España | País Vasco Anulación de decretos

Batalla entre jueces y Gobierno vasco: "Pueden provocar un coladero normativo"

El vicelehendakari, Josu Erkoreka, recuerda a los magistrados que sus decisiones tienen consecuencias en la pandemia y duda del fundamento de su resolución para reabrir la hostelería: "En la facultad no se enseña a interpretar datos epidemiológicos".

El lehendakari Iñigo Urkullu preside la reunión del comité asesor del LABI.

El lehendakari Iñigo Urkullu preside la reunión del comité asesor del LABI.

El malestar es profundo y evidente. La última resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que permite a la hostelería de municipios en ‘zona roja’ abrir desde ayer sus puertas –con restricciones- ha soliviantado al Gobierno de Iñigo Urkullu que ha arremetido con dureza con el tribunal. Es la tercera ocasión en la que la sala de lo contencioso Administrativo que preside el magistrado Luis Ángel Garrido obliga a rectificar un decreto o una orden de medidas de lucha contra el Covid al lehendakari. Lo hizo cuando quiso obligar a adelantar el cierre a las 23.00 a la hostelería nocturna en una orden del pasado 28 de julio o cuando en octubre frustró la pretensión del Gobierno vasco de limitar las reuniones a seis personas.

Ahora el mismo equipo de abogados que logró que la justicia dejara en suspenso medidas en la hostelería de lucha contra la pandemia promovidas por la Administración vasca se prepara para recibir peticiones similares. La primera que ya se anuncia podría llegar desde el ámbito de la actividad deportiva, que también está prohibida en las localidades en las que la incidencia de contagios supera los 500 por cada 100.000 habitantes. Actualmente cerca de 80 localidades se encuentran en esta situación de limitación de la actividad y la movilidad.

El vicelehendakari del Gobierno y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, al igual que hiciera el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, cuestiona que los jueces basen su argumentación en una interpretación de datos epidemiológicos y de incidencia de la pandemia, sin fundamentarla en informes científicos. Erkoreka recordó de modo irónico que “puedo asegurar que en las facultades de derecho no se enseña a interpretar datos epidemiológicos”. Llega incluso a asegurar que los sucesivos reveses normativos impuestos por este tribunal, “pueden dejar como un coladero” el ámbito normativo de medidas para prevenir los contagios si nuevos sectores buscan ahora el amparo del TSJPV.

El malestar ha llevado al Ejecutivo vasco a recordar que una vez más se les deja sin herramientas para hacer frente a la propagación del virus. Lo hace además en una actividad sobre la que muchos expertos consideran que tiene un impacto directo en los contactos sociales y con ellos en los contagios. El Gobierno de Urkullu subraya de nuevo que el marco legal en el que deben moverse las comunidades autónomas les deja «atados de pies y manos» en muchos casos.

‘Invasión’ al espacio de la Administración

La crítica a la decisión del TSJPV de tumbar cautelarmente el cierre de la hostelería se fundamenta en que la decisión no viene respaldada por informes científicos. El Gobierno destaca que se limita a sustentarlo en la afirmación de que “la mayor parte de epidemiólogos”, sin mayor concreción, no avalarían dar por buena la existencia de una causa-efecto entre la apertura de la hostelería y la evolución de casos: “Nosotros tenemos estudios en los que sí se ve con claridad”, aseguró ayer en declaraciones a Onda Cero. Subrayó que los jueces han preferido “desplazar” la opinión de los técnicos del Consejo Asesor del Gobierno, compuesto por epidemiólogos y microbiólogos.

El consejero de Seguridad llegó incluso a insinuar la responsabilidad de los tribunales por el impacto negativo que pueden tener sus decisiones en la evolución de los contagios. En este sentido recordó que la no limitación de la actividad de ocio nocturna el pasado verano pudo estar detrás de parte del repunte de casos detectado en algunos municipios, como ahora podría ocurrir con la reapertura de la hostelería en víspera de un fin de semana de Carnaval: “Hay un planteamiento invasivo del espacio decisorio de la Administración pública por parte del poder judicial, esto no es nuevo”.

Hoy se reunirá el comité técnico que asesora al Ejecutivo vasco y evaluará la situación y evolución de la pandemia. También analizará el impacto que la reapertura de la hostelería en los municipios con más casos pueda tener a medio plazo. Este comité emitirá un informe y propuestas de posibles medidas, sobre las que el viernes se pronunciará el Gobierno de Urkullu. Entre ellas se especula con la posibilidad de que se incluyan nuevas restricciones que pudieran compensar la resolución y el revés dado por el TSJPV permitiendo de modo cautelar la reapertura de la hostelería.

La Administración vasca teme que ahora nuevos colectivos intenten lograr por la vía judicial que se tengan que levantar las restricciones impuestas, lo que consideran que podría derivar en una situación “muy delicada”. Actualmente la incidencia acumulada de la pandemia en el País Vasco está ligeramente por debajo de los 600 casos por cada 100.000 habitantes. El portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, aseguró que medidas que se aprueban por parte del Ejecutivo “no son un capricho de los políticos, ningún político anda por el mundo viendo cómo fastidiar a la gente”. Defendió el cierre de la hostelería de acuerdo a las “evidencias científicas” que guían medidas similares en la mayor parte de los estados europeos, “que tienen la hostelería cerrada a cal y canto”.

El juez y los epidemiólogos «de cursillo»

En este pulso entre el poder Ejecutivo y el Judicial se completó ayer con informaciones con las que se ponía en duda los principios que podrían haber guiado el posicionamiento del magistrado Luis Angel Garrido. Por la tarde se hizo público un extracto de su participación en una tertulia radiofónica en Radio Popular de Bilbao el pasado lunes, apenas horas antes de que el martes se hiciera pública la resolución sobre la hostelería. En ella Garrido, que opta junto a otros cinco aspirantes, a presidir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se refería a los epidemiólogos como profesionales de una especialización moderada, «son médicos de cabecera que han hecho un cursillo, no son doctorados de esto», dijo.

En la tertulia, que la emisora no publicó en su pagina web, el desde hace diez años presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, también se mostraba crítico con las medidas adoptadas por los gobiernos: «Y ahora que te digan que para que el virus se reduzca tiene usted que quedarse en casa, no hablar con nadie, no tiene que ir a ningún espectáculo cultural ni hacer nada de nada. Pues claro, para decir eso ya lo sabían en la Edad Media». Llegó incluso a afirmar que en un hipotético escenario de incremento «del 2.000%» de contagios de enfermedades de transmisión sexual», él también podría actuar como «el gran epidemiólogo de la zona» y decir: «Muy fácil, estense dos años sin relaciones sexuales y así bajará la curva».

Horas antes se había hecho público el perfil de Whatsapp del magistrado en el que se ve una imagen de Van Morrison tocando el saxofón. En el se lee el lema de una de sus últimas canciones, ‘No more lockdown (No más confinamiento). La canción se ha convertido en himno del colectivo de negacionistas en Reino Unido: “No más confinamiento, no más abuso de gobierno, no más policía fascista…”, dice la letra. El propio juez aseguró a ETB que simplemente era reflejo de su afición a la música de Morrison pero que en ningún caso supone que defienda las tesis de quienes niegan la existencia de la pandemia.   

El último revés del Gobierno vasco se suma a los recibidos desde el inicio de 2021 y que han elevado el tono de los reproches de la oposición. Al varapalo que ha supuesto la resolución del TSJPV sobre el cierre de la hostelería se añade la polémica por el comportamiento de algunos actos cargos de la Administración sanitaria. El departamento de Salud cesó el martes al miembro de su consejo asesor, Ibon Etxeberria, por saltarse el confinamiento perimetral municipal para acudir a jugar al golf. Aún ayer la consejera de Salud, Gotzone Sagardui continuaba dando explicaciones sobre el procedimiento irregular de vacunación que ha salpicado a directivos de Osakidetza.

Pese a que la evolución de la pandemia comienza a moderarse, la situación sigue aún siendo delicada en el País Vasco, donde sólo en la última semana el virus ha provocado la muerte a 99 persona. La incidencia acumulada está muy lejos del objetivo fijado por el Gobierno Urkullu de 60 casos por cada 100.000 habitantes, al alcanzar los 591 casos, algo inferior del pico alcanzado en esta tercera ola el pasado día 2 con 668 casos por cada 100.000 habitantes.

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