Los jueces reciben con "indignación, desasosiego e incertidumbre" la confirmación de que el Consejo de Ministros aprobará este martes los indultos para los nueve condenados del procés que siguen en prisión.

"Una de las cosas que más molesta a los jueces, a quienes hemos permanecido en el lado de la Constitución, que nos hemos limitado a aplicar la norma, es que no se respalde públicamente la decisión del Tribunal Supremo. Es un grave error del Gobierno que puede perjudicar a la imagen de la Justicia española en Europa", traslada un juez catalán consultado por El Independiente.

El alto tribunal rechazó en un duro informe la concesión del indulto a los líderes independentistas al considerar que la condena por los delitos de sedición y malversación con la que fueron castigados por perseguir la independencia de Cataluña desde el Govern fue "proporcionada" y destacó que no ha habido ningún tipo de arrepentimiento por parte de los políticos independentistas. La Sala Segunda consideró también que las razones por las que se podría respaldar la extinción total o parcial de la pena pierden cualquier justificación cuando los condenados "se presentan como presos políticos" siendo en realidad "autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional".

Por eso, aunque respetan que sólo el Gobierno tiene la potestad de conceder los indultos sin tener en cuenta el posicionamiento de la Sala, fuentes del Supremo consideran que la decisión de otorgarlo argumentando que se hace para recuperar la "concordia" en Cataluña "pone la sentencia a los pies de los caballos". Una sentencia que también ha respaldado el Tribunal Constitucional, descartando que las penas impuestas a los políticos independentistas fuera desproporcionada. Sólo dos magistrados del Alto Tribunal firmaron un voto particular que sirvió a los condenados como argumento para recurrir el fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Rebaja de las penas para la sedición

La política del Gobierno de Pedro Sánchez para "solucionar el problema catalán" también incluirá, según ha explicado el ministro de Justicia Juan Carlos Campo en distintas ocasiones, una reforma del Código Penal para reducir las penas previstas para el delito de sedición y "acompasarlas" a las que existen en el resto de Europa.

Los jueces consultados lo interpretan como una enmienda a la actuación judicial. "En función de la argumentación que utilice el Gobierno, puede llegarse a pensar que la sentencia ha sido un error judicial cuando no ha sido así. Ha sido un proceso transparente, se ha retransmitido en directo por televisión, por el canal del Consejo General del Poder Judicial respetando absolutamente las garantías del procedimiento. Insinuar que la Justicia ha actuado de manera vengativa es un auténtico disparate. Si Gobierno quiere indultar, que lo haga, pero que no trate de decir que se ha aplicado de manera extensiva la ley", traslada uno de ellos.

"Sánchez no controla los tiempos, la Justicia es independiente"

Este lunes, durante un acto en el Liceo de Barcelona, el presidente del Gobierno defendió la necesidad del indulto a los políticos del procés como "el primer paso" hacia una "nueva España", por la "conciliación y el reencuentro social".

"Ha concluido la vía judicial. El Gobierno está obligado a resolver las peticiones de gracia, no puede sustraerse al debate social y debe medir la respuesta a estas peticiones", afirmó el presidente. "Pedro Sánchez no controla los tiempos judiciales porque la Justicia es independiente. El proceso judicial no empezó por iniciativa de los jueces, que no actuaron de oficio sino que fue la respuesta a una querella del Ministerio Fiscal. Fue la respuesta a un desacuerdo político que se excedió y acabó en la transgresión de la ley. La solución al conflicto debió ser mucho anterior a que los tribunales entrasen en el asunto", consideran las fuentes judiciales catalanas consultadas.

En relación con la afirmación del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien dijo que el indulto demuestra "algunas debilidades del Estado", las mismas fuentes destacan que "precisamente se demostró que el Estado era fuerte porque se les impidió dar un golpe de Estado. Los indultos son sólo el principio de lo que va a suceder ahora. Volverán a las andadas. Molesta que se les de obviando a una parte de la sociedad catalana y sin tener en cuenta el informe del tribunal sentenciador".

Reformas en el Congreso

Las fuentes del Supremo consultadas también trasladan su preocupación porque el Congreso apruebe una propuesta de reforma legal del PNV que facilitaría los referéndums de independencia al eliminar el control previo del Tribunal Constitucional.

El grupo vasco presentó en diciembre de 2019 una propuesta para retirar de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) el recurso previo de inconstitucionalidad introducido durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra proyectos de Estatuto de Autonomía que, según consideran los nacionalistas, buscaba en último término impedir la celebración de referéndums. En mayo, los grupos de la Cámara rechazaron por mayoría las enmiendas a la totalidad que presentaron Partido Popular y Vox contra la propuesta. Ahora se encuentra en trámite de aprobación de enmiendas parciales en la Cámara Baja. En el Supremo se teme que salga adelante porque supondría "no poder perseguir un nuevo procés".