España Juicio por la reforma de la sede del PP

La confesión de Bárcenas no sirve a la Fiscalía, que pide la misma pena para él

Anticorrupción solicita cinco años de prisión para el extesorero del Partido Popular en el juicio donde se aborda si la reforma de la sede de Génova se pagó con la 'caja B' procedente de donaciones de empresarios

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas durante el juicio por la presunta caja 'b' del PP.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas durante el juicio por la presunta caja 'b' del PP. EP

La Fiscalía Anticorrupción no ha valorado ni la carta a modo de confesión que le envió en febrero el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ni el reconocimiento de hechos delictivos que ha hecho durante el juicio de la reforma de la sede del PP sufragada supuestamente con fondos de la caja B de la formación. El fiscal Antonio Romeral ha mantenido la petición de cinco años de prisión para el extesorero popular en esta causa que se juzga en la Audiencia Nacional sin considerar su declaración como un atenuante para la pena solicitada por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal.

Una semana después de que la defensa de Bárcenas entregara a la Fiscalía la carta en la que el extesorero habló de una financiación irregular en el PP que se remontaba tres décadas atrás, acusó a Rajoy de destruir pruebas de ésta y se prestó a dar información sobre donaciones «finalistas» de empresarios a la formación de cara a colaborar con la otra investigación de la financiación irregular del partido que instruye el juez Santiago Pedraz, Anticorrupción ya restó credibilidad a la misiva. El Ministerio Público negó cualquier «pacto» con Bárcenas para que alcanzara beneficios penitenciarios -cumple condena por la sentencia firme de Gürtel Época I en la que fue penado con 29 años de prisión- y consideró que su confesión no aportaba ningún dato «sustancial» para el juicio de la caja B que ahora llega a su fin.

Este miércoles, durante la exposición de sus conclusiones definitivas, el fiscal Romeral únicamente ha anunciado una modificación a su escrito de conclusiones provisionales: la inclusión del atenuante de reparación del daño por el pago de responsabilidad civil a la empresa de arquitectura Unifica que hizo la reforma de la sede y cuyos dueños están entre los acusados. La compañía está como persona jurídica, igual que el Partido Popular, que se enfrenta a una condena como responsable civil subsidiario.

Después de la confesión de Bárcenas, el expresidente Mariano Rajoy y los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos -a quien el extesorero acusó de crear el modelo de sobresueldos de altos cargos del partido para que los ministros de Aznar no perdieran dinero-, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal declararon como testigos. Todos negaron la existencia de una caja B en la formación de la que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo consideran que hay pruebas suficientes.

El extesorero declaró que con cargo a la financiación irregular procedente de donaciones de empresarios se habrían pagado sobresueldos al ex vicepresidente Rodrigo Rato, al ex ministro Jaime Mayor Oreja, al ex presidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo-Figueroa, al consultor e ideólogo del partido Pedro Arriola, a Cospedal y a Rajoy. Según su testimonio, él mismo habría entregado a estos dos últimos dos sobres con 25.000 euros, respectivamente. Unos hechos que todos los aludidos negaron.

El fiscal Antonio Romeral fue incisivo preguntando a Bárcenas por qué registró en documentos escritos a ordenador supuestas entregas de sobresueldos a Rajoy que no reflejó en su contabilidad en papel (los conocidos como papeles de Bárcenas) en los que se basa la Justicia para investigar las supuestas irregularidades en la formación. Él restó importancia a que no hubiera una coincidencia total entre distintos documentos y argumentó que «no repetí la literalidad de la anotación pero el concepto es el mismo».

En las últimas sesiones del juicio, los peritos del Estado también calificaron las anotaciones en las que Bárcenas registró la contabilidad paralela del PP de «incompletos» y con «apuntes irreales». «No nos parece creíble que una contabilidad ‘B’ se lleve en hojas sueltas», declaró uno de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Una de las acusaciones populares, la del Observatorio de Derechos Humanos DESC a la que representa Gonzalo Boye, el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, sí ha destacado en sus conclusiones definitivas que Bárcenas ha asumido los hechos y los ha aclarado, viendo una voluntad de cooperación por la que ha solicitado al tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora una aplicación de la atenuante analógica de arrepentimiento tardío para el extesorero popular.

Comentar ()