El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, no ha seguido los pasos de su predecesora en el cargo (Carmen Calvo) y ha rehusado utilizar la residencia oficial que el Estado pone a su disposición por la responsabilidad que desempeña. No todos los nuevos ministros que ha incorporado Pedro Sánchez a su gabinete tras la última crisis de gobierno han rechazado esta posibilidad.

En respuesta a una solicitud de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, la Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha confirmado que el titular del ministerio «no va a hacer uso» de la vivienda oficial en la que podría residir mientras ocupa el cargo. Nacido en Madrid, Bolaños declara tener bienes inmuebles con un valor catastral de 146.802,96 euros.

El ministro de Presidencia se desmarca de esta forma de Carmen Calvo, que durante su etapa como vicepresidenta primera y titular de dicho departamento vivió en una residencia oficial. Como informó el pasado año el diario La Política Online con datos obtenidos al amparo de la Ley de transparencia, Calvo era uno de los 12 integrantes del Gobierno de coalición que vivían en inmuebles que son de titularidad del Estado (diez del PSOE y dos de Unidas Podemos).

Respuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

La ex vicepresidenta primera optó por residir en una vivienda oficial pese a tener un piso en propiedad en Madrid desde 2014, como se detalla en la declaración de bienes y rentas que figura en su ficha de diputada. Esa información está disponible en la web del Congreso, cámara legislativa en la que mantiene acta tras su salida del Ejecutivo.

También ha renunciado a vivir en una residencia estatal Pilar Llop, ex presidenta del Senado y hoy al frente del Ministerio de Justicia. Juan Carlos Campo, su inmediato antecesor en el puesto, era uno de los ocho ministros socialistas que vivían en inmuebles particulares. Completaban dicha lista Margarita Robles (Defensa), Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo), Teresa Ribera (Transición Ecológica y el Reto Demográfico), José Luis Escrivá (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), Pedro Duque (Ciencia e Innovación) y José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura y Deporte), los dos últimos ya fuera del Ejecutivo.

Pilar Llop, como su antecesor en Justicia (Juan Carlos Campo), también opta por vivir en su vivienda particular

Cuando el Ministerio de Política Territorial dio respuesta a la misma solicitud de acceso a la información pública a principios de agosto, este departamento -con menos peso que antes de la última crisis de gobierno al perder las competencias en materia de Función Pública, asignadas ahora a Hacienda- informó de que Isabel Rodríguez no residía en dicha fecha en dependencias oficiales. Rodríguez compagina el cargo con su condición de portavoz del Ejecutivo tras sustituir a María Jesús Montero.

Frente a la decisión de Bolaños, Llop y Rodríguez, al menos otros tres nuevos ministros sí han optado por residir en viviendas que son propiedad del Estado. Es el caso de Diana Morant, sucesora de Pedro Duque en el Ministerio de Ciencia e Innovación y alcaldesa de Gandía (Valencia) hasta su incorporación al gabinete de Pedro Sánchez.

También ha admitido hacer uso de un inmueble de dominio público la socialista catalana Raquel Sánchez, al frente de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tras la salida de José Luis Ábalos. En el caso de José Manuel Albares, jefe de la diplomacia española, el departamento ha contestado que la vivienda está a disposición del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para el «uso que requiera hacer de ella en función de las necesidades de su cargo».

En el caso de Pilar Alegría, el Ministerio de Educación y Formación Profesional no ha ofrecido contestación alguna a pesar de haber transcurrido más de un mes desde que comunicó el comienzo de la tramitación de la solicitud. Ha excedido, por tanto, el margen temporal que prevé la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sin haber ofrecido respuesta.