El Parlamento Catalán ha aprobado este jueves un presupuesto para 2022 de 65,6 millones de euros. Unas cuentas que suponen un incremento del 4% respecto al ejercicio anterior, y que llegan con polémica por la partida de los sueldos de los diputados, que por primera vez integran en el sueldo las indemnizaciones que hasta ahora recibían por unos traslados en muchos casos inexistentes. De hecho, la partida de sueldos del personal es la que más crece, con 41,3 millones de euros.

Un crecimiento que la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés ha explicado por «la nueva estructura de portavoces y la composición de la cámara, con ocho grupos parlamentarios» y por la reforma del reglamento aprobada en la anterior legislatura que obliga a reducir las dietas de los diputados, incorporándolas a los sueldos con una fórmula que, ha reconocido «aún no es un acuerdo cerrado».

La disyuntiva está en quién debe asumir los costes fiscales de ese aumento de sueldo, calculado en 1,1 millones de euros. Los grandes partidos, PSC, ERC, Junts, PP y Cs, defienden que sea la cámara la que asuma la tributación por ese aumento de sueldo a cambio de eliminar dietas, para que los diputados no pierdan retribución neta. Pero la CUP y comunes están en contra de esa medida.

Vox cuestiona los 12 millones para los grupos

Desde Vox advierten que su oposición a las cuentas de la cámara se debe a que se trata de unas cuentas expansivas -pasan de 61 a 65 millones de euros-. Las rechazan también porque se trata a su juicio de un presupuesto «con ideología de género, agenda progre y falsas brechas salariales».

Los verdes cuestionan además tanto el aumento de sueldo de los diputados como la partida de 12 millones de euros para los grupos parlamentarios. El partido que lidera Ignacio Garriga también rechaza el presupuesto de 7 millones de euros para la Sindicatura de Greuges -defensor del pueblo catalán- que preside el cuestionado Rafael Ribó.

Entre 16.000 y 23.000 euros en dietas

La incorporación de las dietas al sueldo se acordó precisamente para que esa parte de la retribución de los diputados también tributara a Hacienda. Hasta ahora las dietas por traslados oscilaban entre los 16.975 y los 23.895 euros anuales libres de impuestos que complementaban un sueldo base de 2.921,8 euros mensuales. El debate está en ver quién lo paga.

Paralelamente, la Cámara ha acordado seguir adelante con la tramitación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat, creado para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros, que el Tribunal de Cuentas pide a ex altos cargos de la Generalitat. Pendientes de que se resuelva si el Tribunal de Cuentas acepta o no este aval, el Parlament ha rechazado la enmienda a la totalidad del proyecto presentada por Cs.

Los naranjas se han quedado solos en contra de la enmienda a la totalidad que han rechazado PSC, ERC, Junts, Vox, la CUP y los comuns, mientras el PP se abstenía.

Aprobado el Fondo para el Tribunal de Cuentas

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha recordado que este proyecto llega después de que el Parlament convalidara a finales de julio tramitar como proyecto de ley la creación del fondo complementario de riesgos de la Generalitat, y todo ello tras un dictamen «favorable» del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que habían solicitado PSC-Units, Cs y PP.

Según Giró, el decreto es «una respuesta jurídica y política para restablecer la presunción de inocencia del conjunto de cargos y servidores públicos de la Generalitat» y, a su juicio, permitirá actuar con libertad para poder hacer acción política sin miedo, ha dicho.

Desde Cs, Nacho Martín Blanco ha defendido que con el texto alternativo que han presentado pretende evitar «la impunidad y el rescate de las personas que han cometido delitos graves o contra los que están procesados por delitos dolosos».

Desde la bancada de los comuns, Joan Carles Gallego ha iniciado su intervención dejando claro que votarían en contra del texto de Cs porque consideran que «presiona a la baja la libertad de acción de los servidores públicos». Gallego ha reclamado que la tramitación parlamentaria sirva para aclarar dudas, sobre todo en el motivo por el que las compañías de seguro renunciaron desde 2017 a cubrir todos los riesgos que les corresponde a los servidores públicos, entre otras cuestiones.