La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) y portavoz del partido de Quim Torra, Laura Borràs, habría indicado a su amigo, el informático Isaías Herrero, cómo fraccionar facturas giradas a través de distintas empresas para recibir la adjudicación de sucesivos contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) que ella dirigía sin superar el tope de los 18.000 permitidos por Ley y no hacer saltar las alarmas.

Así se desprende de unos correos que obran en el sumario de la causa abierta contra la política catalana en el Tribunal Supremo y que desvela este jueves La Vanguardia. Borràs, que está investigada por prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil, habría dado instrucciones a Herrero sobre cómo cobrar, según se entiende de dichos correos.

En uno de esos correos, por ejemplo, el hombre con quien Borràs tenía una relación personal estrecha dice a la entonces directora de la ILC: «Llevo pensando unos días sobre el hecho de tener que hacer facturas por todas partes para cubrir todos los proyectos y la verdad es que resulta un poco extraño y complicado tener que hacer este trapi… Ya sé que es lo que hay, pero ponte en mi lugar: tener que liar a varias personas para que me hagan facturas de tres kilos!! Reuniones, transferencias, pagar IVA, historias …».

La contestación de Borràs

La política contestó a dichas consultas desde un correo personal. Dijo a su amigo: «Hola Isaías (…) En cuanto a los temas pendientes: el presupuesto tiene que quedar detallado cómo si fuerais profesionales independientes para los totales que no se pueden superar, como sabes, los 18.000 + IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diversos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente».

Borràs comenzó a estar investigada por estos hechos en el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona que tenía muy avanzada la investigación cuando la investigada alcanzó la condición de aforada como electa en las elecciones.

La titular de dicho juzgado elevó la investigación al Supremo, que despúes de pedir informe a la Fiscalía, imputó a Borràs por los delitos anteriormente citados. El alto tribunal admitió el sentido de un informe de la Fiscalía en el que apreció «claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, Borràs abusó de su condición de directora de la ILC para adjudicar directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática, cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA», a favor de Herrero.

Consideró el Supremo que «en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional», los hechos descritos podrían ser delictivos y le imputa estos cuatro delitos, además de extender competencia al empresario Herrero, por su parte condenado en otra causa a cinco años de prisión por tráfico de drogas.