P.N. posa en la puerta de su domicilio

P.N. posa en la puerta de su domicilio Sofía Ocaña

Andalucía | España

"Sé que sigo llevando una diana en la cabeza"

Hablamos con el ex guardia civil que destapó la corrupción en la Unidad Antidroga de Málaga

Nuestro interlocutor nos espera en la puerta de su vivienda. Observa cómo nos acercamos con nuestro coche. Con mirada rápida mira a izquierda y a derecha. Nada parece contrariarle. Es entonces cuando nos saluda con cierta efusividad, aunque tampoco se fía plenamente de los periodistas y nos invita a entrar en su casa.

A partir de ahora le conoceremos con las iniciales P. N. Lleva muchos años con la guardia levantada, viviendo en estado de alerta permanente. Es consciente de que hay gente que prefiere verle muerto; por lo que sabe, por lo que conoce, porque en su día decidió colaborar con la Justicia, por lo que entonces contó o tal vez por lo que nunca ha contado. Le han amenazado muchas veces.

En el juicio del caso EDOA, (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas) celebrado en 2015 en la Audiencia Provincial de Málaga, donde se juzgó al máximo responsable de la Unidad, el teniente Valentín, a otros agentes y a personas vinculadas al narcotráfico, recibió amenazas constantemente. «‘Eres un muerto andante’. Ésa era la frase que más solían repetir desde el banquillo de los acusados», recuerda con cierta angustia. No obstante, él no se arredró. Compareció en el juicio con la convicción de que había hecho lo correcto.

«Si no hubiese sido por mí, la corrupción policial se hubiese institucionalizado en el EDOA de Málaga. Ya por aquel entonces, el teniente y algunos de sus subordinados habían logrado una amplia infraestructura, controlaban a muchas organizaciones, habían dado de alta en las bases policiales a confidentes que más bien eran socios y utilizaban los medios legales para sus fechorías», comenta P. N. Pero ahora, tras el paso de los años, tiene una sensación agridulce.

He puesto en peligro mi vida y la de mi familia; los propios compañeros del Cuerpo me consideran un proscrito»

«No sé si volvería a actuar como lo hice. Al final no he tenido ningún beneficio, ni económico, ni penal ni personal. He puesto en peligro mi vida y la de mi familia, los propios compañeros del Cuerpo me consideran un proscrito, no he tenido ningún tipo de reconocimiento social. Colaborar con la Justicia en este país es ponerte una losa encima», sostiene. Dice además que «nadie te apoya, no hay programas para testigos, nadie te facilita nada». «Al final fueron mis abogados los que consiguieron negociar con la fiscalía mi condena. De nada sirvieron todos los años en los que cooperé con el GRECO (Grupos de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado) de la Policía Nacional».

La lucha contra la serpiente

Para comprender todo el periplo vital de P. N., es necesario que retrocedamos unos cuantos años. A mediados de los años 80 del siglo pasado y tras su paso por la Legión, P. N. desembocó en la Guardia Civil, concretamente en los GAR (Grupos de Acción Rápida), una unidad de élite especializada en aquel momento en la lucha contra ETA. Allí vivió episodios muy cruentos, enfrentamientos armados con los etarras, acciones clandestinas en la frontera, donde uno se acostumbra a vivir con la adrenalina disparada. Un accidente en acto de servicio en un helicóptero de los GAR y varias caídas de moto en la Unidad del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de Málaga, donde fue trasladado con posterioridad. Le apartaron definitivamente de la Guardia Civil a principios de los 2000. Hasta ese momento, su hoja de servicios había sido impecable.

No sé por qué decidí saltar al otro lado y empezar a colaborar con los narcos. Creo que era por pura adrenalina»

«No sé por qué decidí saltar al otro lado y empezar a colaborar con los narcos», dice P. N. «Lo he pensado muchas veces. La primera vez que lo hice fue en el año 2004. Creo que era por pura adrenalina. Necesitaba sentirme vivo, no por dinero, el dinero venía sólo. Yo creo que añoraba la acción, el peligro».

P. N. había creado en aquella época una empresa de reformas. En ella trabajaban algunos jóvenes marroquíes. Uno de ellos sabía que había sido guardia civil. Y le tentó. Le dijo que en determinada fecha iba a llegar a la playa de la Araña (ciudad de Málaga) una embarcación cargada con 600 kilos. El piloto había decidido dar un palo a su organización y quedarse con el hachís. P. N. aceptó colaborar en ese palo. Estuvieron esperando hasta las seis de la mañana pero allí nadie apareció y decidieron irse. Pero una hora y media más tarde apareció un joven con la embarcación. Alguien que paseaba con su perro por la playa llamó a la policía y el joven fue detenido. Resultó ser el hijo de un miembro de la Marina Real de Marruecos.

«Me hice muy amigo del padre. Ayudé todo lo que pude a su hijo. Al final, no fue juzgado. En aquella época cualquier información sobre el fundamentalismo yihadista era muy apreciada». Tres años después aquel joven marroquí le vino a buscar a su casa.

El sinuoso mundo del narcotráfico

«Después de salir de prisión, el joven marroquí había creado un ‘grupo de trabajo’ con un subinspector de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado), un guardia civil de tráfico retirado y un inglés. Todos cumplían a la perfección su papel. El moro hacia de moro, tenía la muestra. El inglés, de posible comprador. El guardia civil y el policía eran el grupo de asalto. Llegaban con pirulos (luminosos policiales) e irrumpían donde fuese necesario para quedarse con el dinero o la droga. Aquella tarde me vino a ver para proponerme una operación».

El joven marroquí quería vender supuestamente 400 kilos de hachís. El inglés había buscado un comprador, un hombre de nacionalidad lituana. Y contactaron con P. N. porque querían quedarse con el dinero del lituano sin dar un sólo gramo de hachís.

«Se trataba de montar un control policial en el momento adecuado, dejar pasar el coche del marroquí y detener el coche del lituano para quedarnos con el dinero. Yo contacté con varios guardias de determinado acuartelamiento y ellos se prestaron sin problemas. Montamos el control, detuvimos el coche pero el lituano intentó escapar. Le metí un viaje y cayó al suelo. Entonces descubrí que llevaba una bandolera con un revólver y cinco cartuchos. Los supuestos 24.000 euros que llevaba para comprar la droga eran sólo 300, dos billetes de 100 y dos de 50, lo demás eran recortes de papeles. El lituano pensaba hacer lo mismo. Quedarse con la droga sin pagar un duro e incluso matar al marroquí».

Le llamaron para proponerle algo que no se esperaba: el secuestro de un individuo que había dejado de pagar dinero a un joyero de Puerto Banús, que ejercía también de prestamista. P. N. aceptó.

El lituano fue detenido por los mismos guardias que se habían prestado a hacer el paripé. Y encima fueron condecorados, pues tenía varias órdenes de busca y captura internacionales. Pero a partir de ahí sucedió algo que hizo ver a P. N. que el grado de corrupción policial en aquella época era mayor de lo que él mismo se pensaba. Dos jefes de los guardias que habían intervenido en esa falsa operación le llamaron para proponerle algo que no se esperaba: el secuestro de un individuo que había dejado de pagar dinero a un joyero de Puerto Banús, que ejercía también de prestamista. P. N. aceptó. Le secuestró en el Corte Inglés de Marbella, apoyado por otros dos agentes fichados para tal operación. Les adelantaron 50.000 euros. Era un polaco.

«Lo metimos en el maletero del coche, un Seat León. Lo llevamos hasta una playa. Allí nos esperaba un coche con dos bigardos extranjeros que daban miedo. Le sacamos del maletero y se lo cedimos. Ellos le pusieron una capucha. Siempre me he preguntado qué pasaría con aquel polaco. Me imagino que acabaría pagando».

Pisando los callos de otros clanes

La rueda ya había empezado a girar para P. N. y no la podía detener. El hecho de haber sido guardia civil le daba un plus de atractivo para los narcos. Infinidad de conseguidores, de intermediarios, empezaron a ponerse en contacto con él.

«Era gente que sabía que eras guardia civil, que podías aportar seguridad tanto a los alijos como a los propios narcos. Ellos necesitaban y necesitan que alguien les abra la puerta para realizar sus operaciones. Esa puerta se la podía abrir yo o cualquier otro agente, pero yo tenía una buena cualidad, era mi seriedad y mi decisión de seguir hasta el final con mis compromisos. Y en ese momento me vi envuelto en un mundo que en cierto modo me gustaba: muchas reuniones, muchas propuestas que en su mayor parte no se llegaban nunca a efectuar. Luego me enteré, porque así está recogido en el sumario de mi caso, de que muchas de aquellas reuniones servían para que los intermediarios ganaran mucho dinero a costa mía, pues con la excusa de que venían a ver al ‘verde’ les daban 6.000 euros para mí que se quedaban ellos».

Pero P. N. no se percató de que con su actividad estaba haciendo la competencia a otros guardias civiles corruptos que tenían bien delimitado su territorio. Algunos de estos intermediarios comentaban que había un teniente de la «UDYCO de la Guardia civil», no conocían el nombre de «EDOA», que les daba seguridad para alijar en determinadas playas.

«A mí me decían que era un individuo moreno, aceitunado, con flequillo, que llevaba zapatos mocasines y que andaba un tanto raro. Era la descripción del teniente Valentín, pero en aquella época era el jefe de la unidad antidroga y costaba trabajo creerlo. Me dijeron el lugar donde mantenían citas con él y fui a verificarlo por mí mismo. Y efectivamente, era él. Al teniente Valentín le conocía muy bien. Prácticamente habíamos entrado los dos a la misma vez en el Cuerpo. De jóvenes habíamos coincidido en Alhaurín. Él luego se casó con la hija de un coronel del Cuerpo. Era un oficial de ‘sangre azul’ protegido y aupado. Y, sin embargo, allí estaba, negociando con los narcos, dando seguridad a sus alijos. En el sumario del caso EDOA se recoge una reunión que tuvo con algunos mafiosos a los que mostró sus poderes dirigiendo una patrullera de la guardia civil a su antojo. Eso valía mucho dinero de cara a los narcos».

Imagen del juicio por el caso Edoa | Europa Press

En las notas encontradas en el despacho del teniente Valentín una vez que fue detenido, figuraban distintos nombres de guardias civiles a los que consideraba «verdes corruptos». «Él no los denunciaba ante Asuntos Internos. Los tenía en el punto de mira. Y así podía en un momento determinado tenerlos bajo su dominio y control», afirma P. N.

En el año 2008 nuestro interlocutor quiso detener todo aquello, salir de aquel círculo infernal en el que vivía. «Veía a tanta gente que ya no sabía si eran de la UDYCO, de Asuntos Internos, de la DEA. Tenía la necesidad de parar, de descansar».

Yo soy guardia civil y lo seré hasta que me muera. Iba a denunciar la corrupción pero se me quitaron las ganas. Decidí ganar dinero»

Observando la tela de araña que se iba extendiendo en el Cuerpo, en febrero de 2008 P. N. contactó con un amigo suyo de los GAR. Le contó lo que estaba sucediendo y cerraron una entrevista con agentes del Servicio de Información de Melilla. Pero aquella entrevista fue una profunda decepción.

«Vinieron tres agentes de paisano. Me sentaron en una mesa. Abrieron un portátil y me dijeron: ‘¿Tú qué ganas con todo esto o qué quieres ganar?’. No me gustó nada el tono de la pregunta ni la actitud hacia mí. Yo soy guardia civil y lo seré hasta que me muera. Iba a denunciar la corrupción pero se me quitaron las ganas. Decidí ganar dinero».

‘Stop’ al guardia civil delincuente

Aquella etapa de su vida terminó el 19 de octubre de 2009. P. N. fue detenido en el marco de la operación Sabina, llevada a cabo por el EDOA de la Guardia Civil y la UDYCO de la Policía. Se encontraba a un kilómetro y medio de la playa dando seguridad a un alijo. Lo curioso es que el juez que dirigía la investigación, a instancias de la Policía, había dado órdenes de no detenerle a la espera de culminar la operación y desentrañar una supuesta red de guardias civiles que colaboraban con él. Pero el teniente Valentín y su subordinado Orellana incumplieron esa orden y le detuvieron a él y a un sargento.

«Nosotros nos callamos, nos comimos el marrón. Hubo mucha gente que se nutrió de nosotros, pero luego nadie nos preguntó si necesitábamos algo», afirma P. N.

Esas primeras horas en el calabozo de la Guardia Civil fueron una auténtica tortura para P. N. Según denunció en su día, el teniente Valentín y el guardia Orellana registraron la casa del sargento, antes del registro oficial, y se apropiaron de más de 40.000 euros que guardaba en la vivienda. Durante el juicio este hecho no quedó demostrado, «pero simplemente porque no se quiso investigar», afirma P. N. » Bastaba con haber seguido el rastro de un coche comprado en aquella época por uno de los denunciados».

Ya aquella noche de su detención, y mientras iba al hospital a una revisión, P. N. recibió la oferta de colaborar con el teniente y el guardia Orellana.

«Orellana me dijo que estuviera tranquilo, que de la cárcel se salía. Que cuando saliera me pusiera en contacto con su mujer que era abogada y que ellos me ayudarían. Era una de sus tácticas. Ofrecer trabajo para ellos como confidentes, darte de alta en los ficheros policiales por si saltaba alguna investigación del Cuerpo de Policía. Era una manera de protegerte y de protegerse. Lo habían hecho anteriormente con otros narcos».

A los pocos días de haber ingresado en prisión, P. N. recibió la visita de dos miembros de la Policía, uno del GRECO y otro de la UDYCO. Habían comprobado algunas de las cosas que les había contado en anteriores declaraciones. Y ya no tenían duda. El objetivo era acabar con la corrupción dentro del EDOA de la Guardia Civil.

«Yo ya les había dicho en alguna ocasión que ellos eran socios de un delincuente o al menos cómplices. Me propusieron colaborar con ellos para desenmascarar al teniente y a sus secuaces. Y yo les dije que sí, que de acuerdo, pero fuera de la cárcel y con un pacto con la Fiscalía».

Colaborar con la Justicia

El 17 de diciembre de 2009, P. N. quedó en libertad. La Fiscalía lo único que pudo prometerle fue un indulto parcial, y eso si el asunto llegaba a buen puerto. Aún así aceptó. «Estaba muy cansado. Quería desenmascarar todo aquello. Yo podía ser un delincuente, pero un don nadie si me comparaba con lo que estaba pasando en el EDOA. Me parecía bastante hipócrita todo».

Los inspectores de la Policía Nacional le dieron tregua hasta después de Navidades. En enero, se puso en marcha un plan para intentar cazar al teniente Valentín. P. N. llamó a la abogada compañera de Orellana. Le dijo que quería hablar con él. Y Orellana no tardó en ponerse en contacto.

«Esa primera conversación fue grabada por la policía, aunque no sé cómo lo hicieron. Yo no llevaba ningún micro. No tiene mucha calidad porque Orellana era listo y nos pusimos a hablar en un bar debajo justo de un televisor. Parece ser que cuando te graban a distancia se capta más el sonido del aparato. Aun así, Orellana ya me propuso un negocio suculento: 150.000 euros por cada 1.000 kilos de hachís. En realidad ellos ya tenían captada una amplia red de colaboradores, algunos miembros del antiguo Servicio Fiscal y algunos componentes de distintos acuartelamientos. No sólo les interesaba que algunos alijos tocaran la playa, sino también saber cuáles eran las guarderías a los que iban los fardos de hachís. Orellana era un experto en conseguir balizas y él o alguno de sus colaboradores las situaban en los fardos. Así localizaban el sitio donde se escondía el hachís ya en tierra y bien hacían operaciones legales, reservándose una parte del hachís, o bien daban vuelcos, es decir, les robaban toda la mercancía a los dueños».

Pero el visto bueno para la colaboración lo tenía que dar el teniente Valentín. «A ellos les interesaban nombres de narcos, lugares donde se iban a producir los alijos, el desembarco de la droga, guarderías donde almacenarla y creían que yo podía facilitarlo».

Tanto es así que a los 15 días de la primera reunión tuvo lugar la segunda. Pero para aquella ocasión a P. N. los inspectores del GRECO le facilitaron una bandolera del tipo de las que él siempre portaba con un micrófono dentro.

«Llegaron tres coches desde Madrid. Me dieron una bandolera y me advirtieron de que ni la tocara. Me dijeron que no podían protegerme, que iba a estar vendido. En el culo de la bandolera habían colocado un dispositivo. Yo esperé en una venta al teniente y a Orellana. Ellos llegaron y me hicieron señas para que saliera. Delante del coche del teniente, un audi Q7, Orellana empezó a cachearme y a registrarme. Me revolví contra él y le dije qué quién se creía que era yo. Ahora mismo me voy para mi casa. Hemos terminado. Si confías, confías y si no, esto termina aquí. Fueron palabras milagrosas. Surtieron efecto. Me introdujeron en el coche. Y ahí en ese receptáculo empezamos a hablar. Todo quedó recogido con suma nitidez. Me propusieron darme de alta como confidente, hablaron de nuevo de 150.000 euros por cada mil kilos. El teniente me dijo que tal y como me lo montara podía sacar de los dos lados, siendo confidente de ellos y cobrando de fondo reservados y luego siendo socio en los palos. Cada vez hay más medios, me dijo para animarme a continuar en este fregado. Me dieron unas claves para ponerme en contacto con ellos. Si recibía una llamada a las ocho, debería entender que nos veríamos a las 24 horas siguientes en la puerta del cementerio de Málaga».

Hasta la denuncia de P. N. nadie había investigado ni querido investigar todas las irregularidades que salpicaban la gestión de ese mando al frente de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil

Aquel día el máximo responsable del EDOA y uno de sus cómplices empezaron a sembrar un camino que les conduciría años después a la cárcel. Hasta la denuncia de P. N. nadie había investigado ni querido investigar todas las irregularidades que salpicaban la gestión de ese mando al frente de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil. Muchos de sus subordinados, viendo el sin sentido de muchas de sus operaciones, en las que los narcos se iban de rositas, comentaban que «o bien era tonto o bien ponía el cazo». Pero la ley del silencio imperaba. Nadie se atrevía a elevar una queja, a insinuar una sospecha. Sabían que serían destituidos y trasladados de destino.

P. N. siguió viéndose durante dos meses con sus interlocutores. Para entonces el GRECO ya le había comunicado a la Unidad de Servicios de Asuntos Internos las supuestas andanzas del teniente. Y por primera vez, el SAI (Servicio de Asuntos Internos), con autorización judicial, intervino los teléfonos del despacho de la Comandancia de Málaga y montó micrófonos en el Q7 del teniente. En octubre de 2010 cayó Orellana, a quien le encontraron equipos de radiotransmisiones en su casa sacados de la Comandancia sin ningún tipo de control. En diciembre fue detenido el teniente por causas relacionadas con el narcotráfico en distintas operaciones en las que había intervenido. También fue imputado el capitán de la Unidad, aunque posteriormente en el juicio quedaría absuelto.

Sé que a los que denuncié no perdonan. Cualquier día puede pasar cualquier cosa

«Si no hubiese sido por mí, la corrupción en el EDOA de Málaga se hubiese extendido como una mancha de aceite. Yo fui el que inició la investigación que llevaría a la desarticulación de algo tan peligroso como que los centros neurálgicos de las fuerzas de seguridad estuvieran corrompidos. Fui un colaborador de la Justicia. No un chivato, ni un confidente. Me arriesgué por nada porque nunca he tenido beneficio alguno. Encima siempre he sido vilipendiado por todos, incluso por mis propios compañeros. Y además sé que a los que denuncié no perdonan. Cualquier día puede pasar cualquier cosa».

Finalmente, en el año 2015 se celebró el juicio por el EDOA. La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Málaga se personó como acusación popular en su lucha contra la corrupción policial y en cierto modo como apoyo a la labor realizada por P. N. El teniente fue condenado a diez años de prisión por la Audiencia Provincial. El guardia Orellana se fugó. Estuvo un año huido. Luego pactó su regreso y acepto 19 años de cárcel. En el año 2019 el Tribunal Supremo rebajó la condena del teniente a 3 años y 9 meses de prisión.

Aceptó 18 meses de prisión por un delito contra la salud pública y seis meses por tenencia ilegal de armas

Finalmente en 2020 P. N. también conoció su sentencia. Aceptó 18 meses de prisión por un delito contra la salud pública y seis meses por tenencia ilegal de armas. Pero no tuvo que entrar en prisión. La condena quedaba en suspenso durante cinco años, tiempo en el que no tendrá que delinquir por los mismos motivos.

«La mía ha sido una vida supeditada a la acción y, por eso, he conocido las caras de todo lo bueno y de todo lo malo de este mundo en el que he vivido». Esa mirada del que se ha asomado al abismo es la que le acompaña cuando finalmente, de nuevo con todas las precauciones, nos devuelve al coche que nos ha traído hasta su casa.

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