La mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confía en que el tercer acercamiento entre el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) que se produce desde 2018 para cerrar un acuerdo de renovación del órgano sea definitivo.

Precisamente esa sensación de inminencia ante los contactos entre el Gobierno y el partido mayoritario de la oposición llevó este lunes al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, a retirar del orden del día del Pleno ordinario (reunión mensual de los 20 vocales más el presidente) que tendrá lugar el próximo jueves los ocho nombramientos de la cúpula judicial previstos. Con el gesto, mostraba la disposición a apartarse y facilitar la renovación del CGPJ, que lleva tiempo exigiendo a los políticos que se pongan de acuerdo. Además, Lesmes consideró que era coherente con la actuación del órgano de gobierno de los jueces que, en el tiempo que lleva en funciones, ha paralizado las designaciones las dos veces que ha visto posibilidades de que se cerrara dicho pacto entre los grupos mayoritarios del Congreso.

Sin embargo, un grupo de ocho vocales tanto conservadores como progresistas presentaron un escrito en el que se opusieron a la decisión del presidente y pidieron mantener en el orden del día los nombramientos, por lo que éste no tendrá más remedio que hacerlo. Ven que, como dicta el Reglamento de Organización y Funcionamiento del órgano, es una decisión que no corresponde sólo al presidente, sino que tiene que ser votada por los 20 vocales.

Fuentes del Consejo vienen a reconocer que los nombramientos en cuestión -de gran importancia porque tres de ellos son para cubrir plazas de magistrado en dos Salas del Tribunal Supremo y presidencias de Tribunales Superiores- ya contaban con un amplio acuerdo, estaban prácticamente cerrados. En las últimas fechas, el CGPJ ha sacado adelante nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales con un amplísimo acuerdo, de hasta 18 y 19 votos de 21. Las plazas previstas para cubrir en el próximo Pleno son dos de magistrado en la Sala Primera del Tribunal Supremo, una en la Cuarta, las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco y Canarias y la presidencia de la Sala Social del TSJ del País Vasco, así como las presidencias de las Audiencias Provinciales de Almería y Salamanca.

De esta manera, el Consejo saliente reivindica hasta el último momento su mandato constitucional para nombrar que PSOE y Podemos tratan de retirarles cuando estén en funciones, según la propuesta que ambos grupos registraron en el Congreso. Una iniciativa que recibió duras críticas en el órgano de Gobierno de los jueces, incluso por parte de vocales propuestos por el PSOE.

Precisamente dos vocales propuestos por PSOE, Victoria Cinto y Roser Bach, están entre quienes no han dejado a Lesmes más remedio que mantener los nombramientos en el orden del día con la presentación del mencionado escrito. También siguieron la iniciativa Ignacio Lucas (propuesto por PNV) y Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, José María Macías y Vicente Guilarte (propuestos por PP). En este sentido, el denominado bloque conservador se rompió tras una reunión del pasado sábado en la que los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Wenceslao Olea consideraron que por coherencia había que paralizar los nombramientos, según trasladan las fuentes consultadas por El Independiente.

Rifi rafe entre Gobierno y PP

Hasta que llegue el jueves y se vea qué pasa con los nombramientos, continúan los contactos entre el Gobierno y el PP para cerrar el acuerdo de renovación. unas negociaciones que, como publicó este diario, ya han pasado directamente a Moncloa y a Génova aunque sean los grupos parlamentarios quienes anuncien el acuerdo si es que finalmente se produce.

Este lunes, durante una entrevista en Cadena Cope, el secretario general del PP sacó pecho de que el Gobierno había aceptado la condición de su partido de dejar fuera de la negociación a Podemos. Unas palabras a las que contestó el ministro de Fomento José Luis Ábalos afirmando que «esta relación se ha planteado como Gobierno y ya sabemos quienes los conforman», en referencia a los socios de coalición PSOE y Podemos. Ambas reacciones contribuyen a la falta de apariencia de imparcialidad del CGPJ, cuyos vocales deben ser elegidos por una mayoría de las Cortes y, según el sistema de separación de poderes, ni el Poder Ejecutivo debe interferir en su día a día ni el órgano judicial en la del Poder Ejecutivo.