El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado los recursos presentados contra la prohibición de la Delegación del Gobierno en Madrid de celebrar concentraciones o manifestaciones en torno a este 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, tal y como ha adelantado El País.

Colectivos feministas y sindicatos habían recurrido la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las manifestaciones por el Día de la Mujer porque «criminaliza a las mujeres», mientras la vicepresidenta Carmen Calvo argumentaba que los datos epidemiológicos de la región avalaban esta decisión.

Esta polémica se ha producido un año después de que la manifestación en Madrid en marzo de 2020, multitudinaria pero menos masiva que en años anteriores, se convirtiera en un eje de enfrentamiento político que no zanjó ni la justicia, por su celebración en los primeros momentos de la pandemia.

Tan sólo un día después de que la Delegación del Gobierno en Madrid anunciase que prohibía, por motivos de «salud pública», todas las manifestaciones convocadas para el 7 y el 8 de marzo, el Movimiento Feminista de Madrid, la Comisión 8M y los sindicatos UGT y CCOO anunciaron que habían recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

A las tres de la tarde del jueves, el TSJM ya había recibido siete recursos que la Sección Décima de lo Contencioso-Administrativo ha estudiado este sábado por la tarde en tres vistas públicas.

«Indignadas y perplejas»

El Movimiento Feminista afirmó en rueda de prensa que sus integrantes estaban «indignadas y perplejas» con una medida que, según denunciaban, vulnera su derecho de manifestación y supone un «ataque sin precedentes propio de otros tiempos», que sólo «criminaliza a las mujeres».

UGT y CCOO también reclamaron al tribunal que suspendiera «la ejecución de la resolución impugnada, dado que su aplicación supondría que perdiera la finalidad legítima el recurso en caso de ser estimado».

«Llevamos trabajando seis meses en este 8M, hemos pautado y medido al milímetro cada acto porque somos conscientes de la situación pandémica, pero no se puede hacer esa tabla rasa, meter a todos en el mismo saco y reducir a cero los actos de las mujeres. Con ello no estás haciendo una defensa de la salud pública, sino demonizando a las mujeres», denunció Ana Sánchez de la Coba.

Desde el Ejecutivo, Carmen Calvo argumentó que las manifestaciones de Madrid se prohíben por los datos que arroja la capital y ha asegurado que «no hay ningún ánimo de estar en contra de la gran contestación que la sociedad tiene que dar el 8 de marzo», que el Gobierno reivindicará en otros actos.

«Cualquier manifestación en Madrid es siempre la más grande, la más importante», afirmó, sosteniendo que «otro tipo de manifestaciones más pequeñas, mas acotadas, en cualquier otro lugar de España pueden ser más asumibles y en Madrid pueden significar alguna posibilidad de estar en riesgo».

Por su parte, el PP ha respaldado la decisión de prohibir todas las manifestaciones en Madrid y defiende que sus críticas a la protesta de 2020 no se dirigen al movimiento feminista, sino al Gobierno de Pedro Sánchez por permitir las marchas teniendo información sobre el riesgo de contagio, en palabras del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pedía un «esfuerzo de coherencia» al Ejecutivo y que los delegados del Gobierno en las distintas comunidades mantengan una postura «uniforme», porque opina que «hay el mismo riesgo en Madrid que en cualquier otra comunidad autónoma».