La Unidad Balear de Entidades Sanitarias (UBES) considera “inaceptable la intromisión” del Gobierno balear en la actividad privada con la fijación de precios máximos para PCR y test de antígenos. Una medida que “se ha tomado de forma unilateral y sin previo aviso al sector”, según explica en un comunicado la patronal de la sanidad privada.

Los centros sanitarios y hospitales adheridos a UBES entienden que está medida contribuirá a la aparición de «chiringuitos sanitarios» cuando la patronal privada “reclama más vigilancia, control y un sistema acreditado de centros para dar una imagen de calidad y seguridad al destino turístico”. Consideran además que es “una medida alegal que atenta contra la competencia y la libertad de empresa y marca un peligroso antecedente que podría afectar a otros sectores”.

A la espera de conocer más detalles, tampoco entiende UBES la manera de cómo se ha realizado el cálculo de precios, ya que se fija un máximo para la PCR de 75 euros cuando el Servei de Salut las factura a 95 euros. En este cálculo, además, de la realización de la prueba, es necesario tener en cuenta diferentes variables, como los tiempos de respuesta y otros servicios que actualmente se están ofreciendo para dar mayor comodidad a los usuarios, según informa Servimedia.

El Boletín Oficial de las Islas Baleares publica hoy el decreto ley sobre “imitación de precios y tarifas de las pruebas diagnósticas”. La norma indica que “hasta que el Gobierno del Estado español declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se establecen las tarifas y los precios máximos que tienen que aplicar los centros, los servicios y los establecimientos sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, para la realización de las pruebas diagnósticas: 75 euros para la realización de pruebas PCR; 30 euros para la realización de pruebas de antígenos”.

Este decreto ley entrará en vigor a las 00.00 horas del 9 de mayo de 2021 y va firmado por la presidenta balear, Francesca Lluch Armengol y Socias; la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido Rodríguez; y la consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez i Picard.

UBES estudiará la medida y tomará las acciones oportunas para defender la actividad del sector, “ya que es un actor fundamental para dar seguridad al destino turístico de Baleares en esta campaña marcada por la Covid-19”, concluye la patronal.

La presidenta de UBES, Carmen Planas Palou, mantiene contacto directo con las autoridades a través de la Mesa del Diálogo Social y asegura que en ningún momento ha sido informada de una medida tan trascendental hasta su inminente publicación.

Carmen Planas (Palma de Mallorca), además de presidenta de UBES, preside la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y es vicepresidenta del Consejo de Administración de ISBA Sociedad de Garantía Recíproca.