Juana Rivas acude a recoger la sentencia de su caso en España, en 2018.

Juana Rivas acude a recoger la sentencia de su caso en España, en 2018. EP

España | Tribunales

La batalla de Juana Rivas por reducir su pena llega al Tribunal Supremo

La madre de Maracena (Granada) fue condenada en 2018 a cinco años de prisión y seis de pérdida de la patria potestad de sus dos hijos por dos delitos de sustracción de menores

Juana Rivas, la madre granadina condenada a cinco años de prisión y seis de pérdida de la patria potestad de sus dos hijos por negarse en agosto de 2016 a retornar a Italia, país en el que los tres vivían con Francesco Arcuri, el progenitor de los niños, y desaparecer con ellos durante un mes, entre julio y agosto de 2017, se personará este miércoles en el Tribunal Supremo para recurrir la sentencia emitida por un juzgado de Granada y la Audiencia de dicha provincia.

El pleno del Alto Tribunal, encabezado por el magistrado Manuel Marchena, dilucidará si cuando se comete el delito estipulado en el artículo 225 bis 2 del Código Penal, relativo a la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa, «se refiere a toda la unidad familiar o si cada sujeto pasivo es uno de los niños», explica para El Independiente Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuri. «Si cada sujeto pasivo es cada uno de los niños, hay que sumar dos delitos», como estimaron los juzgados que se encargaron anteriormente de este proceso. Por su parte, el letrado elegido por Juana Rivas para hacerse cargo del recurso de casación, Carlos Aránguez, muestra su «satisfacción» por que el caso se haya llegado al Tribunal Supremo y se haya «examinado al máximo nivel».

La condenada por dos delitos de sustracción de menores ha defendido en su recurso casacional ante el Supremo que actuó por una «causa justificada», para «proteger a sus hijos», y ha insistido en la denuncia que presentó contra Arcuri en julio de 2016, tras abandonar Italia con los niños y aconsejada por la directora del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, por presuntos malos tratos físicos y psicológicos «habituales». El abogado de Rivas durante esta última etapa de su recorrido judicial declara para El Independiente que su clienta «quizá se equivocara, pero fue con la intención de proteger a sus hijos», por lo que considera que «la pena de cinco años, con todos mis respetos, era extraordinariamente severa».

La defensa de Juana Rivas ha pedido al Supremo la libre absolución de su representada o que, en su defecto, se le rebaje la pena de cárcel a la mitad al concentrar los actuales dos delitos de sustracción de menores en uno solo, algo que la Fiscalía del Supremo ha apoyado. En febrero del año pasado, en la última actualización del caso hasta el momento, el Tribunal de Cagliari, donde reside actualmente la acusada, archivó las ocho denuncias que la conocida madre de Maracena presentó por maltrato contra su expareja, incluyendo la que realizó en julio de 2016 por violencia de género.

Esta denuncia sentó la base del argumento de Rivas para no devolver a los niños al padre, incumpliendo así las resoluciones que le obligaban a hacerlo. Fue en ese momento cuando arrancó el recorrido judicial más mediático y actual entre Rivas y Arcuri, pero no el primero, ya que el italiano había sido condenado a tres meses de cárcel en 2009 por maltrato tras haber golpeado «repetidamente» a la que ahora es su ex pareja causándole lesiones que precisaron asistencia médica.

El abogado de Arcuri declara que, antes de hacerse cargo del caso en 2017, le pidió al italiano las actuaciones de ese proceso. «Cuando las vi, se me quitaron todas las dudas que tenía con el caso», afirma. Según expresa Zambrano, en 2009 ambos se denunciaron y su cliente «llegó a un acuerdo con las acusaciones y asumió la culpa, cuando él tenía todas las lesiones habidas y por haber», con la intención de «poder ver a los hijos de forma inmediata». Señala que nunca se plantearon interponer en España una acusación de «denuncia falsa», aunque sí tuvieron la intención de «instar procedimientos en restitución de sus derechos sobre su imagen».

Cabe señalar que las sucesivas denuncias presentadas en el periodo que va de 2016 a 2018 por parte de Rivas a Arcuri por presunto maltrato contra ella y sus hijos en Italia y en España no cumplen los requisitos para aparecer en el registro de la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, que es el documento del que habitualmente se extrae el dato de que sólo el 0,01% de las denuncias por violencia de género presentadas anualmente en España son falsas. Sólo podrían aparecer en ese registro si el padre de los niños presentara una denuncia por falsedad contra la madre y el nuevo procedimiento judicial se saldara a su favor.

«¡Juana está en mi casa!»

A mí siempre me ha parecido que Juana Rivas quizá se equivocara, pero fue con la intención de proteger a sus hijos»

carlos aránguez, abogado de rivas

En diciembre de 2016, una jueza española emite el primer auto, en el que obliga a la madre de Maracena (Granada) a devolver a los niños, que actualmente tienen 14 y 6 años, a su padre para que vuelvan «a su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, en este caso Italia». Rivas apela y la Audiencia de Granada ratifica en abril de 2017 el fallo anterior. Aunque ninguna de estas sentencias pone fecha a la entrega de los menores, un auto judicial fija el reencuentro entre Arcuri y sus hijo en el 11 de julio de ese mismo año. Como la entrega de los niños no se produce, la cita se retrasa al 24 y, finalmente, al 26. Si este último día Juana Rivas no entregaba a los niños, el escrito autorizaba a la policía a actuar.

Antes de que eso suceda, en la noche del 25 de julio, la granadina y los dos menores desaparecen y el caso salta a la palestra mediática. El grito «¡Juana está en mi casa!» se extiende por las calles y por las redes sociales, en una total muestra de apoyo de la población española a Rivas. El 28 de agosto en torno a las 11, horas antes de que cumpla el plazo interpuesto por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada para adoptar medidas cautelares, Juana Rivas entrega a sus hijos ante la Guardia Civil para que se reúnan con su padre. «A mí siempre me ha parecido que Juana Rivas quizá se equivocara, pero fue con la intención de proteger a sus hijos», sostiene Aránguez.

Absolución o mitad de pena: las peticiones de la defensa

La decisión del Tribunal Supremo puede orientarse hacia tres desembocaduras: la absolución, la rebaja de la pena de dos delitos de sustracción de menores a uno o el mantenimiento de la condena interpuesta por un juzgado de Granada y la Audiencia de dicha provincia de cinco años de cárcel y seis años de pérdida de la patria potestad de sus hijos. «La pena de cinco años, con todos mis respetos, era extraordinariamente severa; era, en mi opinión, muy injusta», dice Aránguez, que destaca que «el fiscal se adhirió a mi petición de que se rebajara la pena».

La acusación insiste en que «con todo lo que fuera por encima de dos años de cárcel estábamos satisfechos», a pesar de que el «motor» principal de Arcuri residen en que el Alto Tribunal se reafirme en la suspensión de la patria potestad, para que Rivas pierda la capacidad de decidir sobre sus hijos. «El tema de la prisión para nosotros era accesorio, pero ya que la condenan, que la condenen por encima de dos años», para que la madre de Maracena no pueda esquivar la cárcel.

Seguimiento de los dos hijos

Las acciones de sustracción de menores son una violación del bienestar del menor»

ENRIQUE ZAMBRANO, ABOGADO DE ARCURI

El perfil «demoledor», según lo califica Zambrano, elaborado por la perito italiana que se encargaba de valorar en el pleito del Tribunal de Cagliari quién debía quedarse con los niños concluyó que Juana Rivas mostraba «una gran capacidad manipuladora» sobre sus hijos y un «grave funcionamiento mental patológico asociado a desorganización del pensamiento», según reveló El Mundo.

Esta psicóloga, Ludovica Iesu, indicó que Rivas había «triangulado» a su hijo mayor en el «conflicto» con Francesco Arcuri, condenando al joven, que entonces tenía 12 años, a ser un «recipiente de las ansiedades maternas». Iesu expresó en su informe, en el que incluyó los resultados de 32 entrevistas e investigaciones durante cinco meses, que la madre granadina «no es capaz de procesar sus experiencias».

«Bajo mi punto de vista, no es un simple delito de desobediencia agravado, como sostienen la defensa y el Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo, en contra de la Fiscalía de Granada. Para mí, estas acciones de sustracción de menores, con todo lo que conllevan, son, utilizando un símil, una violación del bienestar del menor, que va a tener consecuencias en el desarrollo de la personalidad de esos  menores», desarrolla Zambrano. El abogado de Arcuri sostiene que el padre «tenía una relación magnífica con los niños y ella de alguna forma le metió una bomba atómica a esa relación» en el momento en el que Juana «decidió» cortar el contacto con el padre de un día a otro.

Durante el tiempo en el que los niños pasaron al cargo de Rivas, ella estuvo «intoxicando a los niños», opina Enrique Zambrano. «Los niños cuando están con la madre, que pasan de vacaciones 10 o 12 días, vuelven para atrás. Menos mal que los Servicios Sociales de Carloforte están haciendo un seguimiento de los niños que es semanal y lo tienen totalmente testado y monitorizado», señala. Actualmente, el padre «tiene herramientas» para tratar la situación.

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