Los denunciantes de la repatriación de menores: "La Fiscalía debe ir delante de nosotros, no detrás"

Las asociaciones que han conseguido que la Justicia paralice la repatriación de nueve menores a Marruecos porque el procedimiento del Gobierno para hacerlo incumplió la Ley de Extranjería y no respetó sus derechos echan en falta que la Fiscalía actuara de oficio desde el principio para impedirlo.

Fuentes de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la asociación que pidió paralizar la repatriación como medida cautelar junto con la Fundación Raíces por vulnerarse los derechos de los menores que no querían salir de España trasladan a El Independiente que han echado en falta que el Ministerio Público llevase la delantera en la denuncia, puesto que es a quien corresponde proteger a los jóvenes y defender sus intereses.

"Echamos de menos que la Fiscalía no haya sido más proactiva en la defensa de los niños. No pueden dejar esa responsabilidad en manos de entidades privadas porque, ¿para qué tenemos una Fiscalía si van detrás de nosotros cuando es la principal responsable de estos niños y debería ir delante?", reflexionan fuentes de la Coordinadora de Barrios.

El Ministerio Fiscal se unió a su petición

El domingo, 15 de agosto, las dos asociaciones mencionadas solicitaron en los juzgados de Ceuta como medida cautelar urgente impedir que la Administración (en concreto a la Delegación del Gobierno en Ceuta) continuara con su decisión de expulsar a Marruecos a ocho menores llegados a España en la entrada masiva de inmigrantes del 16 de mayo puesto que el Ministerio de Interior así lo había indicado, sin cumplir con ninguno de los trámites previstos en las leyes, entre ellos escuchar al Ministerio Público.

Dicha solicitud fue rechazada por la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta por pérdida de objeto puesto que la repatriación se efectuó pocos minutos después de presentarse la solicitud. Pero, unas horas después, las mismas asociaciones pidieron la misma medida cautelar urgente para evitar la repatriación de otros 12 menores que tampoco habían solicitado volver a Marruecos. El lunes 16, la jueza autorizó suspender la repatriación como medida cautelar urgente por ver que no se había respetado la tutela judicial efectiva en el procedimiento y se estaban vulnerando derechos aunque lo acordó para nueve de los 12 menores puesto que los otros tres ya se encontraban en Marruecos.

En los dos casos, la Fiscalía presentó un informe en contra de la repatriación, acusando al Ministerio del Interior de incumplir la ley con las indicaciones que dio a la Delegación del Gobierno en Ceuta a través de una comunicación de la secretaría de Estado de Seguridad "sin firma".

Para la Coordinadora de Barrios, el Ministerio Público debió pedir la paralización de todas las repatriaciones de menores que no cumplieran con los trámites legales en cuanto conoció las intenciones del Gobierno

Para la Coordinadora de Barrios, el Ministerio Público debió pedir la paralización de todas las repatriaciones de menores que no cumplieran con los trámites previstos en cuanto conoció las intenciones del Gobierno y la citada comunicación de Interior en lugar de esperar a sumarse a su petición.

Recuerdan que las organizaciones que velan por la defensa de los derechos de los menores y les ayudan en los ámbitos social y jurídico son pequeñas y "no nos financiamos con fondos públicos. No pueden confiar las fuerzas en entidades que son muy pequeñas. Como ciudadanía debemos pedir a la Fiscalía que haga lo que tiene legalmente encomendado", recalcan.

Pidió información a Interior

Interior dio el 10 de agosto la instrucción de devolver a los menores basándose en un acuerdo firmado entre España y Marruecos en 2007 que, según destacó la jueza ceutí en su auto, no está por encima de la Ley de Extranjería, de la Protección del Menor ni de la Convención Derechos del Niño de Naciones Unidas. El Ministerio informó a la Fiscalía dos días después de emitir dicho comunicado.

Las ONG comenzaron a alertar de que no se respetaba la legalidad puesto que no se habían tramitado expedientes individuales ni se había recibido el aval del Ministerio Público para expulsar a los jóvenes y el 14 de agosto la Fiscalía pidió a Interior que aclarase si se habían seguido o no los trámites previstos en la ley. Lo hizo, según publicó Eldiario.es, por medio de un oficio del fiscal de Sala de Menores Eduardo Esteban. Sin embargo, en ese momento no pidió que se paralizaran las expulsiones, sino que se unió posteriormente a la petición de Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces ante los Juzgados de Ceuta. La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, interesó por su parte que se desestimara la petición de las asociaciones y el ministerio fiscal y se les devolviera a Marruecos.

Un varapalo para Marlaska

Este martes, la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta María Francisca Lorite ratificó la decisión de impedir la expulsión. En su auto vio claro que en el procedimiento instado por Interior "no consta que se haya cumplido con ninguno los preceptivos trámites. No se ha aportado información alguna de los menores afectados que permitan conocer los datos que han determinado su repatriación; no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores; ni a la Ciudad Autónoma pese a asumir ésta la guarda de los menores; ni al Ministerio Fiscal, sin que en modo alguno pueda entenderse que se cumple con los trámites exigidos (...)", se podía leer en la resolución.

Un varapalo judicial para el ministerio de Fernando Grande Marlaska tras el que el presidente del Gobierno citó este miércoles al presidente de Ceuta Juan José Vivas para abordar la crisis migratoria en la Ciudad Autónoma y, en concreto, la devolución de los menores que llegaron a España en mayo. Pedro Sánchez se reafirmó en que se les enviará a Marruecos "en el menor tiempo posible" aunque se comprometió a "activar todos los recursos del Estado" para que se haga "conforme a la ley", no como se ha intentado hacer desde Interior este agosto. Tras el encuentro, Vivas compareció y explicó que el Gobierno se ha comprometido a que "en las devoluciones se tendrá siempre en cuenta el interés del menor".