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JxCat y ERC pactan reformar el reglamento del Parlament para blindar a Borràs

Laura Borràs de JxCat posa en su silla de la Mesa en el hemiciclo tras ser elegida nueva presidenta de la cámara catalana

Laura Borràs de JxCat posa en su silla de la Mesa en el hemiciclo tras ser elegida nueva presidenta de la cámara catalana EFE/ Quique García

JxCat y ERC negocian una reforma del reglamento del Parlament que evite que Laura Borràs se vea obligada a renunciar al acta de diputada, y por tanto a la presidencia de la cámara, cuando se abra juicio oral contra ella por el caso de presunta malversación por su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas. Así lo han confirmado ambos partidos, aunque es Junts quien más énfasis pone en este punto del reglamento. Argumentan que facilitar la expulsión de la cámara por corrupción «es ponérselo demasiado fácil al Estado» en su supuesta «represión judicial» contra los independentistas.

Lo adelantó veladamente la propia Borràs en una entrevista en TV3, y las portavoces de ERC, Marta Vilalta, y Junts, Elsa Artadi, lo han confirmado este lunes. «El acuerdo de investidura de Pere Aragonés, tiene que ser un acuerdo global, depende de todas las carpetas abiertas» advertía Artadi.

Es decir, debe incluir el acuerdo «en defensa de los derechos de los diputados» para que antes de que haya sentencia firme «como mínimo mantener la presunción de inocencia, sino se lo ponemos muy fácil -a los contrarios al independentismo- para acabar con la carrera política de cualquier independentista que tenga liderazgo» como a su juicio es el caso de Borràs.

Artículo contra la corrupción

El objetivo de Junts es derogar el artículo 25.4 del Reglamento del Parlament, que establece que «en los casos en los que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez que se abra juicio oral, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata».

Es el caso de Borràs, procesada por la fragmentación de contratos de la ILC para favorecer a un colaborador, Isaías Herrero, al que la policía seguía por delitos de tráfico de drogas. Fue así como afloró la presunta malversación de la entonces directora de la Institución de las Letras Catalanas, aunque Borràs insiste desde que se abrió el proceso judicial en que se trata de un ataque del deep state para frenar su proyección política.

El reglamento añade que, «si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión» será necesario un dictamen de la Comisión del Estatuto de Diputados.

Reforma independentista

De hecho, se trata de una reforma introducida por los independentistas en 2017. Impulsada por JxSí -entonces la suma de CDC y ERC- y la CUP, el objetivo era desligar al independentismo del «caso 3%» y tenía en el punto de mira al entonces diputado no adscrito Germà Gordó, ex gerente de CDC. Ahora, sin embargo, los herederos de Convergencia quieren evitar que es artículo condene a Borràs a abandonar la cámara en unos meses.

La causa contra Laura Borràs se inició en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando era diputada en el Parlament y consejera de Cultura. Pero al dejar el Govern y la cámara catalana para convertirse en líder de Junts en el Congreso, la causa pasó al Tribunal Supremo por su aforamiento como diputada en las Cortes. Ahora, tras abandonar la condición de diputada en el Congreso, la causa debe retornar al TSJC, lo que ofrece a Borràs una nueva prórroga en el proceso judicial.

Nueve diputados imputados en el Parlament

Desde Junts recuerdan además que el nuevo hemiciclo catalán cuenta ya con nueve imputados entre sus 135 miembros, la mayoría de ellos independentistas, y argumenta que la reforma amparará a todos los secesionistas procesados, no sólo a Borràs.

Además de la presidenta de la cámara, el secretario de la CUP, Pau Juvillà, afronta un juicio por desobediencia por no retirar los lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida cuando fue requerido para ello por la Junta Electoral. También se enfrentan a causas por desobediencia el ex presidente del Parlament, Roger Torrent, y el ex secretario de JxCat Eusebi Campdepadrós. En estos casos no sería de aplicación en artículo 25.4.

Sí lo sería para Dolors Sabater, la líder de la CUP, imputada en un caso de supuesta prevaricación por su actuación al frente del Ayuntamiento de Badalona, al suspender la licencia de una constructora. También para todos los imputados por el 1-O: el ex consejero Lluís Puig y los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, además de la ex consellera Meritxell Serret.

Por último, se suman a la lista de imputados los diputados de Vox Juan Garriga y Mónica Lora, imputados por delitos de odio. Ambos pertenecían a la cúpula de Plataforma x Catalunya, el partido denunciada por un delito de odio por una campaña contra los inmigrantes.

Blindar a los diputados

«Tenemos que encontrar mecanismos para blindar los derechos de los diputados mientras no haya sentencia firme» argumenta Artadi en este contexto. La portavoz de Junts avanza que los partidos independentistas trabajan en «un decálogo de casuísticas y en cómo avanzar para garantizar la inviolabilidad de los diputados y la soberanía de la cámara» ante la «represión del Estado».

Menos entusiasta, la republicana Marta Vilalta señalaba que «hemos hablado de reformar el reglamento» y apuntaba en la necesidad de introducir elementos nuevos como el plan de igualdad aprobado la pasada legislatura, o la digitalización parlamentaria que ha hecho evidente la pandemia. «También veremos cómo adaptar reglamento a nuevas necesidades» pero advierte de que «no se ha concretado cómo se hará».

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