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Cataluña, año 0: indultos e inversiones para tejer el reencuentro

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, en su reunión en Moncloa.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, en una reunión en Moncloa. MONCLOA

La toma de posesión de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat supone un punto de inflexión en la crisis catalana, un nuevo punto de partida tras años de bloqueo político e institucional. En ello confían tanto el PSOE como Podemos, y a aprovechar esta oportunidad se ha lanzado el Gobierno de Pedro Sánchez. Esquerra, por su parte, parece haber leído mejor que sus socios el agotamiento del electorado independentista, después de tres años de guerra civil mal disimulada en la Generalitat mientras Cataluña retrocede puestos en todos los índices económicos.

Con este escenario, el PSOE ha arrancado la nueva investidura catalana con dos zanahorias de peso: los indultos en el flanco político, y la ampliación del Aeropuerto de El Prat en el económico. Los socialistas aspiran a un reencuentro que no se dirige tanto al independentismo como a la sociedad catalana.

Si Esquerra está dispuesta a jugar, habrá entendimiento, dentro de las posibilidades que la tensa situación política, y la presión de Junts y la CUP, lo permitan. Pero si no es así, Pedro Sánchez parece dispuesto a desplegar igualmente todos sus encantos para que Cataluña vuelva a ser uno de los bastiones del socialismo español.

A la conquista de Cataluña

El primer paso más evidente de ese despliegue lo tendremos este lunes, con la visita de Sánchez a Barcelona para presidir el acto de entrega de la medalla de Foment del Treball a Javier Godó. En el 250 aniversario de la gran patronal catalana, Sánchez comparte protagonismo con su presidente, Josep Sánchez Llibre, y el propietario del mayor grupo de medios catalán. Un acto en el que coincidirá con Pere Aragonès.

Una visita que se produce después de que Sánchez y Aragonès protagonizaran el viernes esa primera llamada «con contenidos», más allá de las felicitaciones protocolarias tras las elecciones del 14F. Una llamada de 40 minutos convenientemente aireada por el Govern, que necesita volver a presentarse como interlocutor prioritario de la Moncloa.

Otros pasos son menos evidentes, pero igualmente significativos. Como el despliegue de peones del PSC en las grandes empresas con participación pública del Estado. Especialmente las asociadas con las infraestructuras, cuyo déficit ha sido uno de los argumentos que en la última década ha utilizado la burguesía catalana para explicar su apoyo del independentismo, bendecido por la Convergencia de Artur Mas.

Los peones del PSC

Isaías Taboas, un gallego que hizo carrera a la sombra del ex presidente catalán y ministro de Industria José Montilla, preside Renfe, la operadora pública de ferrocarril. El protagonismo de Maurici Lucena al frente de Aena es clave para explicar uno de los primeros quebraderos de cabeza del Govern Aragonès, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Y ahora Sánchez cierra el círculo con Marc Murtra, formado a la sombra de Àngel Ros primero, y Joan Clos después en el Ministerio de Industria, pasa a sustituir a Fernando Abril Martorell al frente de Indra.

Lucena, que durante la campaña electoral catalana se comprometió a dejar Aena para ser consejero de Economía de Salvador Illa, ha sido el que hasta ahora ha tenido un papel más efectivo en esa nueva estrategia. Su órdago sobre la ampliación del aeropuerto ha conseguido concitar el apoyo unánime de toda la clase económica catalana -incluida la muy independentista Cambra de Comerç- mientras Aragonès intenta ganar tiempo con la creación de una comisión que podría dar al traste con la ansiada ampliación del aeródromo, para regocijo de la CUP, los comunes y los grupos ecologistas.

Vuelta a los 45 puntos de Puigdemont

Más allá de los indultos, tanto desde PSC como desde el PSOE aseguran que la oferta con la que los socialistas se sentarán de nuevo a la mesa de diálogo con Esquerra será la de los 44 puntos planteados hace poco más de un año por Pedro Sánchez a Quim Torra en el Palau de la Generalitat. Se trata, de hecho, de un listado de reivindicaciones históricas que Artur Mas planteó por primera vez a Mariano Rajoy en 2014.

Entonces eran 23 puntos, entre los que destacaba, en plena digestión de los recortes posteriores a la crisis de 2008, los de índole presupuestaria. Desde la ampliación del techo de gasto, entonces sometido al férreo control del déficit, al cumplimiento de las inversiones comprometidas en la Disposición Adicional Tercera del Estatut.

Puigdemont recuperó la lista y la amplió a 46 puntos en su primer y único encuentro con Rajoy en la Moncloa, en 2016. Un año después, en plena escalada del procés, el Gobierno se mostraría dispuesto a entrar en el debate de todos menos uno: la celebración de un referéndum de independencia.

Nueva financiación autonómica

El propio ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, reconocía el jueves que el Gobierno volverá a la mesa con la misma «agenda del reencuentro» presentada en 2020. Iceta, que con toda probabilidad se sentará ahora en esa mesa en representación del PSC, sustituyendo a Salvador Illa, explicó que el temario «lo fijamos ya hace mucho tiempo, cuando el presidente Sánchez en Barcelona presentó la agenda para el reencuentro. Nos vamos a atener a esa propuesta, pero con la mayor de las disposiciones para escuchar el planteamiento de la Generalitat».

Una propuesta en la que destacan la predisposición a reformar el sistema de financiación autonómica, caducado desde 2016, y «cumplir con las disposiciones contenidas en el Estatut sobre la inversión del Estado» en Cataluña. Se trata de la Disposición Adicional Tercera, que fija que «la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado».

Un compromiso que el Gobierno Rajoy nunca cumplió, con el aval del Tribunal Constitucional, que falló en contra de que el Estatut pudiera condicionar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

La tercera de las exigencias independentistas en materia económica, la mejora de los objetivos de déficit para dar más margen financiero a la Generalitat, se ha visto superada por la crisis del Covid, que ha llevado a la Unión Europea y a todos los gobiernos de los estados miembros a olvidar los techos de déficit. Se incorporará al debate, por contra, la gestión de los Fondos Next Generation y la participación de la Generalitat en ellos, un objetivo prioritario para Aragonès.

Las dificultades de Esquerra

Desde el flanco independentista, Esquerra está dispuesta a jugar la carta de una cierta distensión que le permita completar su conversión en la nueva Convergencia, entendida como el partido aglutinador del nacionalismo que ofrece, junto a patria, una gestión ordenada y confiable de la cosa pública. Una bandera que Junts ha dado definitivamente por perdida.

Para conseguirlo, los republicanos deben conseguir un equilibrio casi imposible entre la reivindicación del referéndum de independencia, que saben tan imposible como irrenunciable públicamente, y colocar la gestión de la crisis social y económica derivada del Covid en el centro del debate público catalán. Un objetivo para el que los republicanos tendrán que plantearse, tarde o temprano, explorar alianzas alternativas a las de la investidura.

La CUP se lo ha dejado claro a Aragonès desde su toma de posesión, y esta semana lo repetía en el primer pleno ordinario de la legislatura: «No se puede gobernar para todo el mundo» advertían los antisistema a Aragonès, cuando este defendía su nuevo gobierno y tendía puentes -muy tímidamente- a PSC y comunes para la negociación de los próximos presupuestos catalanes.

Pujol vuelve al posibilismo

El nuevo president tendrá a su favor a unos sectores económicos agotados tras una década de procés, poco dispuestos a seguir bailando al ritmo del independentismo que jalearon en algunos momentos. Y un aliado inesperado, el ex presidente Jordi Pujol, que esta semana ha publicado un nuevo libro en el que defiende abiertamente la vuelta al autonomismo y deja claro que la independencia es, al menos de momento, imposible.

En contra, a buena parte de JxCat, liderados por otro de sus antecesores, Carles Puigdemont. El ex presidente fugado ya dejó claro tras la investidura que no le gusta el pacto de coalición suscrito por su partido. Y esta semana el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le ha ofrecido una nueva oportunidad de ocupar el centro del escenario catalán, presentándose de nuevo como el único capaz de «derrotar» a España en el ámbito internacional.

Tras recuperar temporalmente la inmunidad, Puigdemont aprovechaba la decisión del TGUE para dejar claro que su apuesta sigue siendo la confrontación: «España inhabilita la democracia» aseguró. «Hay un aparato de estado que insiste en considerarnos fugados. El problema no lo tenemos nosotros, sino quien usa la represión».

El PSC, entre el diálogo y el riesgo a desdibujarse

Tampoco el PSC tendrá un papel fácil en el nuevo escenario. Los socialistas catalanes se enfrentan de nuevo al riesgo de ver como su papel se desdibuja en aras de los intereses del PSOE, decidido a tender puentes con el nuevo gobierno catalán. Si Pedro Sánchez tiene éxito, ERC tendrá la tentación de practicar la estrategia clásica de Convergencia: relación con los socialistas de Madrid -con los que Gabriel Rufián asegura que es más fácil entenderse que con el PSC- mientras se ningunea a los socialistas catalanes.

Por eso su líder, Salvador Illa, no deja pasar oportunidad de señalar su escepticismo sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con Aragonès en política catalana. Pese a los constantes rumores sobre la eventual repetición de un tripartito de izquierdas alimentados por los comunes, ni PSC ni ERC tienen demasiados alicientes para entenderse.

Este domingo, Illa presenta su «gobierno en la sombra» un gobierno alternativo con el que el líder del PSC promete llevar a cabo «una fiscalización muy estrecha» al gobierno catalán. Y reclama a Aragonès que antes de sentarse en la mesa de diálogo abra consultas con todos los partidos catalanes, no sólo los independentistas, en una mesa que busque retejer el diálogo también dentro de la comunidad.

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