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El Gobierno evalúa el euskera de 800 funcionarios antes de traspasar las cárceles

Pregunta a los trabajadores de las prisiones vascas su nivel mientras el Gobierno vasco se reúne con los agentes sociales ante el traspaso previsto para marzo. Euskadi contempla ya la aplicación de un itinerario de reinserción específico para presos de ETA.

Euskadi se prepara para asumir en apenas un mes la gestión de las tres prisiones vascas. El Gobierno central ultima los últimos flecos para transferir las instalaciones y los recursos humanos que aún hoy están vinculados a la administración del Estado. Se trata de un cuerpo de funcionarios de casi 800 trabajadores que pasará a ser personal dependiente del Gobierno vasco. El traspaso se ha acelerado con reuniones en las últimas semanas entre los dirigentes de ambos ejecutivos pero también entre la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y los agentes sociales de las prisiones. La titular de Justicia del Gobierno vasco ha mantenido encuentros con los representantes de los funcionarios de prisiones  para preparar el inminente traspaso de la titularidad de la gestión y del personal vinculado a los centros penitenciarios.

Junto a ello, también desde el Gobierno central se ha comenzado a dar pasos. Uno de los más significativos se ha promovido desde la delegación de Gobierno. Hace apenas dos semanas se sometió al conjunto de los empleados de las prisiones a una consulta para conocer cuál es su grado de conocimiento de euskera. Hasta ahora el nivel de exigencia de esta lengua era moderado en los procesos de acceso a la función pública y es posible que tras la asunción por parte de la Administración vasca de la gestión carcelaria se pueda modificar este extremo para equipararla al resto de la función pública del País Vasco.

Entre el colectivo de funcionarios de prisiones la inmensa mayoría procede de fuera del País Vasco. Los trabajadores nacidos en Euskadi son muy pocos y en general los conocimientos de euskera bajos. Los procesos de obtención del las plazas llevados a cabo en los últimos años sí valoraban el conocimiento de euskera pero sin que representara un gran peso. Durante un tiempo, a los candidatos se les llegó a financiar medios para su estudio. En muchos casos, incluso se habilitaron centros fuera de Euskadi, como la ‘Euskal Etxea’ de Madrid, donde acudir a estudiar euskera y obtener un título de cara a una convocatoria laboral.

Entre los empleados públicos se ha extendido cierto optimismo por el próximo traspaso al Gobierno vasco. Según fuentes consultadas por ‘El Independiente’ la operación prevista para el próximo 31 de marzo finalmente podría ejecutarse en dos fases. La primera de ellas, la cesión de la titularidad de las infraestructuras penitenciarias, sí se haría en el plazo previsto en el calendario de traspasos pero no así el referido a los medios humanos. La asunción por parte del Ejecutivo vasco de los casi 800 trabajadores de las tres cárceles vascas podría demorarse aún varios meses. La previsión es que en torno a junio la operación pudiera completarse.

Condiciones laborales

Por el momento el Gobierno de Urkullu no ha trasladado en qué condiciones asumiría a estos trabajadores ni los términos laborales que se les aplicará. Actualmente el personal carcelario en el País Vasco continúa percibiendo un complemento salarial añadido, de en torno a 300 euros, que se remonta a los años más duros de la violencia terrorista. Ahora se estima que las condiciones de trabajo que se les aplique sean económicamente más beneficioso para los funcionarios de prisiones.

Corresponderá a ellos aplicar el modelo penitenciario que ultima el Gobierno de Urkullu y que priorizará el carácter rehabilitador de la cárcel. La política penitenciaria continuará dependiendo del Gobierno de Pedro Sánchez pero su interpretación y aplicación en las cárceles vascas pasará ya a manos de los gestores del Gobierno de Urkullu. Aspectos como las futuras convocatorias de nuevas plazas para puestos de los centros penitenciarios tendrá que definirlos la Administración vasca. También la elaboración de los informes de seguimiento y control de los presos, fundamentales para la concesión de progresiones de grado o de beneficios penitenciarios.

La asunción de la competencia de prisiones llega tras más de dos años de progresivos acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi. Actualmente en los tres centros carcelarios: Zaballa (Alava), Basauri (Bizkaia) y Martutene (Guipúzoca) cumplen condena alrededor de 1,300 reclusos, de ellos al menos 34 son presos de ETA. Los últimos acercamientos de militantes de la banda se produjeron este viernes, con tres nuevos traslados a la prisión de Zaballa: Ignacio Aracama Mendia, José Ignacio Armendariz y Roberto Lebrero.

Desde hace seis años el Gobierno vasco preparar un modelo propio de gestión penitenciaria. Se trata de una política que priorizará la rehabilitación de los presos y estará dirigida en particular a los presos de ETA. El programa ‘Hitzeman’ (Dar la palabra) está especialmente orientado a presos condenados por delitos de terrorismo. En los últimos años el Gobierno vasco ha remitido cartas a los presos de la banda en prisión en las que les informaba de los planteamientos penitenciarios que ha venido defendiendo y promulgando. Lo ha hecho tanto en lo referido a sus demandas en favor de un acercamiento de los presos a cárceles a menos de 250 kilómetros de Euskadi, como los avances en su modelo penitenciario a aplicar una vez asuma la gestión de prisiones.

Acceso prioritario a prestaciones

El programa plantea a los presos de la banda que de modo voluntario quieran acogerse a él cumplir un itinerario individualizado previo a su salida de la cárcel. Una vez libres, y si completan satisfactoriamente el proceso, se les ofrece el acceso a una amplia red de apoyo que abarca desde los servicios de vivienda hasta la búsqueda de cursos de formación, empleo o incluso la posibilidad de optar a la percepción de una ayuda económica, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Se les concederá además prioridad al ser considerados un colectivo en “especiales circunstancias de riesgo de exclusión”, según se refleja en el último documento actualizado por el Ejecutivo vasco relativo a su modelo penitenciario.

A medio plazo todo apunta a que las prisiones vascas recibirán un mayor número de presos de ETA. Más de la mitad de los miembros de la organización que cumplen condena ya se ha beneficiado de algún tipo de acercamiento. En una segunda fase, y una vez que Euskadi asuma la gestión de las prisiones, se intensificaría la asunción de estos presos en centros vascos. El de mayor volumen es la cárcel de Zaballa, en Álava, con cerca de 700 presos. Tras ella se encuentra la prisión de Basauri, en Bizkaia, con 350 reclusos y finalmente la de Martutene, con 260 internos.

Sin embargo, en apenas dos años y medio está prevista la inauguración de la nueva prisión de San Sebastián, la cárcel de Zubieta, que sustituirá a la vieja de Martutene, que data de 1948. El nuevo complejo carcelario contará, a partir de la primavera de 2023, con hasta 234 celdas dobles. Su diseño se ha planteado con una nueva concepción penitenciaria orientada a favorecer la resocialización y rehabilitación de los internos.    

El Ejecutivo de Urkullu lo denomina ‘Programa asistencial de reintegración post-penitenciaria’. Será voluntario y para beneficiarse de él exigirá la condena expresa del terrorismo, haber nacido en Euskadi –o acreditar al menos dos años de residencia- y estar cumpliendo una condena superior a los cinco años. Además, el reo deberá demostrar que a su salida de prisión carece de recursos y medios suficientes para su reintegración social.

Rechazo expreso a la violencia

La propuesta plantea que se deba acreditar un triple compromiso por la paz y la convivencia “en el presente, en el pasado y en el futuro”. En este aspecto se exigirá a los presos la renuncia de la violencia, un distanciamiento crítico con el delito cometido, su vinculación con las vías pacíficas y democráticas y demostrar una voluntad real de reparación hacia sus víctimas. La pretensión de la Administración vasca es que cuando asuma la gestión de las prisiones se pueda consolidar una comisión que será la encargada de evaluar las peticiones de los reclusos que quieran acogerse a este proyecto de rehabilitación, que ya cuenta con una experiencia piloto puesta en marcha en 2015.

A cada preso se le diseña un itinerario personal. El objetivo es recabar su aportación a través de talleres que se puedan realizar en el centro penitenciario o en otras instituciones u organismos, incluso en programas restaurativos con víctimas del terrorismo. A la finalización de ese proceso la comisión evaluadora emitirá un informe de conclusiones en el que determinará si el preso está preparado para abordar la reinserción social, si ha acreditado voluntad real de “volver respetando la ley, comprometido con la paz y la convivencia”.

A partir de entonces, se le abrirán las opciones de acceso a los recursos de la Administración vasca en ámbitos como el acceso a vivienda, ayudas sociales, formación, búsqueda de empleo u otro tipo de prestaciones sociales. La norma que debe regular todo este plan de reinserción social se sustenta, recuerda el Gobierno, en el principio de “justicia restaurativa”. Requerirá que quienes se acojan a él hagan un reconocimiento “explícito del daño injusto causado a las víctimas”. El Gobierno vasco lo presenta como una suerte de camino de retorno desde la cárcel a la convivencia social que abarca cuatro valores, cuatro fases: Encuentro, reparación, reintegración y participación.