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Seis meses hasta conseguir asilo: el procedimiento que seguirán los afganos llegados a España

Las Convención de Ginebra y la ley española garantizan protección a quienes vean amenazada su integridad, pero expertas en derecho migratorio advierten de la necesidad de garantizar la salida de la población mayoritaria en riesgo

Llega a Torrejón (Madrid) el séptimo avión con repatriados procedentes de Afganistán Jesús Hellín / EP

Los afganos que llegan a España huyendo de las represalias de los talibanes contra los colaboradores de las fuerzas de la OTAN y sus familias tardarán aproximadamente medio año en conseguir la condición de refugiados.

Es el tiempo que contempla la ley para tramitar el expediente administrativo de asilo que este lunes ya habían solicitado 354 de los 555 afganos que llegaron al centro de recepción europeo montado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y que se espera soliciten la mayoría de los evacuados del país tras la caída de la capital, Kabul.

Todas las personas con independencia de su nacionalidad están protegidas por la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo de Nueva York que establecen como motivos de protección tener un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado. Es la base legal internacional que ampara a los perseguidos por los insurgentes en Afganistán y que debería garantizar sus derechos fundamentales allá donde vayan huyendo de la violencia de los talibanes que ahora controlan su país y amenazan su integridad. En España, el procedimiento para la solicitud de asilo y la concesión de la condición de refugiado está recogido en la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subisidiaria de 2009.

«Una vez que estas personas llegan a España, la ley prevé que se reconozca el estatuto del refugiado no sólo a quienes sean perseguidos por los motivos de la Convención de Ginebra expuestos sino también que se de protección subsidiaria a quienes huyen de un conflicto que los sitúa en el marco de una persecución generalizada, como es el caso de Afganistán», explica a El Independiente Paloma Favieres, coordinadora del Área Jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El procedimiento al pisar suelo español

Precisamente CEAR es una de las entidades que colabora con el Gobierno en el operativo interministerial desplegado para dar cobertura a las familias que van llegando a Madrid. La Policía Nacional realiza una primera entrevista y después la oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio del Interior instruye el expediente de asilo. En el trámite, y con la ayuda de servicios jurídicos de las organizaciones implicadas, los afganos podrán -como prevé la ley para todos los solicitantes de asilo- ampliar sus alegaciones, aportar información sobre su país de origen, informes médicos, psicológicos o sociales si fuera necesario. Una vez Interior da por cerrada la instrucción del expediente administrativo lo eleva a una comisión que también componen los ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores e Inclusión y en el que está presente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con voz pero sin voto. Dicha comisión de ministerios es la que acuerda finalmente otorgar el estatuto del refugiado.

Sólo 32.000 personas de 1,4 millones que lo necesitaban en todo el mundo pudieron salir de sus países en 2020 en programas de reasentamiento

Distintos países europeos acogerán a los afganos que lleguen a España, que se convertirá en la base desde donde partirán al resto de destinos. El pasado fin de semana, los presidentes de España y Estados Unidos, Pedro Sánchez y Joe Biden, acordaron también que las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) sirvan de punto de evacuación temporal para los afganos colaboradores con los americanos. «Es importante que tengamos en cuenta que esto es una evacuación, que es diferente de un programa de reasentamiento en el que se traslada a refugiados que se encuentran en un país de asilo a otro porque están en una situación vulnerable. Una cosa es reasentar a refugiados, que lo hacen los países europeos aunque con números muy bajos (el año pasado sólo 32.000 personas de 1,4 millones que lo necesitaba pudieron salir en programas de este tipo en todo el mundo) y otra es una evacuación como la que se está llevando a cabo», aclara María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España.

«Damos la bienvenida a estos gestos, pero ACNUR no está participando en la selección de quiénes salen o no del país, sino que lo están haciendo los gobiernos correspondientes. Estamos pidiendo a los países vecinos, Pakistán e Irán, que dejen las fronteras abiertas para que se pueda salir del país porque hay muchísima gente en situación de riesgo que no puede hacerlo de ninguna manera. Se trata de población civil que incluye a mujeres, niñas o a quienes se percibe que han tenido una relación con el Gobierno afgano o con organizaciones internacionales. Ahora, miles de personas deambulan por zonas desérticas a más de 40 grados y en unos meses se vivirán temperaturas extremas de frío. Muy pocos han salido del país mientras que entre 120.000 y 130.000 personas se han desplazado en las últimas semanas en zonas rurales», incide Vega.

La situación en el país de Oriente Medio se ha vuelto tan extrema para los ‘sospechosos’ de colaborar con los ejércitos internacionales desplegados allí que cada vez les resulta más difícil escapar de los talibanes. Quienes pudieron hacerlo hace años o meses y vieron denegada la solicitud de asilo en países de la Unión Europea tienen una segunda oportunidad: «Podrían volver a solicitarlo porque son refugiados sur place o in situ puesto que no pueden volver a su país bajo ningún concepto. Dicha situación de protección está recogido en la legislación internacional y en la española», aclara Noemí Alarcón, presidenta del Comité de Migraciones del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE).

No podrán trabajar en los próximos seis meses

Quienes sí han conseguido llegar a España no tendrán autorización para trabajar hasta que transcurran seis meses. Mientras tanto, la ley prevé un sistema de acogida y una serie de prestaciones sociales específicas para solicitantes de asilo del que se hace cargo el Ministerio de Inclusión.

Tendrán acceso a una vivienda y asistencia jurídica, psicológica, social y de aprendizaje del idioma

Los afganos exiliados podrán vivir en centros estatales situados en Valencia, Sevilla y Madrid o en los pisos y casas de acogida de distintas entidades sociales, además de asistencia jurídica, psicológica, social y de aprendizaje del español. «El objetivo es darles la preparación para salir al mercado laboral y lograr su máxima autonomía e inclusión social. Una vez que son reconocidos como refugiados, el sistema pretende que se encuentren en igualdad de condiciones con quienes tenemos la nacionalidad o la residencia», explica Paloma Fevieres.

En cuanto a sus obligaciones, deben comunicar al Ministerio del Interior cualquier cambio de domicilio y aportar toda la información que se precise para la tramitación de su expediente, además de respetar las normas de convivencia que implican entrar a vivir en un programa de acogida, cumpliendo las normas de los centros. En todo caso, como aclaran las expertas consultadas, no todos los solicitantes de asilo entran en estos programas puesto que se trata de un derecho, no de una obligación, y algunos pueden recurrir a una red familiar o de amistades que les permita vivir en otro lugar, si la tienen.

Corredores humanitarios

Actualmente en España hay más de 90.000 expedientes de asilo en fase de instrucción, sin resolver. Según los últimos datos del Ministerio del Interior que recogen las solicitudes de asilo entre enero y julio de 2021 por nacionalidad, Venezuela fue la primera (5.358 peticiones) seguido de Colombia (4.877), Marruecos (3.410) Mali (3.056) y Senegal (2.211).

Las expertas consultadas coinciden en que la mayor dificultad para solicitar asilo en nuestro país no es el sistema, que es garantista, sino la salida de los países de origen. Por eso reclaman corredores humanitarios que garanticen que la población en riesgo puede abandonar Afganistán u otros países.

«Lo que hacen falta son más vías legales y seguras para que la gente pueda acceder al procedimiento sin colgarse de un avión o morir en un cayuco en el Atlántico o el Mediterráneo», reflexiona Fevieres. «Llevamos años reclamando corredores humanitarios para otras situaciones, como la vivida recientemente en Grecia. Es una buena noticia para nuestra política de protección y asilo y da un buen ejemplo al resto de Europa porque llevamos años solicitando que la gente pueda llegar y solicitar asilo con mayor facilidad cuando escapan de situaciones de tanto riesgo, aunque nos gustaría que se repitiera esta política con otros países», reivindica Noemí Alarcón.

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