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La Fiscalía prepara un relato demoledor contra el emérito pero archivará su investigación

El decreto de archivo de la fiscal general del Estado que se espera para antes de fin de año recogerá el "minucioso trabajo" desarrollado por el equipo, "qué diligencias se han solicitado y cómo se han practicado", trasladaron fuentes fiscales

Felipe VI y Juan Carlos I en una imagen de archivo EFE

La Fiscalía ultima un «minucioso» recorrido por la investigación que ha llevado a cabo sobre los gastos millonarios disfrutados por Juan Carlos I y no declarados a Hacienda después de su abdicación que no dejará al rey emérito precisamente en buen lugar.

Un relato que constará, según trasladaron fuentes fiscales a El Independiente, en el decreto de archivo de dicha investigación que firmará la fiscal general Dolores Delgado. En éste, que se espera se publique antes de que acabe el año, se expondrán como motivos para no pedir una prórroga de la investigación contra el rey emérito que arrancó en 2020 y para descartar la presentación de una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra él que la inviolabilidad protege al exjefe de Estado español, que faltan indicios sólidos de delitos de cohecho y que los delitos fiscales en los que podría haber incurrido tras dejar la corona en manos de su hijo Felipe VI habrían prescrito.

Regularizaciones y el inexistente ‘enriquecimiento ilícito’

El final de la investigación sin querella lleva tiempo viéndose venir por distintas razones. Las diligencias de la Fiscalía tienen tres líneas de investigación: la primera, por si el rey emérito pudo cobrar una comisión millonaria del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd por mediar en la adjudicación de un contrato de ampliación del AVE a la Meca a empresas españolas; la segunda, por si utilizó a su ayudante de campo el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga para recibir fondos del empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause con los que pagar gastos suyos y de otros miembros de la familia real superiores a 120.000 euros anuales y no declararlos a Hacienda y, la tercera, a raíz de un aviso de Sepblac sobre una fortuna en el extranjero (isla de Jersey) de la que podía haber sido beneficiario y no haber declarado tampoco.

En relación con la primera línea de investigación, la del AVE a la Meca -que surgió a raíz de una conversación entre la examante de Juan Carlos I Corinna Larsen y el comisario José Manuel Villarejo que éste grabó y fue publicada años después- el Ministerio Público asumió hace tiempo que no podía investigar al emérito por estos hechos. Por un lado, tuvieron lugar cuando éste era rey y por lo tanto la inviolabilidad le protegía ante delitos fiscales. Por otro, porque el rey saudí le entregó «como un regalo» 65 millones de euros que después traspasó a una cuenta de Larsen en Bahamas y, en este sentido, sería muy difícil demostrar el origen ilícito de la entrega del dinero para sostener el delito de blanqueo.

Sin embargo, la Fiscalía ha mantenido abierta esa línea de investigación que nació prácticamente muerta a la espera de poder cerrarla con las otras dos, que también se vieron abocadas al archivo una vez que la defensa del rey emérito pagó más de cinco millones de euros a la Administración (presentó dos regularizaciones fiscales) antes de que Hacienda le abriera dos investigaciones por delito fiscal. Unas declaraciones que pudieron ser posibles porque el Ministerio Público notificó al abogado del emérito que «se han revelado indicios» contra él indicando el número de sus diligencias pero sin dar más datos precisos, según publicó El Español. Eso permitió a su abogado, el exfiscal Javier Sánchez-Junco, adelantarse y pagar, puesto que tal comunicación no puede considerarse la ratificación de que hay una investigación abierta que habría impedido la regularización fiscal.

Desde que se abrieron las diligencias contra el rey emérito la Fiscalía ha venido utilizando también como un mantra el argumento de que si en el Código Penal español existiera el delito de «enriquecimiento ilícito» sería mucho más fácil encarrilar la investigación y presentar una querella contra él. Una manera de avanzar cuál será el final de sus diligencias: evidenciar que el exjefe de Estado español recibió dinero de manera irregular que nunca declaró a Hacienda pero que no se le puede investigar por tales hechos. Y si esas tres líneas de investigación mueren, tampoco será posible investigar a quienes le proporcionaron tales regalos en metálico o viajes.

Testificales y comisiones rogatorias

El decreto con el que el Ministerio Público pondrá fin a sus tres líneas de investigación pondrá negro sobre blanco en la actuación del padre de Felipe VI. «Recogerá cómo lo hemos hecho, qué diligencias se han solicitado y cómo se han practicado. Se verá que no ha habido ninguna demora ni dilación por parte de la Fiscalía», explicaron la semana pasada fuentes fiscales a este diario.

Durante este tiempo, el equipo de fiscales comandado por el teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, al que se unió el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, ha remitido comisiones rogatorias a distintos países. En Suiza, el fiscal Yvess Bertossa investiga por blanqueo a Corinna Larsen y los ingenieros fiscales que estuvieron tras la creación de las fundaciones Lucum y Zagatka, constituidas por Álvaro de Orleans, primo de Juan Carlos I, y de las que éste último fue beneficiario. A la primera de ellas fue a parar la donación de 65 millones de euros del rey saudí. Con los fondos de la segunda se pagaron viajes del emérito por valor de 8 millones de euros. Una de las regularizaciones presentadas a Hacienda sirvió para anular una investigación por estos últimos gastos. El emérito pudo pagar en tiempo récord porque un grupo de amigos íntimos le prestó el dinero.

La información solicitada a Suiza y remitida por los investigadores de aquél país, así como el contenido de las declaraciones ante los fiscales de Álvaro de Orleans -que niega ser un testaferro de su primo lejano- serán clarificadoras sobre las actividades económicas de Juan Carlos I, si es que finalmente se introducen con detalle en el decreto de archivo de Dolores Delgado, como aseguran desde el Ministerio Público.

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