España

El Consejo Consultivo de Jueces Europeos pide información de la reforma del CGPJ

El representante español en el CCJE, órgano encargado de realizar informes sobre independencia, imparcialidad y competencia profesional de los jueces y entregarlos al Comité de Ministros del Consejo de Europa, trasladará su valoración

Reunión del Pleno del CGPJ. EP

El Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) ha pedido información sobre la reforma legal del CGPJ que han impulsado los dos partidos de Gobierno, PSOE y Podemos, para limitar la función de realizar nombramientos del órgano de gobierno de los jueces cuando esté en funciones. Una reforma que la mayoría de sus vocales (16 de 21) considera irrespetuosa con el principio de separación de poderes, base de los estados democráticos de Derecho.

Los dos partidos han recabado los apoyos necesarios en el Congreso para llevar a cabo la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el fin de limitar la función constitucional de realizar nombramientos del CGPJ y han rechazado escuchar su opinión, la de la Comisión de Venecia y la de los agentes afectados por la propuesta.

No es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes

El CGPJ trasladó una queja contra la reforma y, más en concreto, contra la decisión de la Mesa del Congreso de agilizarla sin recabar su opinión en un acuerdo del pasado 21 de enero. En éste, la mayoría de vocales lamentó la «tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones –eliminándola durante la situación de prórroga del mandato- que el artículo 122 de la Constitución Española le reserva [al CGPJ] con carácter exclusivo para garantizar la independencia de jueces y magistrados, al no ser la decisión adoptada el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes».

Afirmaron que sus peticiones «no eran más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial como uno de los elementos estructurantes y definitorios del Estado de Derecho por el que este Consejo ha de velar por mandato estricto del artículo 122 de la Constitución».

El órgano que informa de la independencia judicial

Ahora, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), constituido para reforzar la independencia e imparcialidad de los jueces en Europa, ha solicitado información sobre la reforma del Gobierno, según ha podido saber El Independiente, al representante español en el CGJE, un magistrado independiente del órgano de gobierno de los jueces, quien trasladará de manera inmediata su opinión al respecto.

El CCJE se encarga de realizar y recabar informes de especialistas sobre la independencia, imparcialidad y competencia profesional de los jueces para trasladárselos al Comité de Ministros del Consejo de Europa, del que es órgano asesor. Las opiniones de dicho órgano de jueces europeos puedan servir de base, por lo tanto, para la adopción de iniciativas comunes en el seno del Comité que vela porque se cumplan los valores fundamentales y los compromisos adquiridos por los distintos estados con los acuerdos del Consejo de Europa.

Condicionalidad de los fondos al Estado de Derecho

El pasado 16 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó el reglamento para evitar la utilización de fondos comunitarios por gobiernos de la Unión Europea que no respeten el Estado de Derecho, por lo que los gobiernos que vulneren los valores de la Unión Europea se arriesgan a perder ayudas.

Según se informó desde el Parlamento Europeo, «el texto no sólo se aplicará en caso de mala gestión directa de los fondos derivados de corrupción o fraude. También servirá para hacer frente a infracciones sistémicas de los valores fundamentales, como la democracia o la independencia de la judicatura, cuando esas vulneraciones afecten -o amenacen hacerlo- a la gestión de los fondos europeos».

PSOE y Podemos ya trataron de reducir la mayoría parlamentaria necesaria -en una segunda vuelta- para elegir a los vocales judiciales del CGPJ. Llegaron a registrar una propuesta en el Congreso para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en tal sentido, incluyendo también la limitación de la función de nombrar del órgano de gobierno de los jueces.

La propuesta del partido de Sánchez le costó una advertencia de las instituciones europeas. El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) advirtió de que podía violar las normas del Consejo de Europa. La carrera judicial también se mostró dispuesta a «plantar batalla» contra la reforma que entendieron supondría un ataque a la separación de poderes. Finalmente, ambos partidos renunciaron a la reforma inicial pero ahora impulsan una segunda propuesta de reforma de la ley en la que sólo se contiene el punto de los nombramientos. Los vocales del CGPJ instan a los partidos políticos a que se pongan de acuerdo para renovar el órgano, pero insisten en que no pueden dejar de realizar nombramientos porque tienen un mandato constitucional para ello y porque no se puede dejar a los órganos judiciales (Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, presidencias de Sala del Tribunal Supremo…) sin responsables.

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