Es la polémica de la jornada. El Gobierno evitó incluir el dictamen que solicitó al Consejo del Estado en el decreto sobre la gestión de los fondos europeos que se aprobó la semana pasada en el Congreso de los Diputados gracias a la abstención de Vox. Tanto PP como Ciudadanos han cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo por haber «arrancado» dicho dictamen del documento final, una decisión que, según confirman dirigentes de ambas formaciones, se debe a las conclusiones «demoledoras» del órgano consultivo sobre el reparto de las ayudas.

Según publica Europa Press, el Consejo de Estado ha confirmado que el Gobierno solicitó un dictamen sobre el decreto ley de los fondos europeos sin ser éste obligatorio, de modo que el órgano emitió un informe facultativo y no preceptivo. Lo que no se explican los partidos de la oposición es que sin ser este informe obligatorio, el Ejecutivo lo haya pedido para «arrancarlo» después de la hoja de ruta del decreto que regula la ejecución de las ayudas para paliar el impacto de la crisis del coronavirus.

Tanto PP como Ciudadanos aseguran tener constancia de que el informe es «demoledor» y va «en contra de los intereses» del Gobierno, y afirman que no es habitual ese tono «duro» por parte del Consejo de Estado en prácticamente ninguna cuestión. No obstante, ambas formaciones niegan haber tenido acceso a dicho documento, aunque han activado la maquinaria para hacerse con su contenido ya que, aseguran, sin la inclusión del informe el decreto podría ser declarado nulo. El partido de Pablo Casado, además de registrar una petición formal para que el Gobierno haga público el dictamen y una reunión urgente de la Mesa del Congreso, presionan para que sea el propio Consejo el que haga público el controvertido informe.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha calificado de «atentado contra la transparencia y contra los derechos de los ciudadanos y de la oposición» el hecho de que el Gobierno se niegue a hacer público el informe. «¿Qué miedo tiene el Gobierno a que lo conozcamos?», se preguntaba. Bal, ex abogado del Estado, asegura que los «rumores» apuntan a un dictamen de unas 96 páginas e insiste en que es «crítico» con el Gobierno. Y advierte, además, que el hecho de no publicar el dictamen del Consejo de Estado para «corregir los defectos» que señale el órgano en la tramitación del decreto como proyecto de ley «puede sentar como un jarro de agua fría» en Bruselas. La formación naranja se adelantó al PP y ya registró el pasado lunes una petición para conocer el contenido de dicho informe que la Mesa del Congreso, en que PSOE y Podemos tienen mayoría, tendrán que calificar la próxima semana.

El debate sobre el decreto de la gestión de los fondos europeos vuelve a estar a la orden del día después de la tensa votación de la semana pasada, en que la mayoría de partidos acusaron al Gobierno de «opacidad» y de ausencia de «mecanismos de control» en el reparto de las ayudas europeas, que se ejecutarán desde el Palacio de la Moncloa. El mayor chaparrón mediático le cayó a Vox, el partido que, contra todo pronóstico, permitió con su abstención la aprobación del decreto de gestión de los 140.000 millones que llegarán desde Bruselas.

Silencio en la bancada azul

Hasta en cuatro ocasiones ha sido preguntado este miércoles el Gobierno por la cuestión en la sesión de control del Congreso, la primera de 2021. Ni una palabra ha pronunciado Pedro Sánchez, Carmen Calvo o Pablo Iglesias sobre el asunto. El propio presidente del PP, Pablo Casado, abría la veda. «¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo del Estado para ocultárselo a las Cortes? Es un escándalo que puede hundir aún más a su Gobierno», cuestionaba, para luego coger el testigo tanto la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra; como el secretario general, Teodoro García Egea.

Desde el Gobierno defienden que harán público el documento cuando estimen oportuno y que en el caso de los reales decretos no es obligatorio adjuntar los documentos que no son vinculantes. Denuncian que el principal partido de la oposición esté acusando falsamente al Ejecutivo de ocultar deliberadamente el dictamen, y que responderán a la petición de Ciudadanos para entregar el documento, pero no de manera inmediata. Fuentes del partido naranja comentan que este tipo de solicitudes pueden demorarse un mes hasta su resolución.