Sentencia del procés

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Jordi Sánchez señala a Llarena en su recurso por vulneración de derechos ante el TEDH

Jordi Sánchez, en el Supremo.

Jordi Sánchez, en el Supremo. EFE

Jordi Sánchez ha formalizado este martes su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la condena impuesta por el Tribunal Supremo por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O. Un recurso que el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y actual número dos de JxCat ha hecho coincidir con el cuarto aniversario de la manifestación frente al Departamento de Economía que motivó su detención junto a Jordi Cuixart y que ha presentado como una denuncia contra la Justicia española, personalizada en el instructor del juicio al procés, el juez Pablo Llarena.

En su recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, Sánchez denuncia la vulneración de su derecho a un juicio imparcial y señala especialmente la instrucción de Llarena. «El juez instructor habla en primera persona como víctima de nuestras acciones» ha recordado el líder de JxCat para argumentar esa supuesta vulneración del derecho a un juicio imparcial.

Falta de imparcialidad que imputa también al magistrado Francisco Monterde, de la sala de recursos del Supremo, por su condición de vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Esta entidad, señala el dirigente independentista, «se alegró de mi entrada en prisión e hizo comunicados comparando mi actuación con golpe estado». Unas acusaciones hacia Llarena y Monterde que también recoge el recurso del ex conseller y vicepresidente de JxCat Jordi Turull, representado por el mismo letrado, Jordi Pina.

Correctivo a España

Jordi Sánchez ha asegurado en la presentación del recurso que no espera «una restitución, porque cuatro años en prisión no se recuperan» sino «que España reciba un correctivo inequívoco por parte de la máxima instancia europea en justicia y derechos humanos». Por ello, demanda a España por la vulneración de los derechos a la libertad de expresión y reunión y por la limitación de derechos básicos, además de cuestionar la imparcialidad de la Justicia española.

Confía para conseguirlo en el efecto que tengan sobre el Tribunal de Estrasburgo los dos votos particulares emitidos por los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. Ambos consideraron que Sánchez y Jordi Cuixart no buscaron «propiciar un levantamiento social que posibilitara la declaración de independencia de Cataluña, sino presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular en ese sentido».

La demanda de Sánchez ante el Tribunal de Estrasburgo señala que Xiol y Balaguer «consideraban que se vulneró su derecho a la legalidad penal en relación a sus derechos a la libertad personal, ideológica y de reunión, al haberle sido impuesta una pena desproporcionada que disuadía el ejercicio de derechos fundamentales».

Unos votos particulares que ya han recogido los recursos de Cuixart y Turull, presentados ante el Tribunal de Estrasburgo el pasado junio, antes incluso de haber sido indultados por el Gobierno.

Trampa de la Guardia Civil

En el cuarto aniversario de la manifestación convocada para impedir los registros judiciales en dependencias de la Generalitat, Sánchez volvió a defender la protesta y acusó a la Guardia Civil de haber urdido una «trampa» para que la concentración acabara en incidentes violentos. El motivo: las armas dejadas por agentes de la benemérita en el vehículo aparcado frente a la Consejería de Economía ese 20 de septiembre.

«Hay preguntas que todavía deben ser respondidas» advirtió Sánchez, aunque esta cuestión no tiene ningún papel en el proceso que se seguirá en Estrasburgo. «¿Qué hacían armas sin vigilancia en un vehículo de la Guardia Civil?» insiste Sánchez, para concluir que «ese día algunos prepararon una trampa para provocar altercados violentos que hicieran descarrilar el procés«.

Sin embargo, añadió el ex presidente de la ANC, «el civismo de los manifestantes y el trabajo de los voluntarios de la Asamblea hizo fallar el plan de estos poderes oscuros». Para Sánchez, la concentración que obligó a la comitiva judicial a abandonar el edificio por la azotea «fue un ejemplo de manifestación cívica» en protesta «contra la decisión injustificada del juez» instructor del 13 de Barcelona, el responsable de la primera causa abierta contra la organización del 1-O.

«Aquella movilización fue el empuje definitivo para éxito del 1-0» cree Jordi Sánchez, que se declara «orgulloso de haberla convocado» pese a que supuso el punto de inflexión en la causa contra él y Cuixart, que les llevaría quince días después a prisión.

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