España

'Mossos' piden instrucciones de actuación ante fiestas en viviendas particulares

Un sindicato reclama al jefe de la Policía de la Generalitat que dicte una orden tras la polémica por la 'patada en la puerta' en Madrid / "Garantizará el marco legal de actuación de los agentes y conseguirá una homogeneización en la respuesta", justifican

Mossos d'Esquadra, desalojando una ‘rave’ en Llinars del Vallès (Barcelona) el pasado 2 de enero.

Mossos d'Esquadra, desalojando una ‘rave’ en Llinars del Vallès (Barcelona) el pasado 2 de enero. EP

El Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) ha pedido al director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer, que dicte una orden interna con instrucciones claras de actuación ante la celebración de fiestas en viviendas particulares en las que no se respeten las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

La petición del SPC se produce a raíz de la polémica suscitada por la actuación de una dotación de policías nacionales en Madrid, que tiraron abajo sin autorización judicial la puerta de un piso en el Barrio de Salamanca en el que se estaba celebrando una fiesta ante la negativa de sus asistentes a abrirles. El Departamento de Interior ha desmarcado públicamente a la Policía de la Generalitat de esta forma de proceder.

A la vista de que este tipo de celebraciones no autorizadas también se están llevando a cabo, esta organización sindical reclama a la Jefatura de los Mossos que tramite una instrucción en la que se detalle cómo actuar en caso de ser alertados del desarrollo de fiestas en domicilios particulares o pisos turísticos contraviniendo la norma.

«De este modo no sólo quedará mucho más clara la línea de actuación que se quiere aplicar. No sólo se garantizará el marco legal de actuación de los agentes actuantes, también se conseguirá una estandarización y homogeneización en la respuesta que los agentes del Cuerpo den ante estos casos», justifica en un comunicado.

La citada actuación policial en Madrid ha provocado una gran polémica, agravada por el argumento ofrecido por el Gobierno para justificar la intervención de los agentes: «No era una morada sino un apartamento turístico». Tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la jurisprudencia del Supremo contradicen esta postura y han reiterado que el domicilio es inviolable salvo con orden judicial o ante la sospecha de que se esté cometiendo un delito flagrante.

La petición se produce tras la reciente polémica suscitada por la ‘patada en la puerta’ en Madrid

La Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional envió un oficio el pasado 16 de marzo a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y a las jefaturas superiores para coordinar actuaciones en salud pública frente a la covid-19 en vísperas del puente de San José y de la Semana Santa. El documento, desvelado por este diario, reiteraba la obligación de impedir las concentraciones domiciliarias que excedan el número máximo de personas permitido pero en ningún momento aludía de forma expresa a la posibilidad de que se pueda derribar una puerta si los inquilinos de una vivienda se niegan a abrir a los agentes.

Sí mencionaba la necesidad de hacer cumplir la «limitación de permanencia de grupos de personas en los espacios tanto públicos -cuatro si es en un lugar cerrado o seis si es espacio público abierto, salvo que se trate de convivientes- como privados (en este caso las reuniones se limitarán a convivientes)».

«Dispositivos operativos necesarios»

«Cabe señalar que no se celebrarán eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas, así como los eventos en espacios cerrados seguirán las normas de aforo ya establecidas en los acuerdos previos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como lo establecido al efecto en el RD 926/2020 y en los decretos de las respectivas comunidades y ciudades autónomas», añadía.

En el oficio, el DAO de la Policía Nacional decía que, en coordinación con las policías autonómicas y locales, se establecerían «los dispositivos operativos necesarios» a fin de asegurar la «eficacia» en los dos periodos antes citados y el «cumplimiento» de las medidas y recomendaciones acordadas por el Gobierno y las comunidades en un intento de evitar la propagación del virus y que se registre una cuarta ola.

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