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El Gobierno incumple el código ético del PSOE al indultar a los presos la pena por malversación

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió en 2017 como portavoz del PSOE en el Congreso una proposición de ley para prohibir que la medida de gracia se concediera a condenados por corrupción y violencia de género

Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva a las puertas de Lledoners europapress

El Gobierno incumple el código ético del Partido Socialista al indultar a los nueve políticos independentistas del procés que fueron condenados por los delitos de sedición y malversación hasta a 13 años de prisión, como fue el caso del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras.

Los cargos públicos del PSOE se comprometen, según las directrices internas del partido, «a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves. Además, los cargos públicos y orgánicos se comprometen a no solicitar su propio indulto si fueran condenados por los mencionados delitos».

Desde Justicia explican que lo que el Gobierno aprueba este martes en Consejo de Ministros es indultar a los políticos independentistas «lo que queda por cumplir de la pena de los dos delitos en concurso medial» por los que fueron condenados Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, así como los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron condenados por el delito de sedición. Se indulta así la pena que queda por cumplir por el conjunto de los dos delitos de sedición y malversación o únicamente del primero para quienes fueran condenados por éste.

No se indulta la inhabilitación

La inhabilitación no se indultará porque la ley de indulto de 1870 exige que «debe ser expresamente indultada. Si no se especifica, no queda indultada», aclaran fuentes de Justicia.

El presidente del Gobierno hará una declaración institucional la mañana de este martes para comunicar las razones que llevan al Gobierno a indultar a los impulsores del referéndum ilegal de independencia de 2017 y la ruta independentista de Cataluña desde el Govern. Una medida de gracia a la que se opuso tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía y que cuenta con el rechazo frontal de la Justicia.

La medida se acuerda además con un ministro al frente de Justicia, Juan Carlos Campo, que registró y defendió una proposición de ley como portavoz socialista en el Congreso de los Diputados en 2017 precisamente para que se prohibiera la concesión del indulto a los condenados por delitos de corrupción.

El delito de malversación de caudales públicos recogido en los artículos 432 y 433 del Código Penal recoge las penas previstas para los funcionarios que provoquen un daño económico a la Administración Pública. La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, a la que está adscrita España, incluye en su artículo 17 la malversación entre los delitos de este tipo y conmina a los estados a «adoptar las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo».

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