La España demográfica muere más rápido de lo que renace. Lo hace a un ritmo imparable desde hace siete años. Fue en 2015 cuando se alcanzó el punto que temían los sociólogos, el cruce de las gráficas decrecientes de los nacimientos con la imparablemente ascendente de los fallecimientos. Y así ha continuado desde entonces. El saldo vegetativo es negativo y lo es en un porcentaje elevado. En nuestro país actualmente fallece un 48% más de ciudadanos que los niños y niñas que nacen. Lejos quedan los tiempos de la Transición en los que los alumbramientos duplicaban a los decesos. Sólo en 1975 llegaron al mundo 677.500 niños y niñas y se certificaron 299.000 muertes. El año pasado la balanza fue prácticamente inversa; 337.740 nacimientos, 501.093 fallecimientos.

Una caída en la natalidad que convive con una cada vez mayor esperanza de vida que el avance del que el Estado de Bienestar permite disfrutar. Si en el año 2007 en la sociedad española la esperanza de vida se situaba de media en los 80,9 años, actualmente se ha incrementado hasta los 83,5 años.
El saldo vegetativo, que mide la diferencia entre nacimientos y fallecimientos, es negativo cada vez con mayor intensidad.

El año pasado lo fue en un 1,2%. Fue negativo en 15 comunidades autónomas, donde se registraron más fallecimientos que alumbramientos. Sólo la Comunidad de Madrid, Murcia y las Islas Baleares cerraron el año con un saldo vegetativo positivo, además de Ceuta y Melilla.

La natalidad no ha dejado de caer y la edad de las mujeres para tener su primer hijo, de aumentar. La reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso ha prometido ayudas de hasta 500 euros a partir del quinto mes de embarazo -y hasta los dos años del niño o niña- para las mujeres menores de 30 años que den el paso de ser madres. El listón lo ha puesto lejos de la realidad. Hoy en Madrid, como en el conjunto de España, las mujeres, las parejas, o renuncian a la maternidad o la retrasan más allá de esa edad. La media para el primer hijo es hoy de 31,7 años, casi dos años más tarde que la media europea que se sitúa en los 29,4 años.

30 años, 'prematuro'

Según la última Encuesta de Fertilidad del INE, publicada en 2018, las mujeres españolas creen demasiado prematuro tener hijos antes de los 30. El 88% de las españolas menores de esa edad no tiene aún hijos. El 58% de las menores de 25 años considera que es prematuro y también el 28% de las de entre 26 y 29 años.

En contra de lo que en ocasiones se afirma, no son las razones económicas la principal razón que retrasa la maternidad. Esa causa la esgrime sólo el 16% de las mujeres de entre 30 a 34 años, frente al 19% que asegura que la razón fundamental es no contar con pareja estable y el 18% que aduce razones laborales o de dificultades de conciliación.

Los datos demográficos españoles serían muchos peores si no llega a ser por las familias y mujeres inmigrantes que viven en nuestro país. Gracias a este grupo social se logra contener la edad media y compensar la caída de nacimientos. Actualmente algo más de uno de cada cinco nacimientos es de una mujer que reside en España pero que no ha nacido en nuestro país. Las madres extranjeras representan ya el 22% de los nacimientos. Hace dos décadas, en 2002, los nacimientos de niños de madre extranjera apenas representaban el 10% del total. Ese porcentaje ha ido en aumento casi constante, con un leve descenso en el periodo 2011 a 2015, y un repunte hasta la actualidad.

Las mujeres extranjeras que residen en España deciden ser madres a una edad significativamente más joven, a los 28,2 años, tres años y medio menos que las mujeres españolas. El retraso en la maternidad ha ido en aumento en España desde la transición. En 1975 las españolas decidían tener su primer hijo a los 25,2 años de media. Dos décadas después la edad se elevó a los 28,3 y en 2015 ya alcanzó los 30,6 años.

7,6 niños por cada 1.000 habitantes

España no sólo tiene menos hijos y a edad más tardía, sino que lidera los indicadores de envejecimiento en Europa, junto a Italia. La tasa de natalidad por cada 1.000 habitantes es en nuestro país de 7,62 niños, con especial descenso en algunas comunidades autónomas. Según los últimos datos del INE, Asturias es la autonomía con menos nacimientos, 5 por cada 1.000 habitantes, seguida por Galicia (5,8) y Castilla y León (5,96). En sentido contrario, los lugares en los que se registran indicadores más altos de natalidad son Melilla (9,96), Murcia (9,5) y Madrid (8,3). En términos comparativos, la tasa de nacimientos entre la población extranjera que reside en nuestro país es notablemente superior, del 15,7, el doble que entre las mujeres españolas.

El País Vasco es un caso singular. Registra una de las peores tasas de natalidad y lo hace pese a los esfuerzos y planes de los últimos Gobiernos por favorecer con planes y ayudas a las familias. En Euskadi el impacto de las madres venidas de otros lugares es la causa que logra mitigar la caída de nacimientos. Lo hace cada vez más. La tasa de nacimientos de madres extranjeras es la más alta del país, con un 25,2% de los nacimientos. Muy por detrás se sitúan Navarra (21,9%), La Rioja (19,4%) y Cataluña (18,7%). Donde la presencia de la inmigración tiene menos impacto en las tasas de natalidad es en Canarias, con apenas un 8,5% de los alumbramientos entre madres extranjeras.

En Euskadi hace años que el impacto social y económico que tiene el cambio demográfico ha elevado las voces de alarma. Lo ha hecho de las administraciones pero también del empresariado que reconoce que cada vez tiene más dificultades para encontrar mano de obra y que la dificultad se acrecentará en el futuro. A todo ello se suma la incidencia que en el sistema de cotizaciones y pago de pensiones tiene una caída demográfica de cara al futuro.

Al igual que en Madrid, el lehendakari Urkullu ha incluido en su programa de Gobierno de esta legislatura el reto de mejorar el número de nacimientos. La aspiración fijada es de repuntarla en un 10%. Por ahora, en 2020, respecto a 2019 la natalidad en Euskadi ha vuelto a caer un 4,4%. Además de mejorar las ayudas por nacimientos, también se contemplan medidas de deducciones fiscales y un mejor tratamiento fiscal a las familias. Actualmente las ayudas oscilan, en función de la renta familiar, entre los 400 y 900 euros por hijo. En el caso de un solo hijo la ayuda se percibe sólo durante el primer año. Se amplía a tres años en el caso de un segundo hijo y hasta seis años a partir del tercer hijo.