"Los grupos neonazis se exhiben porque ha habido carta blanca. Hubo un tiempo en que ser señalado podría significar repulsa social, pero en este momento todo se permite. Hay barra libre, todo vale aunque sea constitutivo de delito". Quien opina así es Sergio Gracia Montes, director del Centro de Investigación de la Extrema Derecha (Cinved) e investigador de este fenómeno desde hace más de siete años. En su opinión, se está siendo "demasiado laxo" a la hora de aplicar la ley ante posibles delitos de odio.

Los hechos ocurridos el pasado sábado en la manifestación que arrancó en la madrileña Plaza de Chueca han vuelto a poner el foco sobre la existencia de grupos neonazis operativos en el país, algunos claramente visibles en la protesta convocada por asociaciones vecinales contra las agendas 2030 y 2050 y en la que se profirieron proclamas como 'Fuera sidosos de Madrid' y 'Fuera maricas de nuestros barrios'. La Fiscalía ha abierto diligencias para determinar si los hechos son constitutivos de un posible delito de odio.

Once días antes, Sergio Gracia comenzó a advertir en redes sociales de que detrás de la manifestación convocada en Chueca para el 18 de septiembre se ocultaban grupos ultraderechistas. A ese convencimiento había llegado tras comprobar qué organizaciones que, desde finales de agosto, estaban mostrando públicamente su adhesión a la convocatoria. "Nada es casual", tuiteó el 7 de septiembre.

El director del Cinved estudia el fenómeno desde hace años. En abril elaboró un mapa virtual en el que monitoriza las diversas organizaciones que bajo el ideario ultraderechista operan actualmente en el país, cuantificando al menos 40 movimientos sociales y 15 partidos políticos. "Aunque comparten ideología, luego tienen matices entre ellos en función de si se identifican como neonazis, franquistas, falangistas... Abarca todo el espectro", explica a este diario.

Entre esos colectivos que respaldaban la protesta del pasado sábado se encontraba España 2000, un partido político registrado en 2002 y con representación en cinco ayuntamientos que se autodefine como "el auténtico patriotismo español". La formación se presenta como defensora de la unidad nacional frente al estado de las autonomías, está en contra de la inmigración "incontrolada e invasiva que merma los recursos y derechos de los naturales", exige la cadena perpetua para "asesinos y pederastas" y considera al Islam "incompatible con Europa".

Madrid Seguro

La marcha había sido convocada por Madrid Seguro, una federación integrada por cuatro asociaciones de vecinos: San Blas-Canillejas, Pinar de Chamartín y Hortaleza Carlomagno, Coslada & San Fernando de Henares y Villamantilla-Getafe N.R. Esta plataforma reivindica "la cultura e identidad de los pueblos de Europa a través de iniciativas que tienen como base" los barrios, están en contra de los centros de primera acogida y pisos tutelados por ser "un foco de inseguridad y desestabilización" y dice fomentar iniciativas sociales que ayuden a "nuestros compatriotas más desfavorecidos por la coyuntura actual". 

La Delegación del Gobierno en Madrid ha precisado este martes que la manifestación había sido comunicada "en tiempo y forma" por las asociaciones vecinales San Blas-Canillejas y Pinar de Chamartín y Hortaleza Carlomagno , a las que ha abierto un expediente de infracción administrativa por no corresponderse el objeto anunciado de la protesta -'Di no a las Agendas 20230-2050'- con el motivo real: "una manifestación de carácter homófobo".

La delegada del Gobierno en la comunidad, Mercedes González, ha informado también de que ha abierto expediente sancionador a seis de los asistentes a la marcha, identificados por la Policía Nacional por portar objetos peligrosos (un puño americano, cinco palos y seis bengalas). A éstos impondrá una multa de 800 euros a cada uno, la máxima sanción que prevé la Ley de seguridad ciudadana.

Investigadores creen que se está aplicando "con laxitud" la ley frente a los delitos de odio y demandan más "firmeza"

El presidente de la asociación de vecinos de San Blas-Canillejas, Rafael Ayala de Cantalicio, es un viejo conocido de la Policía Nacional. En marzo de 2002, la Brigada de Información de la Jefatura Superior en Madrid lo detuvo por ser el "principal ideólogo" del grupo de ideología neonazi denominado 'Juventudes Canillejas' (facción Hamer Skin) y el titular de la web de dicha organización.

Dos meses después, Ayala de Cantalicio volvió a ser arrestado junto con otros tres integrantes de la peña radical Ultras Sur por incidentes registrados en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, saldados con varios fotógrafos heridos. Dos años antes había sido detenido por su implicación en la revuelta vecinal contra ciudadanos rumanos en el distrito madrileño de San Blas, siendo acusado de un delito contra los derechos fundamentales y otro de lesiones. Y antes, en 1995, por la Policía Municipal de Madrid como autor de una agresión con arma blanca y lesiones.

La duda que se ha suscitado es si, conociendo que tras una de las asociaciones convocantes figuraba Ayala de Cantalicio, debió haberse prohibido. La Delegación del Gobierno en Madrid defiende que "no tenía en su mano ninguna posibilidad de prohibir" esta marcha. Esta opinión es rebatida por activistas de los derechos humanos. "Nunca debería haberse permitido. Constitucionalmente, el derecho de manifestación es preexistente, pero la Delegación del Gobierno debe hacer la indagación oportuna sobre el alcance y naturaleza de una marcha en un barrio con calles estrellas y que puede intimidar a los vecinos. Se podrían haber buscado otras opciones, como el Paseo de la Castellana o Colón", opina Esteban Ibarra, presidente de la ONG Movimiento contra la Intolerancia.

"Dinámica de polarización"

Ibarra considera que este último episodio sirve para constatar la existencia de "grupos neonazis y neofacistas", al tiempo que recuerda las proclamas antisemitas que se profirieron el pasado mes de febrero a raíz de un homenaje a la División Azul celebrado en las proximidades del cementerio de La Almudena. En opinión del líder de esta ONG, los promotores de estos movimientos "están muy satisfechos con la dinámica de polarización que existe en el país" actualmente.

Fuentes policiales consultadas por este diario llaman la atención sobre el hecho de que gran parte de actividades llevadas a cabo por colectivos de extrema derecha tienen que ver con iniciativas teóricamente solidarias, como la recogida de alimentos o la creación de centros sociales de atención a personas con problemas económicos. "[Se trata de] poder trasladar el mensaje de que los recursos solidarios de las administraciones deben centrarse en ciudadanos españoles, antes que volcarse en otros países o colectivos de inmigrantes", explican.

En este sentido, las fuentes recuerdan que durante la pandemia han aprovechado el incremento del paro para "fomentar campañas de cuestionamiento de las capacidades del Estado" respecto a la protección de los ciudadanos. "También hicieron lo mismo con la crisis migratoria vivida en las Islas Canarias, potenciando la difusión de incidentes protagonizados por ciudadanos subsaharianos en hoteles del archipiélago", destacan.

Mientras la sociedad no sufra crispaciones, estos grupos tendrán menos probabilidades de crecimiento"

ESTEBAN IBARRA (mOVIMIENTO contra la intolerancia)

Uno de los colectivos que más ha destacado en los últimos meses es la organización juvenil Bastión Frontal, que se autodefine como "movimiento nacionalista de vanguardia". A primeros de mes denunciaba en Twitter que habían llegado ya a Europa a través del Mediterráneo 65.984 inmigrantes ilegales. "¿Hablamos ya de sustitución racial o todavía no?", preguntaba.

En julio, tras la aprobación de la Ley de memoria democrática por el Consejo de Ministros y su envío al Parlamento para su tramitación, Bastión Frontal lanzaba un comunicado sobre la "profanación" de la sepultura de José Antonio Primo de Rivera -fundador de la Falange- que se producirá si dicha norma es aprobada y entra en vigor. "España está volviendo al clima que fusiló a José Antonio. No cometamos el error dos veces. No volvamos a ser nosotros los que pongamos encima de la mesa los 14 muertos. Por cada profanación suya, reventad sus sedes. Arrasad sus actos. Contramanifestaciones contra sus manifestaciones. Por cada cruz que derriben, por cada monumento que derriben para despojarnos de nuestra historia, destruid los suyos. Por cada golpe de su infame Ley de memoria histórica (sic), devolvédselo por diez", arengaba a sus correligionarios.

Campos de fútbol y "adoctrinamiento"

Esteban Ibarra considera que es "difícil de evaluar" los simpatizantes de los grupos ultraderechistas que operan en España, si bien aventura que pueden contar con unos "5.000" afines y éstos, a su vez, pueden ejercer influencia son otras personas "a través de los campos de fútbol". Según destaca, los fondos ultras de los estadios, internet y los conciertos son "escenarios de confluencia y adoctrinamiento".

A diferencia de otros países europeos, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia considera que el crecimiento en España es "muy limitado", al ser un país "plural, muy tolerante y respetuoso con los valores democráticos y los derechos humanos". "Mientras la sociedad española no sufra crispaciones, este tipo de grupos tendrá menos probabilidades de crecimiento. La clave no es realizar mensajes basados en el miedo y el alarmismo. Tiene que ser de firmeza, de aplicación rigurosa de la ley y de que no hay permisividad alguna", defiende.

En esta línea incide Sergio Gracia, que da por "seguro" que en los próximos meses se desarrollen manifestaciones en las que la ultraderecha volverá a tener protagonismo. "En Telegram, que yo monitorizo bastante, se anuncian ya fechas. En principio, son manifestaciones aparentemente en contra del Gobierno pero que pueden derivar en cualquier cosa", indica.