La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha anunciado que va a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para denunciar que el Congreso de los Diputados y el Senado llevan casi tres años incumpliendo con su obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una competencia que es única y exclusiva de ambas cámaras, «no de uno o dos partidos y menos de forma extraparlamentaria». Así lo ha decidido la segunda asociación más representativa entre los jueces españoles después de que el Tribunal Constitucional (TC) no haya admitido a trámite el recurso de amparo que AJFV interpuso el año pasado para que el alto tribunal se pronunciara sobre la inactividad del Congreso y del Senado respecto a su obligación de convocar sendas votaciones para renovar el CGPJ, lo cual “sólo responde a la sumisión de ambas cámaras a los intereses de los partidos que las controlan”, denuncia esta asociación judicial.

AJFV también instó al Tribunal Constitucional a que se pronunciara sobre «los repartos con los que PSOE y PP han politizado cada vez más el órgano de gobierno de los jueces españoles desde 1986, cuando el propio TC ya advirtió de que esos repartos partidistas serían inconstitucionales». Esta asociación, que representa a cerca de 900 jueces y magistrados entiende que también es inconstitucional que el Congreso y el Senado lleven casi 3 años incumpliendo con una obligación que, «en ningún caso, puede depender de que dos partidos se repartan entre ellos y por intereses partidistas un órgano como el CGPJ al margen de las propias Cortes Generales, que quedan así limitadas a escenificar el paripé parlamentario de los sucesivos repartos partidistas del órgano de gobierno de los jueces españoles». «El TC no ha admitido a trámite este recurso sin entrar en el fondo y sin cuestionar la legitimidad de AJFV, ya que lo firman también sus seis asociados que figuran en esa la lista de candidatos que el CGPJ presentó a ambas cámaras hace casi tres años para que votarán y eligieran a los 20 vocales, como es su obligación», informa la asociación en nota de prensa.

«El único argumento del Constitucional para no entrar en el fondo de ese incumplimiento es que AJFV presentó su recurso fuera de plazo, que según el TC era sólo de 3 meses desde que esa lista de candidatos llegó a las Cortes, lo cual ocurrió en septiembre de 2018, antes incluso de que expirara el mandato oficial del CGPJ. Es decir, que según el Constitucional, ya desde diciembre de ese año y apenas unas semanas después de que el Congreso y el Senado recibieran la lista de candidatos, ni siquiera los afectados pueden recurrir contra un incumplimiento que no sólo no ha acabado, sino que cada día se prolonga más. Por eso, AJFV confía en que el tribunal europeo con sede en Estrasburgo (Francia) desmontará esta respuesta del Constitucional que, por sí misma, supone una violación de derechos fundamentales de nuestra asociación y de nuestros asociados», consideran.

La mejor prueba de un CGPJ politizado

«Cuando emprendimos este camino, sabíamos que sería largo, pero vamos a llegar hasta el final porque tenemos argumentos y legitimidad de sobra para hacerlo», explica el portavoz nacional de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, quien añade que «esta dejación de funciones del Congreso y del Senado es la prueba irrefutable de que el sistema actual para elegir el CGPJ condena a este órgano a la politización del mismo que las propias instituciones europeas vienen denunciando desde hace tiempo».