Una década no es nada, no para las heridas profundas. La que fracturó Euskadi durante medio siglo continúa sin sanar. Las deudas de dolor, sin saldar. Han transcurrido diez años y aún duele demasiado y da síntomas evidentes de supurar. Demasiado reciente. La violencia de ETA y todo lo que la acompañó sigue sobrevolando la sociedad vasca. Se percibe en actitudes, en discursos, en silencios y en indiferencias. Pero el dolor injusto que causó sigue presente y, en muchos casos, la reparación debida, la social y la de la justicia, pendiente.

En el tiempo transcurrido desde que el 20 de octubre de 2011 tres encapuchados blancos anunciaron el cese de la actividad armada de la banda, Euskadi ha cambiado. Lo ha hecho para bien. Ya no hay atentados, no hay amenazas mortales, ni coacciones, ni justificaciones imposibles ante el uso de la violencia. Pero el rastro sigue muy presente, el relato justo por escribir y la sanación social de una convivencia que asegure la no repetición aún está lejos de alcanzar.

El Gobierno vasco ha aprobado esta semana un plan con el que confía en contribuir a cicatrizar la herida. Lo ha bautizado como ‘Udaberria’, Primavera. Un intento por lograr un renacer social hacia el futuro pero cerrando de modo adecuado el pasado. Denominado como ‘Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad’, ha incorporado muchas de las reclamaciones de las víctimas del terrorismo. Se percibe en muchos de sus contenidos.

El preámbulo de la batería de medidas es el más claro. Plantea no mirar al futuro sin haber cerrado antes el pasado: “El pasado nos exige una reflexión crítica y ética, y muy especialmente al universo político de ETA”, señala con claridad. El documento, que servirá de guía en materia de convivencia en Euskadi para toda la legislatura, dirige al entorno de la izquierda abertzale una llamada para que aborde una “autocrítica ética, política y democrática” sin demora y reconozca sin ambages que “fue injusto, radicalmente injusto” lo ocurrido, lo que apoyó y aplaudió.

Deuda contraída

La directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, subraya que no se podrá avanzar hacia la convivencia en paz en Euskadi “haciendo un simple borrón y cuenta nueva”: “No basta con decir que se generó un daño, eso es una obviedad. Se debe reconocer el daño injusto causado y que truncó vidas, familias por el ejercicio injusto de la violencia. Todos podemos hacer reflexiones autocríticas y memoria pero quienes ejercieron la violencia, la jalearon, la propiciaron lo tendrán que hacer en mayor profundidad”.

Hernando asegura que en estos diez años transcurridos se han dado pasos importantes y se ha avanzado, pero que aún queda mucho por hacer. “Hay actitudes que se siguen viendo y que preocupan, pero estamos mucho mejor que hace 10 años. Estos procesos no se hacen de la noche a la mañana. Nos queda mucho por andar”, señala. Considera que quizá es un exceso hablar de que aún pervive un ‘manto de silencio’ en la sociedad que complica abordar el pasado violento; “yo no lo diría así, cada vez se habla más de todas estas cosas, aunque es cierto que quedan espacios amplios en los que trabajar, especialmente entre los jóvenes”. Para Hernando es natural hasta cierto punto esa resistencia, “todos nos sentimos más cómodos hablando de lo que ha sucedido más lejos, no en nuestra casa, en mi familia, en mi país. Decimos que se deben respetar los derechos humanos pero no miramos lo que ha pasado anteayer en nuestro entorno más cercano”.

El plan del Ejecutivo vasco sitúa a las víctimas del terrorismo en uno de sus ejes esenciales en el camino hacia la convivencia. El documento reconoce que “la deuda contraída” con ellas “está todavía lejos de ser saldada”. Por eso llama a trabajar el “reconocimiento social y moral” de las mismas. Lo hace como elemento necesario junto a la construcción de “una memoria crítica” de lo sucedido, el encuentro entre diferentes y la adecuación de la política penitenciaria en claves de reinserción.

El Plan plantea líneas de trabajo para reforzar el pluralismo político en la sociedad vasca y potenciar elementos que minimicen o eliminen “las dinámicas de confrontación identitarias”. Para los próximos cuatro años se fija la necesidad de trabajar en el reconocimiento institucional, legal, social y moral de las víctimas de ETA y de las víctimas de la violencia de extrema derecha o del terrorismo de Estado: “sin equiparaciones, sin compensaciones, sin exclusiones. Todas las víctimas merecen verdad, memoria, reconocimiento, reparación y Justicia”.

'Cuadernos de memoria'

Entre las acciones ya en marcha destaca la elaboración de informes sobre los atentados sin resolver. El Ejecutivo de Urkullu trabaja en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en los ‘Cuadernos de Memoria y Reconocimiento’. Por el momento se han puesto en marcha medio centenar de casos, correspondientes a los primeros años de violencia terrorista. Se trata de víctimas cuyos casos no han sido resueltos ni nadie ha pagado por ellos. La medida se concibe como la compensación del derecho a la verdad que les asiste. En los citados documentos se recopila no sólo la historia personal y familiar de la víctima, las circunstancias en las que fue asesinada, sino también el estado del proceso judicial que se abrió para esclarecer el crimen. “Son víctimas que no han tenido una verdad judicial. Los autores o fueron amnistiados o no se conoce la autoría, no se ha podido probar su caso. Es un reconocimiento hacia ellas”.

Junto a ello, se seguirá trabajando en los informes sobre la injusticia padecida durante años de distintos colectivos. Hasta el momento se han elaborado informes sobre el modo que padecieron la violencia terrorista los concejales de ayuntamientos, los ertzainas o los empresarios. En unos meses se publicará el informe dedicado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como en los anteriores, en ellos se incluirá una valoración cuantitativa del impacto que tuvo sobre este colectivo la violencia en Euskadi y se recogerán testimonios que muestran de modo cualitativo la vivencia que padecieron policías y guardias civiles destinados en Euskadi. El próximo informe que se anuncia para el año 2022 es el dedicado al colectivo de los funcionarios de prisiones en el País Vasco.   

Muchas de las acciones proyectadas tienen como prioridad a las nuevas generaciones. Los jóvenes aparecen como los destinatarios de muchos de los mensajes dirigidos a mejorar la convivencia en el País Vasco. Así, se reforzar las acciones en las aulas con la implantación de programas, ahora en fases iniciales, como ‘Heren Egun’ o ‘Adi Adian’, de testimonios de víctimas en las aulas. Un tercer programa, ‘Uztartu’, trabajará de modo piloto la prevención de actitudes de radicalización violenta entre los jóvenes.