial. En contra de los que inicialmente se había afirmado, incluso en fuentes de la consejería de Seguridad del Gobierno vasco, los arrestos no se llevaron a cabo por orden judicial sino por decisión de la Ertzaintza.

La confusión por la decisión de detener a los tres altos cargos de la empresa, que continúan en dependencias policiales de Ermua a la espera de pasar ante la juez, ha llevado a la consejería de Seguridad a tener que emitir una nota aclaratoria. En ella, apunta que el «malentendido» generado en este caso le lleva a aclarar que fue la Ertzaintza la que «propuso» el arresto en tanto que policía judicial y dentro del marco de las investigaciones que lleva a cabo. Señala que se puso en conocimiento de los juzgados y las fiscalías los avances logrados en la investigación y que por los cuales se ha procedido a las tres detenciones. Aclara que las deteciones se lelvaron a cabo «con conocimiento» de los Juzgados y la Fiscalía, que autorizaron los registros realizados.

Las investigaciones apuntan hacia la posible comisión de sendos delitos contra los derechos de los trabajadores con el resultado de muerte para dos de los operarios, y un delito contra el medio ambiente. Por ahora, los tres arrestados se encuentran a la espera de declarar ante la juez, que podría completarse mañana jueves.

Los dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, siguen sin ser localizados desde el pasado 6 de febrero, cuando se produjo un derrumbe de miles de toneladas de residuos almacenados en el vertedero vizcaíno, lo que ocasionó que quedaran sepultados bajo la escombrera. Las intensas labores de búsqueda no han dado por ahora resultados y se continúa trabajando.

La familia de Joaquín Beltrán afirmó en mayo que la investigación que abrirá Bruselas, a instancia de Ciudadanos, supone una esperanza para esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades. La Comisión europea se ha comprometido a estudiar la responsabilidad de «las autoridades competentes» y los órganos jurisdiccionales. Aseguró que debían «haber detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado» los posibles incumplimientos que provocaron el siniestro. En su respuesta recordó que los principales responsables de verificar que no se produjeran «incumplimientos» y de garantizar una reparación adecuada de los daños causados son las autoridades administrativas y judiciales, «encargadas de la aplicación y ejecución de la legislación del a UE».

El lehendakari Iñigo Urkullu aseguró durante la campaña electoral que no cejaría en la labor de búsqueda de los dos trabajadores y que exigiría responsabilidades políticas en cuanto éstas puedan ser determinadas.

La crisis ocasionada por el colapso del vertedero se produjo poco antes de la primera convocatoria electoral prevista para el 5 de abril pasado. La gestión inicial del accidente por parte del Gobierno vasco, así como las profundas dudas sobre el proceso de almacenaje y autorizaciones en la vida útil del vertedero han sembrado de sospechas las labores de control sobre su funcionamiento. La aparición de restos con amianto, así como de otro tipo y para las que no contaría con los necesarios permisos afloró las posibles irregularidades que ahora se investigan.

Labor ‘subsidiaria’

Junto a ello, la consejería desveló que la vida útil de la planta se acortó de modo notable al superar la empresa de manera importante el volumen anual de residuos previstos, lo que podría haber afectado a la estabilidad de la ladera sobre la que se asentaba el vertedero. La actividad del vertedero comenzó en 2011 y la vida útil del mismo se estimó en 35 años. Sin embargo, el incremento anual de depósito de vertidos hizo que sólo el año pasado se alcanzará los 553.000 toneladas de residuos. A este ritmo el vertedero alcanzaría su capacidad máxima permitida en 2022, en lugar del 2046 como estaba previsto.

Distintos informes esgrimidos por el Gobierno vasco y por la empresa, previos al accidente, mostraron un estado dispar de la ladera, con aparicion de grietas, y sobre las condiciones de seguridad en la que trabajaban los operarios.

El Ejecutivo vasco ha subrayado siempre que se trata de una empresa privada y que si está actuando tanto en la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos como en la protección de la ladera afectada -bajo la cual transcurre la autopista A-8- es de modo subsidiario y que remitirá a la empresa el coste de todos los trabajos.

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