España

El Supremo da cinco días a los condenados del 'procés' para que opinen antes de decidir sobre el indulto

Es el último trámite antes de que el alto tribunal emita su informe sobre si procede conceder la medida de gracia a los 12 políticos y activistas que impulsaron el proceso independentista de Cataluña

Los presos del procés salen de la cárcel de Lledoners.

Los presos del procés salen de la cárcel de Lledoners. EP

El Tribunal Supremo emitirá en los próximos días su informe sobre el indulto a los políticos condenados en la sentencia del procés. Ha dado cinco días a los 12 políticos y activistas que fueron juzgados por impulsar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y el proceso independentista de Cataluña para que manifiesten lo que consideren sobre la medida de gracia que particulares, como el abogado Francesc Jufresa, solicitaron para ellos. Es el último trámite que cumple el alto tribunal antes de emitir su dictamen, que será contrario a la concesión del indulto.

Puesto que ninguno de los condenados solicitó la medida de gracia, sino que lo han hecho otras personas por ellos, la Sala Segunda les da cinco días para que «expresen lo que tengan por conveniente en relación a las peticiones de indulto formuladas en su favor». Les dan la posibilidad de «expresar lo que tengan por conveniente acerca de esa petición» y formular, si lo consideran oportuno, «alegaciones previas a la elaboración» del informe.

Después de que lo haga, el Gobierno ya no podrá retrasar su decisión sobre si indulta o no a los políticos independentistas. El informe de los magistrados que juzgaron el procés no es vinculante, por lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene por qué atender a la consideración de la Sala Segunda del Supremo para tomar una decisión.

La Fiscalía ya se opuso a indultar a los impulsores del proceso independentistas a los que se penó desde con multas e inhabilitación por desobediencia a 13 años de prisión por sedición y malversación (como fue el caso del vicepresidente Oriol Junqueras).

Los fiscales del procés Jaime Moreno, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Fidel Cadena no apreciaron «razones de justicia, equidad o utilidad pública que autoricen su concesión».

Por su parte, la Abogacía del Estado no entró a valorar en su informe si procede o no conceder el indulto, decisión que dejó en manos únicamente del Gobierno, pero le allanó el camino considerando que el daño económico del procés está reparado.

El Tribunal rechazó persecución política

Los magistrados que decidirán sobre el indulto son los que juzgaron a los políticos independentistas y quienes en distintas ocasiones han considerado que los condenados aún no han cumplido ni la mitad de la condena y, por lo tanto, es prematuro dejarles en libertad. Así se manifestaron para rechazar el tercer grado y el régimen de semilibertad por medio del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Igualmente, la Sala Segunda ha insistido en sus pronunciamientos sobre la progresión de grado, igual que lo hizo en la propia sentencia del procés, en que los exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont, los líderes de las asociaciones soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell no fueron condenados por sus ideas políticas, sino por transgredir las normas constitucionales.

Reforma de la sedición

«Ninguno de los acusados en este procedimiento ha sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña. Las ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas. Su legitimidad es incuestionable, está fuera de cualquier duda. El pacto de convivencia proclamado por el poder constituyente no persigue al discrepante. Ampara y protege su ideología, aunque ésta atente a los pilares del sistema», afirmaron los magistrados para revocar en diciembre el tercer grado de los condenados concedido por la Generalitat.

La sentencia del procés también descartó que las penas del delito de sedición que contempla el Código Penal sean excesivas para los hechos juzgados. Contrariamente, el Gobierno considera que deben ser «adecuadas» a las penas de otros países europeos para hechos similares. De ahí que anunciara hace más de un año una reforma para rebajar las penas previstas que aún no ha impulsado.

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