No es una ‘medida milagro’ ni acabará con la penuria en España pero al menos podrá reducir de modo importante su impacto. El Gobierno aprobó la semana pasada la renta mínima con la que aspira a paliar la herida social y económica de primera necesidad en 850.000 hogares que dejará la crisis sanitaria. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha inspirado en una gran parte de otras rentas sociales como la vasca y la navarra. Es el espejo en el que se ha mirado el Ejecutivo de Pedro Sánchez y en el que observa que una medida social de este tipo ha permitido en Euskadi, tres décadas después, dos resultados evidentes: una reducción de la tasa de pobreza extrema y suavizar las situaciones de necesidad, pobres un poco menos pobres.

Es lo que ha sucedido en las comunidades a las que el Ejecutivo de Sánchez ha cedido su gestión directa. Pese al malestar generado en muchas Comunidades Autónomas, el Gobierno ha justificado la decisión no sólo en la singularidad fiscal de Euskadi y Navarra, sino también en la larga experiencia en políticas de renta social mínima que acumulan y la eficiencia con la que las han aplicado, según reconoció ayer el ministro de Seguridad Social, Inclusión y migraciones, José Luis Escrivá.

En Euskadi se encuentra la más antigua de nuestro país, la RGI. Creada en 1989, la Renta de Garantía de Ingresos no ha logrado en sus tres décadas de funcionamiento erradicar la pobreza en el País Vasco pero sí la ha mitigado de manera relevante. Un reciente estudio elaborado por la Fundación Iseak, y en el que el Gobierno vasco se ha basado para evaluar el impacto de la RGI, ha concluido que sin la RGI hoy en Euskadi habría 61.000 ciudadanos más en situación de extrema pobreza. También concluye que a pesar de que la pobreza no se ha erradicado “las personas pobres en Euskadi son mucho menos pobres”.

53.000 perceptores

Actualmente en el País Vasco, entre sus 2,1 millones de habitantes conviven 110.000 personas que viven en condiciones de extrema pobreza. La RGI es hoy una ayuda vital para 53.000 hogares vascos. Son muchos pero menos de los que según los autores del informe la requerirían si no hubiera existido la política social de renta mínima que se implantó a finales de los 80, en plena crisis industrial, y que el País Vasco ha mantenido con variaciones en su diseño hasta la actual RGI. Hoy la tasa de extrema pobreza se sitúa en el País Vasco en el 5,1% pero los autores de Iseak aseguran que sin el impacto beneficioso de la RGI ese índice de extrema necesidad se situaría ahora en el 8%.

Esta renta vasca ha paliado las situaciones más acuciantes pero también las situaciones de pobreza más moderada pero de gran necesidad. Actualmente, según el Euroestat de 2018 –últimos datos publicados- la tasa de pobreza en Euskadi se situaba hace dos años en el 18%, muy por debajo del 26% de la media en España o incluso del 22% que otorga a la Eurozona.

La similitud entre el Ingreso Mínimo Vital y la RGI es importante. Pese a que los criterios sí guarden algunas diferencias, en ambos casos se procura un plan de ayudas económicas para distintas realidades en unidades convivenciales diversas. El Gobierno vasco ya ha anunciado que no modificará la RGI y que sus actuales 53.000 perceptores no verán modificada su cuantía, pese a ser notablemente superior a los importes previstos por el IMV. La Administración vasca complementará las cantidades, que en algunos casos son un 50% más elevadas a las previstas por el Gobierno.  

En la última década, fundamentalmente a raíz de la crisis económica de 2008, el riesgo de pobreza en el conjunto del país se disparó. También sucedió en el País Vasco. La demora en la recuperación económica, que se prolongó casi seis años, fue uno de los agravantes para cronificar algunas situaciones de necesidad. Así, según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno vasco, en 2008 la extrema pobreza sólo estaba presente en un 3,4% de la población vasca (73.856 personas) pero fue ascendiendo desde entonces hasta el 5,1% actual (110.442 personas). En caso de no existir la RGI esa cifra de alta necesidad alcanzaría las 171.000 personas, según este informe.

Hogares con niños

El documento, elaborado por los expertos Sara de la Rica, Lucia Gorjón, Gonzalo Romero y Ainhoa Vega, no oculta carencias en el modelo de renta mínima vasco. Tras reconocer que ha permitido en las últimas décadas frenar el incremento de las situaciones de pobreza, destaca que lo ha hecho de modo muy desigual en función de la composición de las unidades familiares. Una ayuda como la RGI ha facilitado salir del pozo de la extrema pobreza a los hogares con menos integrantes o incluso con pensionistas en su configuración y no así a las unidades de convivencia con más integrantes y con niños. Reorientar el plan para favorecer una redistribución de más recursos a estos hogares requeriría un aumento sustancial de las partidas destinadas a la RGI.

Otro de los temores que estos días han manifestado algunos sectores políticos y sociales, la cronificación de los perceptores en su situación de necesidad, no se constata de modo generalizado en el análisis de la RGI. La recuperación económica sí permitió a un bueno número de hogares salir de esa situación y no depender más de la renta mínima. La evolución en su demanda lo refleja. La recuperación de la crisis vino acompañada de una reducción de demandantes de la ayuda. Si en 2008, al inicio de la pasada crisis en Euskadi, 25.000 hogares solicitaban la RGI para cubrir sus necesidades básicas, cuatro años más tarde esa cantidad se había duplicado. En 2014 se tocó techo con cerca de 64.000 familias perceptoras. A partir de entonces la demanda de la RGI se ha ido reduciendo hasta los 53.000 actuales.